La Xunta exige al Gobierno restablecer los trenes que Renfe se niega a reactivar
GALICIA
Pide al Ministerio de Transportes que aclare si la operadora ingresa subvenciones por servicios que no está prestando
11 sep 2020 . Actualizado a las 08:19 h.La lentísima vuelta a la normalidad de Renfe, con prácticamente todas las conexiones a medio gas, centró ayer parte de la Conferencia Nacional de Transportes, presidida por el ministro, José Luis Ábalos, y que reunió a los consejeros del ramo de las autonomías. En el encuentro del órgano de coordinación, comunidades como Galicia, Aragón, Andalucía, Extremadura o Castilla y León incidieron en que la negativa de la dirección de la operadora pública a restablecer los servicios ferroviarios anteriores a la pandemia -o al menos buena parte de ellos- está provocando efectos negativos en los derechos de movilidad de los usuarios, así como en la economía de estos territorios.
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, explicó que la justificación de la baja demanda por parte de Renfe «no puede ser aceptada desde Galicia», al tiempo que reclamó transparencia en las obligaciones de servicio público. En concreto, el Gobierno gallego quiere saber si la operadora está ingresando subvenciones por servicios que no está prestando. En el 2018, el entonces Ministerio de Fomento suscribió un contrato con Renfe por el que compensaba a la compañía hasta el 2027 con 9.693 millones de euros para que presten servicios que en gran medida generan pérdidas, pero que son cruciales para la vertebración territorial y social del país. Este dinero público también servirá para la adquisición de nuevo material rodante.
Estos servicios son principalmente los de media distancia -que son los que más afectan a Galicia- y los de cercanías. «Se estima necesario un ejercicio de transparencia en estas obligaciones de servicio público que aplica Renfe y que sirven para fijar las tarifas de los billetes y la frecuencias de los servicios», explica la consellería en el escrito remitido al ministerio tras la reunión, en el que se detalla la posición del Ejecutivo gallego durante la conferencia.
Estos ingresos por servicios públicos estarían sujetos a unos controles de calidad para comprobar que se cumplen los objetivos. «Lo normal sería que no se cobren si no se prestan», explican desde los sindicatos, que en distintas reuniones reclamaron a la empresa que, al menos, reponga progresivamente los trayectos de servicio público. Fuentes de la sección ferroviaria de Comisiones Obreras comentaron que la empresa les explicó que las aportaciones económicas del ministerio «son proporcionales» a los servicios que se prestan de forma efectiva.
El próximo día 21 hay una reunión de la dirección de la empresa con los representantes sindicales para analizar la situación actual de la oferta y la demanda, por lo que es posible que Renfe se avenga a mover ficha y aumentar los servicios, ante el clamor de distintas administraciones y de sus propios trabajadores, que temen que muchos usuarios se pasen a otros medios de transporte ante la escasez de frecuencias.
La Ley de Movilidad incluirá un modelo de financiación para conservar la red de carreteras
El ministro Ábalos llamó ayer a las comunidades a colaborar en el proceso de participación pública iniciado recientemente para elaborar la esperada Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que conllevará la creación de un Sistema Nacional de Movilidad. Uno de los aspectos que incluirá es la puesta en marcha de un modelo de financiación estable para la conservación de la red de carreteras, que ha crecido exponencialmente en los últimos veinte años. Sin mencionar la posibilidad de establecer cobros por el uso de autovías -el ministro lanzó en su momento varios globos sonda sobre esta posibilidad-, el documento destinado a la participación pública prevé «la necesidad de garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país».
La Consellería de Infraestruturas cree que en esta ley deben tenerse en cuenta las particularidades de cada territorio y, sobre el asunto de la conservación, debería valorarse que Galicia «se encuentra muy agraviada por la situación de la AP-9».
