Fiscalía de Valencia: «Hay que proteger a quienes viven al lado de los okupas»
GALICIA
Advierte que «se está empezando a despreciar la propiedad privada»
15 sep 2020 . Actualizado a las 17:43 h.Fue primero la Fiscalía de Baleares la que el año pasado dio instrucciones a la policía para actuar «de forma inmediata y sin necesidad de solicitar medidas judiciales» al tener conocimiento del allanamiento de una vivienda. Y este verano, la Fiscalía de Valencia ha seguido ese mismo camino instando a los fiscales de la provincia a requerir el desalojo de un inmueble cuando se denuncie su ocupación.
«Es que se ha empezado a despreciar la propiedad privada, las ocupaciones han dejado de ser una anécdota y son un fenómeno en aumento», indica a La Voz el fiscal Jaime Gil Rubio, portavoz del ministerio público en Valencia. «Las ocupaciones repercuten en el vecino de enfrente, al que se le enganchan a su luz, o que tienen que aguantar los daños a terceros que causan los que se meten en una vivienda y no saben convivir», añade para justificar el decreto de la Fiscalía instando a los desalojos como medida cautelar mientras no se sustancian los juicios abiertos contra okupas. Ese problema con los vecinos es el que se ha advertido, por ejemplo, con el bloque de pisos asaltado de Vigo.
«En treinta años de profesión, como fiscal he visto pocos casos de personas que sufran la ocupación de su casa, incluso de su segunda vivienda, pero sí de ocupaciones de propiedades en manos de bancos y promotoras en dificultades, y esas acaban perjudicando a los que residen cerca. Por eso creemos que hay que proteger a los que viven al lado de los okupas, porque el del banco no vive allí, no le afectan los problemas que generan en esa calle los ocupantes», argumenta Gil. «A ese vecino no le podemos decir que espere al juicio, o que se denuncie el caso y ya está. El Ministerio Fiscal no puede mirar para otro lado, máxime cuando la Justicia es lenta. Hay que utilizar los instrumentos jurídicos disponibles para ser más ágiles».
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada en junio del 2018 para instaurar los desalojos exprés de okupas no ha tenido el resultado esperado, según confirma el portavoz de la Fiscalía de Valencia, a causa de la gran carga de trabajo de los juzgados. «Se pide a la policía que identifique a los moradores de una vivienda y cuando llegan allí o no les abren, o no hay nadie, y pasan los meses y no hay una solución a esa ocupación. Por eso instamos a tomar la medida cautelar del desalojo», reitera Jaime Gil respecto a los casos en los que el propietario demuestra ser el dueño del inmueble asaltado. Avisa, en todo caso, que proliferan las situaciones en las que los okupas presentan un contrato falso hecho para tratar de frenar el desalojo: «Pero cuando le pides que te dé el número de cuenta donde hace el ingreso del alquiler o que dé el teléfono del propietario, ves que no existe acuerdo alguno».
El portavoz de la Fiscalía valenciana constata la actividad de grupos organizados que facilitan la ubicación y hasta las llaves de viviendas para ocupar y que cuentan con «ojeadores» para detectarlas «y dar esa información a cambio de hasta 500 euros». Tras dar el visto bueno la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado a la instrucción de la Fiscalía de Baleares y ahora a la de Valencia, confía en que el ministerio público acabe emitiendo un decreto similar para todo el Estado.