La Fiscalía General asume que tiene que ser más efectiva contra los okupas

Allanan en pleno casco histórico de Ferrol un edificio de cuatro viviendas

Edificio ocupado en el centro de Vigo
Edificio ocupado en el centro de Vigo
c. lópez
vigo / la voz

Los desalojos exprés contra las ocupaciones de inmuebles que el Congreso aprobó en el 2018 ni se han adoptado de manera generalizada ni han puesto coto a la usurpación de viviendas. Jurídicamente se mantiene de forma mayoritaria que dicho cambio legal respalda más a los propietarios, pero ni la carga de trabajo de los juzgados permite llevar a la práctica esas garantías de forma ágil ni tampoco se emplea el mismo criterio en todas las zonas del país ni dentro de la judicatura o en los diferentes cuerpos policiales. Es lo que señalaron las Fiscalías de Baleares y Valencia cuando emitieron el verano pasado y este agosto instrucciones a sus fiscales con la intención de unificar criterios e incidir en impulsar el desalojo de los okupas.

Y esa necesidad de clarificar la respuesta a las ocupaciones ha llevado a la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, a poner en marcha una instrucción que aclare cómo deben actuar los fiscales ante los okupas en toda España. En la apertura del año judicial, la exministra de Justicia anunció ayer que la Fiscalía General dará instrucciones uniformes y concretas en los próximos días a todos los fiscales para proceder en un asunto que tachó de «fenómeno delictivo» que requiere «una acción específica».

Delgado argumentó que, pese a estar ya reguladas, algunas situaciones «sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía», reconociendo así que la normativa legal actual no es suficiente por sí misma.

La secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado dio el visto bueno a las instrucciones dictadas tanto desde Baleares como desde Valencia, lo que permite augurar que el texto que emita la cúpula del ministerio público discurrirá por una senda similar.

Los dos antecedentes

En el caso de la Fiscalía provincial valenciana, José Francisco Ortiz instó a los representantes del ministerio público a solicitar al juez que adopte la medida cautelar del desalojo «con la mayor celeridad posible», cuando el denunciante demuestre la titularidad del inmueble y quien lo habite no aporte un título legítimo. Incluye en esos supuestos las propiedades en manos de bancos y empresas y las segundas residencias, ocasionales o «una caravana, un barco o tienda de campaña». La Fiscalía de Baleares fue incluso más contundente al instar a los cuerpos y fuerzas de seguridad «a actuar directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales» cuando la ocupación revista características de delito.

Los datos de la Fiscalía señalan que en el 2018 se incoaron 9.693 expedientes por ocupaciones y otros 9.622 en el 2019.

Petición al fiscal de Galicia

Aunque Galicia es la sexta comunidad con menos ocupaciones de inmuebles, ha pasado a ser este año la autonomía donde más ha crecido el número de denuncias por dicha causa. Ese cambio ha llevado a la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias a pedir también al fiscal superior de Galicia que emita una instrucción similar a la de Baleares y Valencia, si bien dicha posibilidad quedará seguramente subsumida en el movimiento anunciado ayer por Delgado.

En todo caso, la patronal inmobiliaria se manifiesta a favor del desalojo cautelar e inmediato de una vivienda cuando esta sea morada de sus propietarios, pero también cuando sea el domicilio de una persona jurídica o un establecimiento comercial.

Solicita la federación al fiscal jefe de Galicia que, cuando las denuncien sus propietarios, respalde la actuación policial contra las ocupaciones «sin necesidad de solicitar medidas judiciales», proceso este último que entienden los empresarios inmobiliarios que retrasa la recuperación de las viviendas y edificaciones usurpadas y propician su destrozo, la desvalorización del bien y la alteración de la convivencia en la zona en la que actúan los okupas.

Este último aspecto ha sido subrayado por la Fiscalía de Valencia, que justificó su actuación también en la necesidad de amparar a los vecinos que sufren ocupaciones, pero no pueden instar desalojos al no ser los dueños.

Allanan un edificio de cuatro viviendas en pleno casco histórico de Ferrol

 

Un céntrico edificio de Ferrol de cuatro plantas está tomado por okupas desde principios de este año. Los propietarios han presentado la oportuna denuncia en los juzgados, pero la tramitación de estos casos es compleja y siguen sin poder recuperarlo. El inmueble afectado está situado en el corazón del barrio histórico de A Magdalena, en las inmediaciones de la plaza de Amboage. Se trata de un edificio de cuatro plantas deshabitado, y cada vivienda tiene un propietario distinto.

Descubrieron la ocupación a principios de este año, cuando uno de los afectados intentó acceder a su piso y descubrió que la llave no encajaba en la cerradura de la puerta, porque había sido cambiada. A partir de ahí comprobaron que tres de las viviendas están siendo habitadas por personas desconocidas y que la cuarta ha sido desvalijada por completo, ya que incluso desaparecieron las puertas.

La sospecha que tienen los afectados es que alguien pudo haber cambiado las cerraduras y después alquilar por su cuenta las viviendas o cedérselas a personas de su entorno.

Movimiento dentro

Lo cierto es que, a día de hoy, la existencia de vida en el interior de los tres pisos es evidente. Los vecinos de la zona ven entrar y salir gente por el portal, en el que hay muescas que evidencian que ha sido forzado, en el rellano hay una bicicleta y un perro se asoma por el balcón.

Los okupas tampoco tratan de ocultar que están ahí, porque incluso abren las ventanas para ventilar durante el día.

Ante la impotencia de saber qué hacer, los propietarios optaron por denunciar los hechos y se mantienen a la espera de que los juzgados resuelvan. Por el medio surgió el confinamiento derivado del estado de alarma por la pandemia y la consiguiente paralización de los trámites judiciales, por lo que desconocen cuándo podrán recuperar su propiedad.

Hasta ahora, en la ciudad de Ferrol las ocupaciones se venían produciendo en las viviendas municipales del barrio de Recimil, así como en algunos edificios del extrarradio que pasaron a manos de la Sareb, pero se desconocía que también hubiesen tomado inmuebles del barrio histórico de A Magdalena.

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