Montoro contra la ley Montoro: propone suprimir la regla de gasto

El exministro de Hacienda advierte de que «no tiene sentido aplicarla» ante la crisis actual

El exministro de Hacienda, Cristobal Montoro, durante su etapa en el Gobierno
El exministro de Hacienda, Cristobal Montoro, durante su etapa en el Gobierno

Redacción / La Voz

A un día de que el PSOE se tope en el Congreso con el rechazo de los partidos a su propuesta sobre el uso de los remanentes en los municipios, acordada con la Femp, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro abrió esta mañana una inesperada vía para solucionar el conflicto. Durante su intervención en un programa matinal de Televisión Española, el exdiputado popular propuso suspender las reglas económicas de déficit, deuda pública y regla de gasto que él mismo impulsó desde su cartera en el 2012 con la Ley de Estabilidad, conocida popularmente como Ley Montoro. 

«No tienen sentido reglas económicas en situaciones de excepcionalidad», avanzó Montoro sobre una normativa que impide a las entidades locales y provinciales el uso de sus ahorros. El exministro recordó que la ley cuenta con una cláusula de excepcionalidad para circunstancias como la actual. «Estamos ante la mayor destrucción de empleo de historia, es una excepcionalidad que contempla la ley. En estos supuestos, se suspende la aplicación. La regla de gasto debería estar suspendida. De hecho, lo están desde el ámbito europeo», insistió Montoro, en referencia a la prorrogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento comunitario, en el que se fijan los objetivos de déficit público.

Montoro se refiere así al capítulo III sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en el que se permite que las administraciones presenten déficit estructural en situaciones como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria, «situaciones que deberán ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados».

El exministro subrayó que solo es necesaria una votación con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para derogar la norma. «¿Se ha hecho en España? Pues no», continuó Montoro, que pide a los partidos, al Gobierno y a la Femp que aborden la situación. En la entrevista reiteró su compromiso con la estabilidad económica y presupuestaria, pero volvió a apuntar hacia la excepcionalidad actual. «Es una crisis de salud pública de dimensión social que produce una crisis económica. Eso lo prevén nuestras leyes y no entiendo porqué no se están aplicando los preceptos de previsión de emergencias», lamentó. Montoro dio la razón a los alcaldes que se revelan contra este acuerdo -regidores de todos los signos políticos- al entender que este año y el que viene «no tendrían que cumplir con una regla de gasto porque debería estar suspendida formalmente».

Rechazo al acuerdo sobre los remanentes

El presidente de la Diputación de A Coruña, el socialista Valentín González Formoso, instó al Gobierno central a «no apropiarse de los recursos de entidades locales». El alcalde de As Pontes abogó por que los concellos «puedan decidir» en qué gastan sus remanentes, porque son los que conocen «a realidade dos seus municipios» y aseguró que «todos están de acordo no fondo da cuestión». 

Formoso invitó al PP a «ser valente» y votar en el Congreso junto al PSOE la eliminación de la Ley Montoro que ha impedido a los ayuntamientos invertir más de 16.000 millones de euros de remanente, alrededor de 200 en el caso de la provincia de A Coruña

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) rechazó comentar las declaraciones de Montoro a expensas del trámite parlamentario de mañana en el Congreso.

A mediados de junio, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero ya había recomendado suspender la regla de gasto en una crisis financiera. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, expresó este miércoles su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP y rechazó que el problema sea la «ley Montoro», la que fija el techo de gasto a los municipios, pues a su juicio es esta normativa la que ha posibilitado que haya superávit en la administración local.

El Gobierno insiste en negociar el acuerdo

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, insistió este miércoles en la necesidad de negociar el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos, a un día de que se vote su convalidación en el Congreso.

En la primera sesión de control al Gobierno tras las vacaciones de verano, Darias ha pedido a los grupos que apoyen ese decreto ley y que, si no están de acuerdo en cómo permitir a los ayuntamientos que gasten sus remanentes, negocien otra manera.

El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que entreguen sus ahorros al Gobierno, en torno a unos 14.000 millones de euros, en un préstamo que les es devuelto al 100 % en un plazo de diez años. A cambio, las entidades municipales que cedan sus remanentes participarán proporcionalmente de un fondo de hasta 5.000 millones de euros, de los que 2.000 serán transferidos este año y 3.000 el que viene. El acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura, al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

El Gobierno trabaja contra reloj para garantizar la convalidación del decreto ley (que está ya en vigor porque lo aprobó el Consejo de Ministros a primeros de agosto) a cambio de que se tramite como proyecto de ley y se puedan hacer cambios en la redacción. Para ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso hace diez días dejar sin ejecutar los aspectos más controvertidos del decreto hasta que se modifiquen en la tramitación parlamentaria. Según recoge Efe, fuentes consultadas de varios partidos recuerdan que esa propuesta no fue suficiente.

Algunos grupos transmitieron a Hacienda que querían garantías de que efectivamente habrá cambios al paso del proyecto por el Congreso, ya que las prórrogas de enmiendas suelen ralentizar el proceso y a veces hasta lo estancan.

Los puntos más polémicos del decreto, rechazados por todos los grupos, son el tipo de acceso de los ayuntamientos a los ahorros que tienen en los bancos (su superávit de años pasados), y que no pueden tocar para evitar incurrir en déficit, y el reparto del fondo de 5.000 millones ideado por Hacienda para compensar esa limitación. La oposición quiere que este fondo se distribuya según población.

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