Las inmobiliarias gallegas reclaman al Gobierno desocupaciones en 48 horas y penas de prisión

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

Imagen de archivo de una protesta contra okupas en un barrio de Lugo
Imagen de archivo de una protesta contra okupas en un barrio de Lugo ALBERTO LÓPEZ

La Fiscalía de Valencia se suma a la de Baleares y acuerdan instar a los desalojos «de inmediato»

25 ago 2020 . Actualizado a las 07:28 h.

La ocupación de viviendas en Galicia hace tiempo que dejó de ser un delito anecdótico, pero la preocupación no deja de crecer tras convertirse este año en la comunidad autónoma donde más ha aumentado el número de denuncias por usurpación de pisos, casas y otras propiedades inmuebles.

Convencidos de que hay que cambiar la legislación, aplicar penas más duras y dar mayor seguridad jurídica a los propietarios, los empresarios inmobiliarios de Galicia están decididos a presionar al Gobierno para que se haga más difícil este asalto a viviendas. O que, al menos, salga más cara dicha práctica y recuperen antes sus propiedades los afectados.

«Nadie está haciendo nada desde las administraciones para luchar contra esta plaga, por lo que seremos nosotros quienes asesoremos gratuitamente a nuestros socios y a sus clientes frente a las ocupaciones, a la vez que haremos ver al Gobierno nuestra preocupación y malestar», avanza Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. La patronal del sector adelanta que abogarán por modificar la legislación para que se logre recuperar un inmueble ocupado en menos de 48 horas, así como aplicar penas de prisión menor a los ocupantes, en lugar de multas que en la mayoría de los casos no se afrontan tras una declaración de insolvencia del condenado.

Exigencia interpuesta

La federación inmobiliaria gallega apunta directamente a la Delegación del Gobierno en Galicia como responsable de transmitir al Ejecutivo central la preocupación que se está generando en la comunidad con las ocupaciones, así como incluso demandar soluciones al respecto. «Recordamos que las atribuciones del delegado del Gobierno en Galicia deben de ir en la línea de garantizar la seguridad jurídica y el derecho constitucional de la propiedad privada», señala Iglesias.

A juicio de los empresarios inmobiliarios, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realizada en el verano del 2018 no ha significado avance alguno en la agilización de los procesos de recuperación de bienes ocupados. «La escasez de medios y recursos de los juzgados derivan en una demora injustificable para el derecho fundamental a la tutela efectiva de una vivienda», afirman desde la federación inmobiliaria gallega, que añade que esa circunstancia es aprovechada «por los okupas y las organizaciones que los dirigen, conocedores de la ineficiencia del sistema judicial y de la lentitud del proceso».

Los inmobiliarios también demandarán del Gobierno que se pueda acordar la intervención de las fuerzas de seguridad desde la interposición de una denuncia por ocupación, haciendo incluso partícipes de esa responsabilidad a los ayuntamientos, dado que la usurpación de viviendas suele conllevar problemas de seguridad y conflictividad social.

«Galicia es una zona cómoda para los okupas, no hay ningún resorte ni presión contra su acción como sí ocurre en Madrid», explica Benito Iglesias, a pesar de que constata que las viviendas caras no habitadas se han puesto en el radar de objetivos de los grupos especializados en usurpar viviendas. «Esos grupos incluso teledirigen ya a otros hacia propiedades de valor y sin protección o en manos de los bancos», concluye la patronal inmobiliaria que advierte en A Coruña y Lugo un avance del fenómeno okupa.

Acuerdo de la Fiscalía

La Fiscalía provincial de Valencia se ha unido a la de Baleares para instar a las fuerzas del orden a desalojar viviendas ocupadas «de inmediato». En un decreto emitido por el fiscal jefe valenciano, José Francisco Ortiz, el representante del ministerio público reconoce que es necesario unificar criterios para actuar frente al fenómeno de la ocupación ilegal. Insta a todos los fiscales de la provincia a solicitar ante los jueces el desalojo de las viviendas habituales, segundas residencias u ocasionales, incluso «caravanas, barcos, tiendas de campaña...» para que el perjudicado pueda obtener con la mayor celeridad posible la recuperación de su inmueble.

La orden, remitida también a las policías locales, Nacional y Guardia Civil, concede un mes para el desalojo en el caso de motivos humanitarios que lo justifiquen, si no se instó el desalojo en la denuncia inicial.