Alcaldes de PP, Ciudadanos, Esquerra, PDECat, PNV y BNG se unen contra el acuerdo de los ayuntamientos con Hacienda

Los firmantes exigen a Hacienda que se distribuya el superávit entre todos, no solo entre quienes tienen liquidez


REDACCIÓN

Diez alcaldes de ocho partidos han acudido esta mañana a una reunión telemática en la que han pactado un documento de rechazo al acuerdo de Hacienda que permite a los ayuntamientos el uso de su superávit y exigen que el fondo de 5.000 millones de euros se reparta entre todos los concellos, no solo entre quienes tienen liquidez.

En la reunión, han participado los alcaldes de Bilbao (PNV), Granada (Cs), Cádiz (Adelante Andalucía), Lérida (ERC), Pontevedra (BNG), Reus (PDECat), Santa Cruz de Tenerife (CC), Madrid, Murcia y Zaragoza, estas tres últimas regidas por el PP. Tres de los partidos denunciantes, ERC, PNV y BNG, son apoyos habituales del Gobierno central, compuesto por PSOE y Unidas Podemos, a la hora de aprobar iniciativas parlamentarias. Esta vez, sin embargo, les tendrán en contra. Incluso Kichi, alcalde de Cádiz y uno de los fundadores de Podemos, se ha mostrado en contra del acuerdo. Los firmantes advierten que sus partidos suman más de 180 diputados en el Congreso, por lo que la convalidación del real decreto-ley se antoja muy difícil.

Uno de los alcaldes presentes en la reunión fue Fernández Lores, actual regidor de Pontevedra por el BNG. El edil expresó su disconformidad con el acuerdo, el cual ve como «discriminatorio», porque «viola a autonomía municipal». Además, afirmó que «é falso que se trate de repartir 5.000 millóns entre os concellos; trátase de incautarse de 14.000 millóns e logo xa veremos cando o delvolven, se é que o devolven». Por todo ello, exigen «renegociar o decreto-lei», que fue avalado en la FEMP, recordó Lores, «polo voto de calidade do presidente e co rexeitamento de todas as forzas políticas excepto unha». Pontevedra podría disponer de entre 19 y 20 millones de euros entre remanentes y superávit, que sería la cantidad que pretendería «incautarse» el Ministerio de Hacienda, según Lores. 

El escrito final de rechazo al acuerdo reivindica «el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera». Además, en cuanto a la oposición a la propuesta de Hacienda, exigen al Estado que rectifique de forma inmediata los términos del acuerdo e insta a los promotores a iniciar nuevas conversaciones para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Finalmente, expresan su postura final, centrada en «que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades». 

El PNV, que no había expresado hasta ahora su postura final con respecto a la votación del decreto en el Congreso, ya ha confirmado su intención de rechazar el acuerdo. El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha afirmado que su partido votará en contra del decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno central y la FEMP. El edil ha incidido en que allí donde estén en juego «los intereses de los bilbaínos», estará su ayuntamiento defendiéndolo, «no hipotecando nunca planes e inversiones de futuro que puedan resultar de interés para el desarrollo de la Villa».

De la misma forma, el alcalde de Lérida, Miquel Pueyo (ERC), ha declarado que «el PSOE se queda solo y será muy difícil que a mediados de septiembre lo pueda llevar adelante de forma unilateral». Pueyo ha insistido en que se oponen al decreto ley tanto los que se pueden acoger porque tienen remanente si quieren, como los que no pueden, como es el caso de Lleida, porque lo consideran «una intromisión del Estado en la autonomía local difícilmente justificable».

También se ha sumado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha expresado el rechazo del gobierno de la capital de España al acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, al entender que es «impositivo» y que su finalidad es «incautar fondos» de las entidades locales. Así lo ha manifestado tras la reunión telemática, en la que ha instado al conjunto de los grupos políticos a «que rechacen el acuerdo y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten».

Este real decreto-ley deberá convalidarse en los 30 días posteriores a su publicación en el BOE, por lo que esta debería producirse, como muy tarde, a principios de septiembre. La propuesta de Hacienda salió adelante el pasado lunes en la Junta de Gobierno de la FEMP con el único voto del PSOE, lo que dio lugar a un empate, que deshizo el voto de calidad del presidente de la Federación y regidor socialista de Vigo, Abel Caballero. El PP justifica su petición de reprobación a Caballero por «traicionar al municipalismo» con su acuerdo con Sánchez, ya que el Gobierno «no puede confiscar el dinero ahorrado por los ayuntamientos para financiar proyectos de Sánchez». 

La moción incluye solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su presidente por «no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución; no defender los intereses de las entidades locales como está obligado a hacer por razón de su cargo; y provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa» un «consenso histórico». Los ayuntamientos que quieran acceder al fondo de 5.000 millones tienen hasta el 15 de septiembre para transferir sus ahorros al Estado y entrar así en las distribución del dinero.

Las claves del acuerdo de la FEMP para el uso del superávit: devolución con intereses y 2020 sin regla de gasto

m. p. v.

El pacto contempla también un fondo extraordinario para compensar el déficit del transporte de competencia municipal ocasionado por la pandemia

El núcleo central del acuerdo aprobado gira en torno a la propuesta inicial de que los ayuntamientos presten sus remanentes al Estado de forma voluntaria, pero incluye otros detalles.

devolución con intereses

Y acceso al fondo de 5.000 millones. El cien por cien fondos cedidos por los ayuntamientos les serán devueltos con intereses en el plazo de diez años, a partir del 2022. De manera más inmediata, los municipios que presten dinero tendrán acceso a un fondo de hasta 5.000 millones de euros a fondo perdido, de manera proporcional a las cantidades que aporten, recibiendo como mínimo el 35 % de lo que entreguen. 2.000 millones se desembolsarán en este 2020 y los 3.000 restantes, el año próximo. El dinero podrá dedicarse a gastos no financieros relacionados con estas tres áreas: agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura.

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