Renfe da marcha atrás y descarta las cámaras en las cabinas de los trenes anunciadas tras Angrois

Alega que pueden suponer una vulneración del derecho a la intimidad, aunque la oposición de los maquinistas fue clave


redacción / la voz

Hay accidentes como el ocurrido en O Porriño hace cuatro años -se cumplieron el pasado 9 de septiembre- en los que la muerte del maquinista impide conocer realmente qué pasó. Y de hecho, las dudas sobre este descarrilamiento, que provocó 4 muertos y 47 heridos, continúan después de que se hiciera público el informe oficial de la investigación.

La idea de poner cámaras en las cabinas de los trenes para grabar todo lo que sucede durante los viajes comerciales, surgió de la batería de medidas impulsadas en su momento por el Gobierno de Rajoy tras el accidente de Angrois, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Muchas de aquellas medidas están ya implementadas, aunque algunas de ellas -como el control por satélite de los trenes- eran de una eficacia dudosa.

La idea era ir dotando a todos los trenes de sistemas de grabación de audio y vídeo, con el objetivo de que pudieran tener un registrador jurídico que, en caso de accidente, sirviera para analizar con más datos las causas. Sin ir más lejos, en el Alvia accidentado en Santiago la conocida como caja negra fue clave para conocer que fue una conversación telefónica entre el maquinista y el interventor lo que desubicó al conductor poco antes de la curva de Angrois. La presencia de las cámaras, alegaban los expertos en seguridad, podría tener un efecto disuasorio para evitar ciertas conductas que podrían suponer un riesgo para la atención y conjurar algunos lapsus típicos del factor humano durante la conducción. Los maquinistas, a través de los sindicatos, mostraron su rechazo frontal a la medida, especialmente cuando la operadora pública empezó a instalar las carcasas en algunos trenes y, en uno de ellos, la primera cámara en funcionamiento como experiencia piloto. El experimento pronto circuló por los teléfonos móviles de todos los maquinistas, indignados porque volvía a cargarse el peso de la sospecha sobre ellos.

En una comunicación a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que recomendaba estudiar la viabilidad de esta medida a raíz de un accidente, la compañía explicó que Renfe Viajeros «decidió no instalar el sistema de grabación de vídeo ante una posible vulneración del derecho a la intimidad de las personas, según la Ley de Protección de Datos».

Además, aportaban un dictamen de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, contraria a que el operador ferroviario de Polonia (NSA) instalara cámaras en las cabinas de sus trenes, «al considerar inapropiada la medida por suponer una barrera a la interoperabilidad». Es decir, Bruselas no quiere iniciativas unilaterales que supongan un freno a su plan para homogeneizar la circulación de trenes por todos los países de la Unión. En España, el sindicato de maquinistas (Semaf) mostró su rechazo a esta iniciativa, pero sí que estaría de acuerdo con la grabación en vídeo de todo lo que sucede en la infraestructura, de cara a la investigación de determinados accidentes.

A pesar de que Renfe había contratado parte de este equipamiento, solo se ha centrado en la instalación de los dispositivos para la grabación de audio, un proceso que sufrió un serio retraso al entrar en concurso de acreedores la empresa a la que se le había adjudicado el contrato.

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