El juicio contra Pachi Vázquez, exlíder del PSdeG, arrancará el 23 de noviembre

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación por presuntos contratos a dedo cuando era alcalde de O Carballiño; hay otros cuatro procesados

Pachi Vázquez, exsecretario xeral del PSdeG, al optar a la alcaldía de O Carballiño en el 2019 por Espazo Aberto
Pachi Vázquez, exsecretario xeral del PSdeG, al optar a la alcaldía de O Carballiño en el 2019 por Espazo Aberto

ourense / la voz

El Juzgado de lo Penal número 2 de la capital ourensana ya ha señalado la fecha en la que Pachi Vázquez, exconselleiro de Medio Ambiente y antiguo líder de los socialistas gallegos, se sentará en el banquillo de los acusados. Será a partir del próximo 23 de noviembre cuando responda ante la magistrada Susana Pazos sobre la formalización de sesenta contratos realizados durante su época como alcalde de O Carballiño (lo fue entre 1995 y el 2005). Vázquez sigue en activo como concejal de su partido, Espazo Común.

La Fiscalía de Ourense aprecia la existencia de un delito de prevaricación continuada, pues sospecha que esos contratos se hicieron a dedo. Solicita que se le impongan al exregidor diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, lo que, en caso de ocurrir, lo alejaría de la vida política.

Paradójicamente, su sucesor al frente del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también está pendiente de un proceso judicial, el que le apartó de la secretaría xeral de partido.

Junto a Pachi Vázquez comparecerán como acusadas otras cuatro personas, todas con responsabilidades en la corporación entre el 2000 y el 2011. Entre ellas se encuentran Carlos Alberto Montes, sucesor de Vázquez en la alcaldía desde el 2005 hasta el 2011, y Alfonso Prado Rodríguez, concejal de Personal desde 1995 hasta 1997. Para ellos se reclaman otros diez años de inhabilitación. Algo menor es la pena que reclama la Fiscalía para José Antonio Barge Gil, edil de Personal entre el 2007 y el 2011: nueve años. María Elisa Domínguez Vidal, edila de Asuntos Sociales y alcaldesa en funciones durante algunas etapas, también ha sido acusada en este asunto, pidiéndose para ella ocho años y nueve meses de inhabilitación.

El escrito de acusación, presentado a finales del pasado año ante el juzgado de O Carballiño, detalla que «los contratos de duración determinada fueron realizados por los investigados en representación del Concello de O Carballiño con ausencia total del procedimiento existente a tal fin o sin atender a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben inspirar la contratación pública». Y, uno por uno, recoge el informe los nombres de los hombres y mujeres que durante todos aquellos años se beneficiaron de las presuntas contrataciones a dedo, hasta un total de sesenta personas.

Además, explica la fiscala que la gran mayoría de esas relaciones laborales que se iniciaron de forma temporal devinieron en contrataciones indefinidas ante la prolongación en el tiempo de los acuerdos, constatándose hasta dieciocho contratos a una misma persona. Y es que muchos de aquellos enchufados presentaron demandas en los juzgados de lo social cuando dejaron de renovarse sus contratos tras el cambio de gobierno del año 2011, y ganaron los pleitos.

En otros casos fueron los exalcaldes quienes dictaron decretos en los que reconocían el carácter indefinido a los trabajadores «que habían tenido una contratación de duración determinada anterior, sucesiva y reiterada».

 El juzgado ha reservado para este caso tres semanas, ya que todos los trabajadores implicados tendrán que acudir a declarar para explicar ante la jueza y la fiscala cómo accedieron a los puestos de trabajo.

Durante aquellos años de mandato socialista, peones de obra, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadores del servicio de limpieza, chóferes, albañiles, carpinteros, limpiadores, monitores deportivos e incluso policías locales fueron «fichados», según sospecha el ministerio público, por los responsables de la corporación con acuerdos temporales sobre los que la Justicia puso la lupa hace ya varios años. La primera querella, de hecho, la interpuso en el 2014 la Fiscalía de Ourense.

Desde entonces el caso ha sufrido muchos retrasos, ya que Vázquez, que entonces era diputado en el Parlamento gallego, dimitió en el 2015 y perdió así su condición de aforado. El caso, que estaba en el TSXG, tuvo que volver al juzgado carballiñés.

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