La escuela concertada se queda sin ayudas para compensar el covid-19

La propuesta del Gobierno para el acuerdo de reconstrucción indica que los 2.000 millones previstos para las escuelas se limitarán a «la educación pública de gestión directa»

Votación en el grupo de trabajo de Políticas Sociales dentro de la comisión de Reconstrucción
Votación en el grupo de trabajo de Políticas Sociales dentro de la comisión de Reconstrucción

Redacción / La Voz

El grupo de trabajo de Políticas Sociales dentro de la comisión de Reconstrucción rechazó las enmiendas de Ciudadanos, JxC y PP para que el dinero dedicado a la educación tras el covid —2.000 millones de euros— se reparta también entre los centros concertados. Así, se mantiene el texto que PSOE-Unidas Podemos llevó a la comisión y que dice expresamente: «Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa».

 «El documento sirve para fortalecer lo público, cuyos recursos y servicios sirven de protección a toda la población, y eso es un consenso social»

Fueron Marisa Saavedra (Unidas Podemos) y la exministra María Luisa Carcedo (PSOE) las que defendieron la limitación del dinero para la escuela pública en que «el texto en que el documento sirve para fortalecer lo público, cuyos recursos y los servicios sirven de protección a toda la población, y «eso es un consenso social», según Saavedra; Carcedo por su parte recordó que «España es el país de Europa con más centros concertados; lo de perseguir a la concertada, dígaselo a otros países», y apuntó que una cosa es «la responsabilidad de las instituciones públicas» y otra la situación de los alumnos particulares, que tienen todos los derechos; «no mezclemos conceptos». Finalizó recordando que la educación pública es la que no segrega por razón de sexos, o de capacidad económica y por eso «es lo que necesita este país en equidad e igualdad de oportunidades».

«La que ha garantizado el acceso a la educación en condiciones de equidad es la escuela pública»

El Gobierno contó con el apoyo expreso de Inés Sabanés (Más País), quien consideraba que la ideología no tiene nada que ver con la apuesta por la red educativa pública: «La que ha garantizado el acceso a la educación en condiciones de equidad es la escuela pública. No es una cuestión ideológica».

De esta manera respondían a las críticas de PP, Ciudadanos y UPN, así como a la mención de JxC, de que el articulado «es un ataque directo a la libertad de elección que pueden y deben tener los padres reconocidos en la Constitución», en palabras de Rosa María Romero (PP).

«Creen que hay 2 millones de niños que son ricos y van a la concertada y el resto son pobres y van a la pública»

Carlos García Adanero (UPN) consideró que «el sectarismo del que ha hecho gala el Gobierno no tiene limites» y que ha sido «una indecencia traer este ataque a la concertada». Según apuntó, el Gobierno cree que «hay 2 millones de niños que son ricos y van a la concertada y el resto son pobres y van a la pública», cuando hay una oferta compleja, con centros concertados «religiosos y otros no, hay ikastolas», hay libertad de opción. Para UPN «si no se elimina este punto, entendemos que no hay interés por el acuerdo, porque es una provocación que tiene como único objetivo que partidos políticos como el nuestro que no puedan apoyar las conclusiones».

«¿Merecen más protección unos alumnos frente a otros?»

Algo parecido dijo antes Ciudadanos que, en boca de Sara Giménez «el consenso no está impregnando el documento que se nos pone encima de la mesa». Giménez explicaba que la propuesta demuestra «sectarismo e ideologización» y propone «proteger más la escolarización pública» que la concertada. La comisión de reconstrucción, explicaba la diputada, debería «identificarnos con la realidad de todas las familias» por lo que se pregunta si «¿merecen más protección unos alumnos frente a otros?» y si «es este el debate en que nos tenemos que introducir».

«No es tan natural que se pretenda cerrar aquí algunos debates que no se han podido cerrar en otros lugares»

Sergi Miquel (JxC) defendió que el texto tenga cuestiones ideológicas porque eso es la política, pero entendió que «no es tan natural» que se «pretenda cerrar aquí algunos debates que no se han podido cerrar en otros lugares»; es la cuestión del modelo educativo (escuela pública frente a privada) y que debería haberse tratado en el pacto social o en la próxima ley. El grupo catalán presentó en ese sentido alguna enmienda. Y Miquel destacó que el documento del Gobierno «riza el rizo» uniendo la cuestión competencial con la ideológica «al decir a las administraciones autonómicas lo que tienen que hacer en el reparto en materia educativa», un «doble pecado» que no acepta JxC. 

Texto del documento sobre educación

  • 18.1. Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa.
  • 18.2. Ampliación de recursos del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y mejora de los derechos laborales de sus profesionales. Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes.
  • 18.3. Universalización del acceso a la educación infantil 0-3 años en condiciones de equidad. Elaboración de un plan de extensión con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para los menores de 3 años. El sistema de educación infantil universal será de carácter gratuito y público, y se regirá por criterios de calidad, incrementando la tasa de cobertura a la vez que aumentando la ratio alumno/personal.
  • 18.4. Aumentar profesionales especialistas en los centros ordinarios (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, trabajadores sociales y otras figuras) en centros con alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y dificultades de aprendizaje.
  • 18.5. Luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión. Apoyo a los planes específicos de las comunidades autónomas dirigidos a potenciar los dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras y reforzar a los centros educativos con alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o de minorías, para mejorar su calidad, resultados y atractivo.
  • 18.6. Reforzar los programas de enseñanza on-line y la distribución de equipos digitales a los estudiantes que carecen de ellos o no disponen de material digital suficiente para realizar un seguimiento adecuado de actividades educativas en condiciones de limitación de la enseñanza presencial. Preparar a los docentes para llevar a cabo esta instrucción digital y una supervisión tutorial de los alumnos a distancia. Reforzar la presencia de estas competencias en el currículo educativo del alumnado en todos los niveles educativos.
  • 18.7. Apoyar a las Administraciones educativas en el diseño para el curso 2020-2021 de planes de recursos para los colegios de máxima complejidad, para que puedan incrementar las dotaciones de los equipos de personal docente y no docente que puedan llevar a cabo el seguimiento de aquellos alumnos y familias que requieran de un apoyo social y emocional más intensivo. Consensuar, en el marco de la Conferencia Sectorial, un plan de choque de inicio del curso escolar 2020-2021 con las comunidades autónomas y la comunidad educativa con medidas y acciones específicas para detectar las desigualdades que se hayan podido generar como consecuencia del COVID-19 y revertirlas.
  • 18.7.1. Impulsar un plan de formación permanente y continua al profesorado para garantizar su competencia digital y su capacidad para hacer frente a escenarios de actividad educativa no presencial.
  • 18.7.2. Impulsar medidas para que las familias en situación de vulnerabilidad dispongan del equipamiento tecnológico necesario (hardware y software) así como fomentar la capacitación digital del alumnado y sus familias para dar respuesta a la brecha digital.
  • 18.7.3. Impulsar por parte de las Administraciones educativas los costes indirectos de la enseñanza obligatoria (libros de texto, material escolar, transporte, comedor...) que pueden dificultar el acceso a la educación del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica hasta conseguir su gratuidad.
  • 18.7.4. Fomentar, de forma coordinada con las comunidades autónomas y otras Administraciones públicas, las actividades educativas extraescolares como pieza clave para hacer frente a los efectos emocionales de la crisis y revertir las desigualdades educativas generadas.
  • 18.7.5. Establecer medidas contra el acoso y el ciberacoso, especialmente por motivos de discapacidad, de orientación sexual, y de identidad de género

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S. Carreira

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