La posibilidad de ocupar todos los asientos alivia la asfixia económica de estas empresas
10 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La reducción prácticamente a cero de la movilidad y la limitación a un tercio del aforo durante los momentos álgidos del confinamiento fueron dos circunstancias que supusieron la asfixia económica del sector del transporte por carretera en Galicia, donde el minifundismo empresarial sigue siendo habitual pese a la concentración de empresas que hubo en los últimos años. El fin del transporte escolar en Galicia -y su versión compartida- también supuso un golpe a las finanzas de estas empresas, muy dependientes de las aportaciones de dinero de este servicio, en una comunidad que es la que cuenta con más rutas escolares.
La nueva orden publicada ayer en el DOG por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que será el departamento que deberá tutelar este sector a partir de ahora -las comunidades autónomas asumen ahora poderes que cede el Gobierno central-, permitirá la ocupación de todos los asientos en los autobuses, aunque se recomienda que se procure «a máxima separación entre as persoas usuarios cando o nivel de ocupación o permita». En realidad este avance solo se puede producir manteniendo la obligatoriedad de la mascarilla durante los trayectos en autobús.
En aquellos vehículos que tengan autorizadas plazas de pie, principalmente los urbanos, también se recomienda la ecuación de la máxima distancia posible, aunque la referencia de la ocupación es de dos viajeros por metro cuadrado. Esto implica indirectamente una reducción del aforo en estos vehículos, que dependiendo del tipo podrán ofertar entre un tercio y un cuarto de las plazas para viajar de pie. La Xunta recomienda también efectuar los pagos con dispositivos electrónicos, como la tarjeta TMG.
La idea es garantizar la seguridad sanitaria y, al tiempo, colaborar para que el sector del transporte de viajeros por carretera empiece a levantar cabeza. Las ayudas públicas también serán una fuente de financiación para reflotar el sector. El Gobierno central prepara un fondo de 800 millones para ayudar a estas empresas, principalmente a las del transporte urbano.
