Apenas 70 concellos dan por seguro que entregarán sus ahorros al Estado

Susana Luaña Louzao
susana luaña REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

J. Corchero

El BNG podría extender su no a municipios donde gobierna con el PSOE

15 ago 2020 . Actualizado a las 12:29 h.

De prosperar el decreto ley para que los ayuntamientos entreguen sus ahorros al Estado, serían pocos los concellos gallegos que se sumarían a ese acuerdo, que es voluntario. Con un PSOE cada día más solo en su defensa -algo que dificultaría su aprobación en el Congreso-, en Galicia no llegan a 70 los consistorios dispuestos hoy en día a ceder sus remanentes al Estado para que este se los devuelva en diez o quince años, junto al extra de 5.000 millones hasta el 2022 para luchar contra el coronavirus. Ahora mismo, ese acuerdo únicamente lo ratificarían aquellos en los que el PSOE tiene mayoría absoluta, alrededor de esos 70, entre ellos Vigo, gobernado por el presidente de la FEMP, o Vilagarcía, gobernado por el presidente de la Fegamp. En aquellas alcaldías socialistas apoyadas por otros partidos -mayoritariamente el BNG, en ciudades como A Coruña, Santiago o Ferrol, y en tres diputaciones- el acuerdo es más que dudoso, dada la fuerte oposición del resto de fuerzas a la cesión de los ahorros municipales al Estado.

Precisamente el Bloque ratificó este viernes que dirá «non» al real decreto en el Congreso. Lo ratificó el diputado nacionalista Néstor Rego, quien advirtió que para los consistorios gallegos puede ser una «incautación» sin contraprestaciones. «Pode terminar por se unha nova drenaxe de cartos desde Galiza para outras zonas do Estado», avisó. Rego, que insistió en que lo que había que hacer era derogar la llamada ley Montoro, criticó tanto al PP, por auspiciarla y mantenerla vigente ocho años, como al PSOE, por decir en campaña que era «fatídica» y ahora esquivar su derogación «cando podería obter unha maioría».

El BNG, que gobierna en una treintena de concellos, no decidió todavía qué postura adoptarán sus alcaldes si el real decreto llegara a aprobarse, porque para Rego lo fundamental ahora es «parar esta proposta do Goberno español, que non ten maioría para validar o decreto».

No le falta razón. A la oposición del PP, Ciudadanos y partidos nacionalistas e independentistas se suman las reservas de alcaldes vinculados a Podemos, y también las de algunos socialistas.

Dudas en alcaldes socialistas

El regidor de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, adelantó esta semana que no iba a entregar los remanentes, y a esa negativa se suma ahora la del alcalde de Denia, el socialista Vicent Grimalt. Su concejal de Hacienda admitió que este ayuntamiento valenciano necesitaba esos fondos para hacer frente a la crisis.

En Galicia también hay matices en la casa socialista. Si el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, reconocía hace días que «nós preferiamos outro acordo», el de Taboadela -municipio ourensano de 1.500 habitantes- admite que el acuerdo «no es satisfactorio». «Nos gustaría que se anulase la regla de gasto y poder disponer de remanente», dijo Álvaro Vila, que se mostró convencido de que «habrá modificaciones». Esquivando este debate, el portavoz socialista en A Coruña, José Manuel Lage, dijo que «el mejor acuerdo» sería derogar la ley Montoro, origen de este conflicto.

Caballero dice que frente a los ataques del PP el Gobierno es un «aliado» de los ayuntamientos

Al polémico acuerdo sobre los remanentes se refirió también ayer el líder del PSdeG. Gonzalo Caballero no quiso entrar en el debate de por qué su partido no tramitaba la derogación de la ley Montoro y se limitó a decir que «o PP ten un descaro tremendo» por defender ahora Rueda que se derogue una ley planteada por su propio partido y que se mantuvo vigente ocho años. «Rueda trata de esparexer o fume, quere poñer a funcionar o botafumeiro», dijo Caballero.

El portavoz de los socialistas gallegos defendió una vez más el acuerdo, y dijo que era bueno para los concellos, porque iban a recibir 5.000 millones de euros más para la lucha contra el coronavirus. Aseguró, por ello, que el Gobierno central era un «aliado» de los ayuntamientos frente al PP, al que acusó de «atacar ao municipalismo» con su oposición al decreto ley y sin proponer alternativas que permitan a los ayuntamientos disponer de fondos para la lucha contra el coronavirus. «Non lles gusta que o Goberno de España dea 5.000 millóns de euros máis aos concellos?», se preguntó.