El Gobierno negocia «in extremis» para intentar salvar el decreto de remanentes

Ofrece liberar el fondo de condiciones y abrirlo a todos los ayuntamientos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

santiago / la voz

El Gobierno de Pedro Sánchez y los grupos políticos que lo sustentan, el PSOE y Unidas Podemos, intensificaron este miércoles sus contactos con las fuerzas políticas del Congreso para intentar salvar in extremis el decreto de la FEMP que permite a Hacienda echar mano a los remanentes municipales inmovilizados en depósitos bancarios, unos 14.000 millones de euros (1.300 en Galicia). En un último intento de sumar apoyos ante la votación del real decreto que tiene lugar este jueves, el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a abrir la mano y a liberar de condiciones el acceso a dichos recursos.

El acuerdo logrado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad que preside el alcalde de Vigo, Abel Caballero, planteaba que las corporaciones locales entregaran de manera voluntaria al Gobierno, a modo de préstamo, los remanentes (los ahorros) de los que no pueden disponer en virtud del cumplimiento de la regla de gasto.

A partir de ahí, el Gobierno creará un fondo de 5.000 millones de euros que se distribuirá entre las entidades locales participantes durante dos años (2.000 millones en el 2020 y otros 3.000 en el 2021), aunque únicamente lo podrían gastar en tres áreas concretas: agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura.

Los corsés recogidos en el acuerdo de la FEMP, y trasladados a su vez al real decreto que hay que convalidar en el Congreso, no son del agrado de muchos concellos, que quieren una solución simétrica y global para las necesidades de gasto de las entidades locales, y no solo pensada para los ayuntamientos que ejerzan de prestamistas del Gobierno. También demandan mayor flexibilidad para decidir dónde se gastarían sus propios recursos.

Rebelión de la oposición

Y eso es precisamente lo que se ofrece ahora a cambiar el Gobierno para salvar la votación de un decreto contra el que se rebeló toda la oposición e incluso una parte de Unidas Podemos, con los comunes de Ada Colau a la cabeza, que son 7 de los 35 diputados morados.

Hacienda se muestra dispuesta a abrir la mano. No puede modificar el real decreto, pero se ofrece a tramitarlo después como proyecto ley para introducir cambios, con el fin de que una parte del fondo, entre el 40 y el 60 % de los 5.000 millones, se puedan distribuir entre todos los ayuntamientos, y no solo entre los que generaron superávit. También hay disposición, apuntan fuentes parlamentarias, a modificar las claves del reparto para satisfacer las reclamaciones de los 31 alcaldes de ciudades —entre ellos los de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Pontevedra— que firmaron el manifiesto para rechazar ese texto.

El Gobierno intenta sumar el apoyo de los comunes, negociando directamente con la alcaldesa de Barcelona, y entretanto los socialistas gallegos le dieron este miércoles un voto de confianza a la negociación. Lo hizo el PSOE de Vigo al ratificar en el pleno su apoyo al decreto, al igual que hizo el PSOE de la Diputación de A Coruña, al rechazar, con el apoyo del BNG y Alternativa dos Veciños, la moción con la que el PP se proponía sumar fuerzas para tumbar el pacto.

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