El Estado reitera que Franco se apropió del pazo de Meirás de forma fraudulenta

Sostiene que el contrato de compraventa realizado en 1941 fue una simulación

VISTO PARA SENTENCIA. La magistrada Marta Canales tiene que decidir sobre la propiedad del pazo de Meirás. Ayer, jueves, puso fin al histórico juicio que se celebró esta semana en A Coruña
VISTO PARA SENTENCIA. La magistrada Marta Canales tiene que decidir sobre la propiedad del pazo de Meirás. Ayer, jueves, puso fin al histórico juicio que se celebró esta semana en A Coruña

Redacción / La Voz

«Queda visto para dictar sentencia». Con esas palabras cerró ayer la magistrada Marta Canales la última sesión del juicio civil en el que se debate la propiedad del pazo de Meirás a partir de la demanda que presentó el Estado para que el inmueble pase a patrimonio público. La decisión de la jueza, que será histórica, dará la respuesta a las preguntas que se plantearon en el juzgado esta semana: ¿Quién pagó el pazo de Meirás? ¿Tiene validez el contrato de compraventa por el que Franco se hizo con el inmueble? ¿Actuaron de buena fe los herederos del dictador? ¿Fue el Estado el que gestionó el pazo durante 40 años, hasta la muerte de Franco en 1975?

Para Javier Suárez, jefe de la Abogacía del Estado en Galicia, hay pocas dudas de que el pazo de Meirás tiene que ser patrimonio público. En el informe de conclusiones que expuso ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sostuvo que Francisco Franco no llegó a adquirir nunca el pazo de Meirás, «porque sus posibles títulos adquisitivos, la donación de 1938 y la compraventa de 1941, son nulos». Argumentó que el acuerdo de 1938 no es válido por un defecto de forma, y el segundo, tampoco, porque «es una simulación absoluta».

La validez o no de esos títulos es clave. La Abogacía del Estado, que presentó la demanda por la propiedad del pazo hace un año, considera que si esos negocios son nulos, Franco no sería dueño del pazo, y sería la Administración del Estado la que adquirió ese bien por usucapión, que es el derecho de adquisición por uso continuado durante un tiempo que marca la ley. De esa forma sería el Estado el propietario del pazo por medio de un uso continuado durante 40 años para un fin público, que fue ser la residencia oficial de verano del entonces jefe del Estado. Y si no es Franco el propietario, sus nietos tampoco habrían heredado la finca al no tener ningún título válido, «ya que al ser el pazo un bien de dominio público es intransmisible, y en consecuencia cualquier título en virtud del cual pudiesen adquirirlo sería un título nulo».

Para la Abogacía del Estado, los Franco tampoco podrían haber adquirido el pazo por usucapión, porque al ser de dominio público es imprescriptible y porque la ley no admite la desafectación tácita.

El abogado de la familia Franco, Antonio Gil, defendió que el pazo fue siempre una propiedad de Francisco Franco y sostiene que la compraventa realizada en el año 1941 fue completamente legal. El letrado aseguró además que en el juicio se ha demostrado que Franco era quien pagaba los impuestos del pazo y que por eso la propia Administración del Estado le giraba a su nombre los recibos de la contribución urbana. Criticó que a la otra parte no le bastase con eso para demostrar quién pagaba los recibos: «¿Que más se necesita? ¿Un vídeo con Franco pagando?».

¿La donación era a título particular o era para el jefe del Estado?

Demostrar que el pazo era o no un bien público tiene mucho que ver con la consideración que le daba el propio Franco. Es decir, si consideraba que el inmueble que le fue donado en 1938 era para él como persona física o como representante de la Jefatura del Estado. Los abogados del Estado tienen claro que el pazo de Meirás era un bien público porque se le regaló al jefe del Estado para acercar el poder a Galicia.

«La intención que persiguen las partes es que se haga una donación al jefe del Estado con la finalidad de que en A Coruña se establezca la sede oficial de la jefatura del Estado», explica Javier Suárez. «Con los beneficios que eso puede acarrear, no solo a los prohombres de la Junta pro Pazo, sino al resto de los ciudadanos, que podían pensar que al realizar aportaciones, eso les iba a reportar un beneficio directo».

Antonio Gil, que defendió a los Franco en compañía de Luis Felipe Utrera-Molina, que no intervino ningún día, mostró una opinión totalmente contraria. En cada una de las sesiones del juicio insistió en que el pazo le había sido regalado a Francisco Franco como persona física, y que esa era la intención de los miembros de la Junta pro Pazo y de la propia vendedora, Manuela Collantes, nuera de Emilia Pardo Bazán. «No hay ningún documento que diga que el destinatario del pazo no era Francisco Franco Bahamonde», dijo el abogado.

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