Casado propone penas de cárcel y que se impida empadronarse a los okupas

El líder del PP aboga por una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que facilite que la policía pueda intervenir en un máximo de 48 horas

Protesta de vecinos ante una casa okupada en Perillo (Oleiros)
Protesta de vecinos ante una casa okupada en Perillo (Oleiros)

El presidente del PP, Pablo Casado, aboga por una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a la Policía poder echar a los 'okupas' en un máximo de 48 horas.

Casado, que defendió esta propuesta en un acto electoral el miércoles en San Sebastián, recordó que e el Grupo Popular ya ha registrado en el Congreso una proposición de ley «antiokupas» con cinco puntos fundamentales. El primero de ellos sería recuperar el delito de usurpación que lleve aparejadas condenas de uno a tres años de cárcel.

En segundo lugar, los populares quieren que el desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «se pueda hacer en 24 horas o en un máximo de 48 horas», indicó Casado, «dando plena seguridad jurídica a los servidores públicas».

La norma también plantearía «prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas como está pasando ahora». «Es el colmo, se empadronan para recibir ayudas sociales y se empadronan además para que sus legítimos propietarios no les puedan desahuciar ya que se considera al estar empadronados como su morada», enfatizó el presidente del PP.

Pablo Casado también defendió que las comunidades de vecinos «ante comportamientos violentos de los okupas, puedan actuar directamente ante los tribunales», así como que los propietarios que sean personas jurídicas «puedan actuar contra la ocupación». «Esto no solo son fondos de inversión. Hay inmobiliarias, hay pequeños autónomos, que tienen pisos y los tienen registrados como personas jurídicas y hasta ahora no podían a actuar», manifestó. Y aseguró que esa norma contra la ocupación ilegal no afectaría a los desahucios por causas de vulnerabilidad social o económica: «El tema de desahucios hipotecarios por vulnerabilidad social no opera para esto. Todo lo contrario. Mantenemos nuestra propuesta, como hicimos en la última crisis», abundó.

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Un joven espigado que solo infunde miedo porque lleva un cuchillo en el bolsillo salió a la calle esta semana, insultó a un vecino, amenazó a otro y se paseó por el barrio silbando y gritando «aquí estoy yo». Sin armas, cuentan que sería tan peligroso como un jilguero. Pero con ellas «es un peligro». Aseguran los vecinos de Palavea que les dice que les va a «arrancar la cabeza», que les va a «quemar la casa». Junto a otro okupa con el que domina el número 56 de la calle Bustos, hace la vida imposible a los vecinos desde hace seis meses, cuando llegaron a uno de los edificios de una promotora que quebró en la crisis del 2008 y que desde entonces está ocupado. «En las viviendas siempre hubo gente y pasaron cosas, como incendios y otros destrozos», pero nunca se llegó a lo que hicieron con Elena, una de las vecinas amenazadas, que les tiene miedo pero no el suficiente como para dejar de asistir a las concentraciones que los residentes de Palavea realizaron en las últimas semanas para exigir que se vayan.

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