La única alternativa de Hacienda para desbloquear los 15.000 millones de euros de los ayuntamientos

Manuel Varela Fariña
manuel varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Europa Press

Dos enmiendas de los independentistas catalanes permitirían suprimir el techo de gasto y acceder a los remanentes municipales

11 sep 2020 . Actualizado a las 20:34 h.

El Gobierno sigue sin plan B tras el varapalo sufrido el jueves en el Congreso, donde una mayoría de 194 diputados tumbaron el decreto que planteaba liberar los 15.000 millones de euros ahorrados por los municipios españoles, de los que 1.300 proceden de concellos gallegos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reconoció sin alternativas y apunta a la «responsabilidad» de los grupos de la Cámara para presentar ahora sus propuestas. A expensas de lo que hagan los grandes partidos, la única vía que permitiría desbloquear ese superávit en estos momentos está en manos de Junts per Cat, el partido fundado por el expresidente de la Generalitat fugado en Bélgica, Carles Puigdemont.

«Nosotros veíamos un problema de liquidez en los ayuntamientos para los dos próximos años», responde al teléfono Ferran Bel i Accensi, portavoz económico del grupo en el Congreso. La estrategia diseñada por los cuatro diputados independentistas pasa por dos enmiendas a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria —conocida como ley Montoro— para cambiar la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit, presentada por PSOE y Podemos.

Las dos propuestas de Junts consisten en suprimir la regla de gasto para este año y el que viene, y desbloquear el uso de los remanentes de los municipios del 2019 y 2020. «Si se pone en marcha la ponencia, relativamente rápido, en un par de semanas, confío que se pueda sacar adelante», avanza Bel que, tras conversar con el resto de portavoces, dice contar con la mayoría de grupos a favor de sus enmiendas. «Si hay voluntad, que creemos que la habrá, en menos de un mes está en el Senado», insiste el diputado.

La oposición apremia a Montero

La vicepresidenta Carmen Calvo reprochó el viernes al líder del PP, Pablo Casado, el «juego absurdo» de su partido al rechazar el plan del Gobierno sobre los remanentes municipales. La derogación del decreto, publicada hoy en el BOE, supone para el Estado dejar de contar con ese ingreso de 15.000 millones de euros procedente de las entidades locales y que deberá obtener ahora por otra vía, como a través de préstamos del Banco Central Europeo. La oposición reclama, a su vez, una nueva alternativa al proyecto original de Hacienda que permita a los ayuntamientos acceder a sus ahorros.

Casado pidió este viernes a Montero que asuma responsabilidades por «su falta de diálogo, por su incapacidad de gestión y por la soberbia que ha demostrado para con las administraciones y los partidos». Se dirigió al Gobierno para que el Consejo de Ministros habilite a los consistorios a gastar sus remanentes «en las necesidades más urgentes de los vecinos».

El Gobierno descarta impulsar un nuevo decreto, pero el PSOE deslizó hoy, a través del presidente de su consejo de política federal, Guillermo Fernández Vara, que se incluyan «algunos de los aspectos» que incluía el rechazado por el Congreso «en alguna otra ley», como la de los Presupuestos Generales del Estado. «Podría ser la más idónea para desbloquear elementos que estaban en ese decreto ley», avanzó. Hacienda ya se había comprometido a incluir en las próximas cuentas la suspensión de la regla de gasto en el 2021 a cambio de aprobar el decreto rechazado el jueves en el Congreso.

Una negativa con consecuencias más políticas que económicas

El Congreso confirmó el jueves una derrota para el Gobierno prevista desde el acuerdo firmado con la FEMP, que se aprobó con el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero.

¿Cuál es el origen del decreto rechazado?

Desde el 2012, el ahorro que hayan generado los municipios está bloqueado por las normas de techo de gasto contempladas por la Ley de Estabilidad. Hacienda ideó una propuesta en la que los ayuntamientos prestasen sus remanentes —unos 15.000 millones de euros— que serían devueltos, de forma íntegra y solo a los ayuntamientos con ahorros, en un plazo máximo 15 años. A cambio recibirían también un préstamo, a fondo perdido, de 5.000 millones. Tras semanas de negociaciones, la FEMP terminó firmando el acuerdo, aunque con solo un voto de diferencia, el ejercido por su presidente. El rechazo de la mayoría de partidos y la rebelión de varios alcaldes evidenció que el decreto no saldría adelante.

¿Cómo afecta a las cuentas del Estado el bloqueo de los 15.000 millones?

Hacienda responde que esta negativa no afecta al déficit del Estado y que, además, el decreto ya contemplaba una entrega de 5.000 millones de euros que supondrían incurrir al déficit. El director de la fundación de estudios económicos Fedea, Ángel de la Fuente, apunta que las consecuencias al rechazo del decreto «son políticas, no económicas». Expone que el Gobierno cuenta con más fórmulas para acceder a esos 15.000 millones, como pedir financiación al Banco Central Europeo. En cuanto a los ayuntamientos, el economista entiende que existen ahora dos problemas: «Facilitar el acceso a los remanentes y considerar si necesitan o no ayudas». En su opinión, son cuestiones diferentes «que no conviene mezclar». Además, considera que muchos municipios han tenido «una situación económica buena» en los últimos años y no «deberían tener tanta urgencia por necesitar» ese superávit.

¿Qué pasa con la Ley de Estabilidad?

Cristóbal Montoro, impulsor de la ley, reclamó esta semana suspender la regla de gasto ante la situación actual. El Gobierno planteaba en su decreto dejarla sin efecto dos años pero, tras el rechazo a la norma, los ayuntamientos seguirán sin poder usar sus remanentes. De la Fuente apoya flexibilizar la ley y califica de «lógico» suspenderla en estos momentos.