¿De quién será el pazo de Meirás?

Un juzgado de A Coruña decidirá la propiedad del inmueble. El Estado lo reclama al considerar que Franco lo obtuvo de forma fraudulenta, con un contrato simulado

El pazo de Meirás está situado en el municipio de Sada
El pazo de Meirás está situado en el municipio de Sada

Redacción / La Voz

«¿El Estado poseyó como dueño el pazo de Meirás entre diciembre de 1938 y noviembre de 1975?». Para Antonio Gil, abogado de los nietos de Franco, esa es la pregunta fundamental del juicio por la propiedad del pazo de Meirás, que se celebró esta semana en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña tras la demanda presentada por la Abogacía del Estado contra los Franco. No le falta razón al abogado, porque esa es una de las claves del proceso, además de la principal, aclarar si la compraventa de 1941 fue una simulación, como asegura el Estado, que dice que esa escritura se hizo para ocultar otra hecha en 1938 y que esos contratos son nulos, por lo que Franco no llegó nunca a comprar el pazo.

Pero que el Estado poseyese como dueño el pazo significaría que se hizo con la propiedad por usucapión, que es el derecho de adquisición por uso continuado de un bien durante el tiempo que marca la ley, 30 años en este caso. Eso convertiría a las torres de Meirás en un dominio público desde 1968, y desde ese momento nadie más podría poseerlo pues, con la ley actual, el dominio público no prescribe nunca.

el mantenimiento

¿De dónde salía el dinero? Los abogados del Estado defendieron en el juicio que la propiedad fue gestionada con fondos públicos desde que la Junta pro Pazo, creada en marzo de 1938, pensó en que ese edificio, situado en el municipio de Sada y que había sido la residencia de Emilia Pardo Bazán, era el lugar ideal para la sede oficial de verano del jefe del Estado. Los promotores querían hacer «una donación al jefe del Estado para establecer en A Coruña una sede oficial de la Jefatura del Estado, con los beneficios que eso puede acarrear», dice Javier Suárez, abogado jefe del Estado en Galicia.

Suárez sostuvo en el juicio que desde abril de 1938 ya empezaron las obras para esa residencia, encargadas por la Junta pro Pazo y ejecutadas por la Diputación de A Coruña o por el Ministerio de Obras Públicas y la Comandancia de Obras del Ejército. Se reforman carreteras, se construye un pozo de agua y se mejoran el acceso y el cierre del pazo. En su demanda, el Estado afirma que hay «una ocupación real y efectiva de la finca del pazo de Meirás por parte del aparato estatal desde mediados de 1938, cuando el inmueble comienza a prepararse para albergar la sede estival de la Jefatura del Estado y de sus oficinas y personal».

LOS DEMANDANTES. Los abogados del Estado, Javier Suárez y Adela Álvarez, al fondo, junto a los letrados de la Xunta y de la Diputación
LOS DEMANDANTES. Los abogados del Estado, Javier Suárez y Adela Álvarez, al fondo, junto a los letrados de la Xunta y de la Diputación

VIGILANCIA Y OBRAS

Gestionado como el palacio de El Pardo. Los abogados del Estado destacan que el pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al palacio del Pardo, que era la residencia oficial del jefe del Estado en Madrid, con la que había una valija permanente. Ambas residencias eran gestionadas por la Casa Civil del Jefe del Estado, y por tanto, sufragadas con fondos públicos. En el juicio, varios testigos dijeron que cada verano acudían a Meirás jardineros, albañiles y pintores del Ayuntamiento de A Coruña para adecentar el pazo. Y los bomberos de la ciudad llevaban agua al depósito de la finca. Suárez no duda de que «el Estado asumió desde 1938, y al menos hasta la muerte de Franco, todos los gastos de mantenimiento e infraestructuras del pazo, y actuó como con cualquier otro bien de su propiedad».

