Hacienda ofrece retocar en el Congreso aspectos del decreto sobre el uso de los remanentes locales entre críticas unánimes

La ministra Montero defiende que el plan pactado con la FEMP es «el único mecanismo» que encontraron


santiago / la voz

La ministra de Hacienda ha buscado en el Congreso una complicada carambola para salvar el polémico decreto que permitiría al Gobierno acceder a los fondos que los ayuntamientos españoles tienen en los bancos a cambio de una serie de contraprestaciones cuya negociación se sustanció en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que se resolvió a favor con el voto de calidad de su presidente, el vigués Abel Caballero.

María Jesús Montero compareció en comisión parlamentaria a petición del PP y tuvo oportunidad de escuchar las críticas prácticamente unánimes de los partidos con representación, que se suman así a un buen número de alcaldes de todos los partidos —a excepción del PSOE— que se han mostrado muy críticos con una propuesta que en los términos más suaves ha sido calificada como una «confiscación» del Ejecutivo a los ayuntamientos.

La propuesta de la ministra consiste en dejar inactiva la parte del decreto referida al uso de estos fondos y perfeccionarla con las aportaciones de los partidos para su aprobación en la Cámara, pero la ruptura del consenso en la propia FEMP y la reacción en contra de destacados alcaldes solo han adelantado un posicionamiento sólido para que se retire el decreto, aunque con los matices propios de fuerzas tan dispares como Vox o Podemos. Los socios del Gobierno han rechazado la cesión de esos remanentes y han pedido otra vía más propicia para apoyar a los ayuntamientos.

«Es el único mecanismo que hemos encontrado, la única opción», reiteró la ministra, que en su réplica ha intentado salvar los muebles indicando que hay cuestiones del texto que van más allá del uso de esos fondos por parte del Gobierno y que son «cuestiones urgentes de aplicación inmediata» y que, a su juicio, deberían quedar al margen de las disputas políticas. Montero personalizó en el PP el intento de tumbar el decreto ley para desgastar al Gobierno, pero la portavoz popular en la comisión le recordó que detrás de la negativa hay once alcaldes de la FEMP de nueve formaciones distintas. Carolina España le reprochó a Abel Caballero su pérdida de credibilidad ante los regidores españoles y calificó de «chantaje despreciable» los términos de la iniciativa.

Néstor Rego, del BNG, habló de una «auténtica incautación» que perjudicaría a buena parte de los concellos gallegos, y apremió a la ministra a derogar la ley Montoro si cree que es el tapón para el uso de ese dinero a nivel local.

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