Las autopistas no serán compensadas por la bajada de tráfico durante la crisis

Un informe de la Abogacía del Estado aclara ahora que no tienen derecho a reclamarlo

Imagen del puente de Rande sin un solo vehículo por efecto del confinamiento
Imagen del puente de Rande sin un solo vehículo por efecto del confinamiento

redacción / la voz

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado ante las múltiples dudas que suscitan las eventuales compensaciones que las administraciones deben habilitar para los adjudicatarios de distintos contratos y las concesionarias de autopistas ante las pérdidas que estos puedan tener debido a las prescripciones del estado de alarma. En el caso de las autopistas como la AP-9, el decreto ley del 17 de marzo otorga en determinadas circunstancias a las empresas concesionarias el derecho a ampliar el período de la concesión en un 15 % y una compensación «por pérdida de ingresos» que podría habilitarse subiendo los peajes o con aportaciones públicas directas.

Esta opción provocó una gran inquietud en las comunidades autónomas como Galicia que cuentan con autopistas autonómicas concesionadas o con peajes en sombra. La propia conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, pidió al departamento que dirige José Luis Ábalos que se aclararan jurídicamente las dudas sobre este eventual proceso indemnizatorio que acarrearía importantes desembolsos para las arcas públicas o perjuicios sobre los usuarios. Así que de estas y otras dudas sobre el artículo 34 de aquel decreto surgió el dictamen jurídico aclaratorio firmado por la abogada general del Estado, la gallega Consuelo Castro Rey.

En este informe, al que ha tenido acceso La Voz, se concluye que la reducción en el número de vehículos que circula por la autopista o autovía, «y la consiguiente disminución de ingresos de la concesionaria, no dan derecho al reequilibrio económico de la concesión», se asegura en el documento. Un análisis que surge del estudio de los cambios posteriores en el cuestionado artículo y de la propia interpretación jurídica de la Abogacía General del Estado ante posibles reclamaciones cuando termine el estado de alarma, algo que temen todas las administraciones con contratos concesionados, entre ellas la Xunta, que ya se enfrenta ya a peticiones en este sentido.

El dictamen de la Abogacía del Estado establece que estas compensaciones solo se aprobarían «si el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato». «No existe imposibilidad de ejecutar el contrato -se insiste en el informe- si la autopista o autovía mantienen las condiciones que les permiten seguir abiertas al tráfico de vehículos y este sigue estando legalmente permitido». Dicho de otro modo: solo un bloqueo total de la autopista para restringir totalmente la movilidad daría lugar a esta indemnización. Es decir, lo opuesto a la interpretación que las administraciones y el sector hizo cuando se publicó la normativa inicial.

Aunque las administraciones están obligadas a garantizar el equilibrio económico de estas concesiones según la normativa general, la Abogacía del Estado alega que el decreto «no permite que, mediante la aplicación de las normas generales sobre reequilibrio de concesiones, se acaben renegociando los contratos de concesión», lo que en principio complicaría posteriores reclamaciones posteriores amparándose en la ley de concesiones. Este criterio es el que parece que va a prevalecer cuando las administraciones reciban las eventuales reclamaciones.

La Xunta afronta peticiones por la autovía de Barbanza y de empresas de autobuses

 

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade siempre mantuvo que no debería haber obligación de compensar a las empresas por las bajadas de tráfico, pues en muchos casos se trata de períodos concesionales muy largos que hay que analizar en su conjunto y no en la coyuntura del momento, con restricciones temporales de la movilidad. Es decir, sus pérdidas por ingresos podrán compensarse con la evolución de la intensidad media diaria de vehículos cuando termine la crisis sanitaria. Evidentemente, la conselleira Ethel Vázquez no escondía su temor a tener que realizar desembolsos extraordinarios en unos presupuestos autonómicos volcados ya en la gestión de la crisis.

Concesionarias como Sacyr, que gestiona la autovía autonómica de Barbanza con peaje en la sombra, ya ha solicitado formalmente una compensación al Ejecutivo autónomo. Algo similar hicieron las cuatro federaciones del transporte de viajeros por carretera, en una situación crítica también por la restricción de la movilidad, que buscan acogerse a la posibilidad que da el decreto de aumentar en un 15 % el tiempo que fue fijado cuando se firmó el contrato concesional.

Por otra parte, la Xunta ha reactivado 10 actos expropietarios en la segunda quincena de junio para desbloquear las inversiones en obras públicas, que ahora mismo corresponden a más de 40 millones de euros, 14,3 aportados por el Gobierno gallego.

Indignación por la compensación a las autopistas que ingresen menos

c. punzón
Imagen de archivo de la zona de peaje en Macenda
Imagen de archivo de la zona de peaje en Macenda

Transportistas, autónomos y usuarios exigen que Audasa no obtenga réditos de la actual crisis

La decisión del Gobierno central de compensar a las concesionarias de autopistas que recauden menos en peajes por las restricciones a la movilidad impuestas por el plan contra el coronavirus ha hecho saltar como un resorte a distintos colectivos de usuarios de los viales de pago. «Indignación» es el término común que emplean al entender que otros muchos sectores no cuentan con ese nivel de protección que se otorga a los gestores de las autopistas y autovías con peaje en sombra, los que pagan las administraciones en lugar de los usuarios.

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