LOS DEMANDADOS. Los abogados Antonio Gil y Luis Felipe Utrera-Molina, que defendían a la familia Franco
LOS DEMANDADOS. Los abogados Antonio Gil y Luis Felipe Utrera-Molina, que defendían a la familia Franco

la muerte de franco

«El Estado se desentiende». ¿Qué ocurrió tras la muerte de Franco, en 1975? El abogado de los Franco, Antonio Gil, lo tiene claro: «El Estado se desentendió del pazo de Meirás, no realizó ningún gasto, designó otros inmuebles como residencias del jefe del Estado, se desentendió de la rehabilitación tras el incendio de 1978, y reconoció [como titulares del bien] a los sucesores de Franco a efectos fiscales y administrativos». Además, la defensa de los Franco niega que las obras, la vigilancia y la llegada de personal de El Pardo a Meirás supusiesen que el Estado era poseedor del pazo. Argumentan que eso ocurría porque el Estado siempre está donde está su jefe. «Si don Francisco Franco Bahamonde, que era el jefe del Estado, decidía celebrar en su residencia estival un Consejo de Ministros, una cena oficial, un encuentro con un mandatario extranjero, o descansar unos días, elementales razones organizativas, logísticas y de seguridad determinaban la presencia del aparato estatal».

44 años sin franco

En manos de los herederos. La defensa de los Franco entiende que desde 1975 y hasta que se presentó la demanda, en el 2019, sus representados «han poseído y dispuesto del pazo durante 44 años como propietarios, de forma pública, pacífica e ininterrumpida, sin ninguna participación, vinculación o injerencia pública estatal». En esa hipótesis, dice el abogado, «los sucesores de Franco habrían consumado igualmente una adquisición dominical por prescripción extraordinaria».

«Personas afectas al régimen hacían visitas casa por casa para recaudar»

«Señoría, pedimos que se haga justicia en este procedimiento, porque no es un juicio político ni histórico. Esto no va de si Franco era bueno, malo o regular». Antonio Gil, abogado de los Franco, al que acompañó Luis Felipe Utrera-Molina, le hizo la petición a la magistrada, Marta Canales, consciente, precisamente, de la repercusión política e histórica del juicio y de la sentencia.

Pero, efectivamente, de lo que se hablaba en el juicio era de derecho, y lo que se debatía era si los nietos del dictador podrán seguir disfrutando el impresionante pazo del que su abuelo «se apropió de forma fraudulenta», como plantea la Abogacía del Estado, representada por Javier Suárez y Adela Álvarez. La recaudación del dinero para comprar el pazo se hizo «en un clima de miedo y desconfianza, en el que se hacían listas de personas, con una sociedad vigilada y bajo sospecha», como aseguró en el juicio Emilio Grandío, profesor de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago.

El letrado del Estado, Javier Suárez, dijo que la suscripción voluntaria para la compra del pazo «fue prácticamente anecdótica y que la financiación tuvo naturaleza coactiva». Aseguró que el gobernador civil ordenó a los alcaldes que formasen comisiones «con personas afectas al régimen, como concejales, curas o maestros, que iban a hacer visitas casa por casa para obtener el dinero. Y no pagar podía suponer un riesgo para su futuro profesional, para su vida social».

Las propiedades de los Franco en Galicia, entre la venta y los juzgados

Las Administraciones quieren recobrar Meirás, la Casa Cornide y dos piezas del maestro Mateo

La familia del dictador ha acumulado palacios, chalés, edificios, fincas, aparcamientos y empresas gestionados por decenas de sociedades distintas. Muchos de esos bienes siguen en manos de sus herederos, hoy sus nietos. Otros han sido ya vendidos. Un destino, la venta, que los Franco intentan buscar para otras de sus propiedades. A pocos meses de cumplirse 45 años de la muerte del patriarca, el futuro de algunas de sus posesiones se dirime en los juzgados. En Galicia están algunos de los bienes más reconocibles del clan. Varios de ellos, en venta. Otros, en los juzgados. Algunos, en ambas situaciones.

Seguir leyendo

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
1 votos
Comentarios

¿De quién será el pazo de Meirás?