La Xunta analiza si es legal el reparto de fondos sociales que plantea Madrid

Fabiola García avanza que hará una consulta jurídica sobre su constitucionalidad

La conselleira Fabiola García, en una sala de San Caetano, durante una videoconferencia.
La conselleira Fabiola García, en una sala de San Caetano, durante una videoconferencia.

redacción / la voz

El miércoles, tras participar en una reunión por videoconferencia con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, la conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, ya mostró su disconformidad con el reparto propuesto por el Gobierno central de los fondos correspondientes al 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En esa misma propuesta se planteaba también un procedimiento excepcional para subvencionar actividades de interés social con cargo al Impuesto de Sociedades. Ayer, García avanzó que la Xunta hará una consulta jurídica sobre la constitucionalidad de este reparto.

Política Social explica que se trata de unas ayudas nuevas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado del 2018. Son 34 millones de euros que la Vicepresidencia de Derechos Sociales, dice la Xunta, quiere distribuir de forma directa. Sin embargo, «o Tribunal Constitucional confirmou no 2017 que o reparto dos fondos do 0,7 % do IRPF son unha competencia autonómica, polo que a Xunta consultará se esta xurisprudencia é compatible coa proposta de que as axudas con cargo ao 0,7 % do Imposto de Sociedades sexan xestionadas directamente», explicó ayer la conselleira.

Además, Fabiola García recordó que, en la propuesta que presentó el Gobierno central, Galicia y otras tres comunidades autónomas reciben, tal como denunció el miércoles, un trato «once veces peor que todas as demais comunidades». En este aspecto, la consellería explicó que a todas las comunidades se les incrementa la asignación por encima de un 11 % menos a Galicia, Madrid, Cataluña y Castilla y León, que perciben solo un 0,9 % de crecimiento, el correspondiente a la inflación.

Fabiola García trasladó ayer esas cuestiones a las entidades sociales que forman el comité de seguimiento del 0,7 % del IRPF: EAPN-Rede Galega contra a Pobreza, CERMI-Galicia, que agrupa a las principales entidades de personas con discapacidad, la ONCE, Cruz Roja y Cáritas.

Fuentes de Derechos Sociales consultadas ayer por La Voz explicaban que el miércoles tuvo lugar una reunión entre la secretaría de Estado de Derechos Sociales y las consejerías de las comunidades autónomas «para compartir puntos de vista, entre otras cuestiones, sobre la financiación del Tercer Sector de Acción Social», el que se refiere a organizaciones privadas sin ánimo de lucro y con fines sociales. La próxima semana, explican estas fuentes, se someterá a la consideración del Consejo Territorial un acuerdo final que esperan «que concite un elevado consenso». En todo caso, aseguran que la propuesta para el reparto de los fondos del 0,7 % del IRPF «se basa en criterios objetivos y actualizados, acordados por la mayoría de las comunidades autónomas».

Entre esos criterios objetivos en los que se ampara Derechos Sociales figuran, según explican esas mismas fuentes, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social y la población ajustada. En cualquier caso, añaden que se ha corregido para asegurar que la cantidad recibida por todas las comunidades aumente, incluso aunque una aplicación estricta de estos criterios daría lugar a que para alguna de ellas la cantidad final se redujese con respecto a la del ejercicio anterior. «Por otro lado, y como no podía ser de otra forma, se manifestó de forma explícita que todas estas decisiones respetan el reparto competencial y las sentencias del Tribunal Constitucional», aseguran.

Esta no es la primera discrepancia entre la Consellería de Política Social y el Gobierno central por el reparto de fondos a las comunidades. A finales de marzo, la conselleira lamentaba que desde Madrid se redujese en ocho millones la aportación que le correspondía a Galicia en el fondo social extraordinario habilitado a raíz de la crisis del coronavirus. La Xunta argumentaba entonces que, según el criterio de reparto anunciado inicialmente, a Galicia le corresponderían en torno a 25 millones de euros, que se redujeron a 17.

Fuentes de Derechos Sociales dicen que la propuesta se basa en criterios objetivos y actualizados

233 millones de euros, de los que Galicia percibirá 14

Según la propuesta presentada el miércoles a las comunidades por la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias, se repartirán 233 millones de euros entre todas ellas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con cargo al 0,7 % del IRPF. De esa cantidad, a Galicia le corresponden catorce millones. Es un incremento, como explicaba la conselleira de Política Social, del 0,9 % con respecto al año anterior, 125.000 euros más.

En cambio, según ese mismo documento, el incremento de la cantidad total que se va a repartir entre las comunidades es de un 8,6 %, y en Extremadura llega al 18 %, Canarias o Cantabria, al 16 %, o Asturias al 15 %. Como explicaba Fabiola García, solo Castilla y León, Madrid, Cataluña acompañan a Galicia a la hora de compartir esa subida del 0,9 %, la más baja. De hecho, ese incremento es el mínimo establecido en esa misma propuesta, en la que se recoge que todas las comunidades aumentarán los fondos al menos el porcentaje correspondiente a la inflación, aunque según los criterios de reparto les correspondiese menos.

En cuanto a esos criterios, se han tenido en cuenta un total de trece. El de mayor peso, en concreto un 50 %, es la tasa Arope, un índice que mide el riesgo de pobreza y exclusión social. El segundo criterio a la hora de elaborar el baremo es la población, cuyo peso en el total está un poco por encima del 12 %. La población dependiente y la dispersión son otros de los factores de peso en la distribución de fondos, con algo más de un 11 %. El resto de los criterios que se tienen en cuenta tienen un menor peso. El siguiente es la superficie, un 4,5 %, y le sigue la tasa de envejecimiento, un 3,5 %.

Además del reparto económico, el documento incluye una serie de medidas para flexibilizar estas subvenciones dirigidas a entidades sociales, teniendo en cuenta que muchas de ellas no podrán cumplir con los programas inicialmente previstos debido a las circunstancias extraordinarias que ha generado la pandemia. También prevé que se aceleren los procesos para que los fondos lleguen cuanto antes a los destinatarios para «que puedan atender las necesidades del momento».

La Xunta denuncia que el reparto del 0,7 % social del IRPF perjudica a Galicia

La Voz
Fabiola García es la conselleira de Política Social
Fabiola García es la conselleira de Política Social

Recibirá apenas un 1 % más de fondos, cuando en tras comunidades sube hasta el 11 %

La conselleira de Política Social, Fabiola García, advirtió ayer que el reparto propuesto por el Gobierno central de los fondos correspondientes al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) discrimina a Galicia. Concretamente, dijo, es «once veces peor para Galicia que para as demais comunidades autónomas». Según denuncia, la mayor parte de las ayudas sociales que se distribuyen con cargo a la casilla social del IRPF son gestionadas por las autonomías, pero en el reparto que propone el Gobierno central, «a todas as comunidades autónomas se lles incrementa a asignación por encima dun 11 %, menos a Galicia, Madrid, Cataluña e Castela e León, que perciben só un 0,9 % de crecemento». En el caso gallego, pasaría de 13.906.747,46 euros en el 2019 a 14.031.908,19 este 2020. Fabiola García mostró la disconformidad de Galicia con esta distribución en una reunión por videoconferencia mantenida ayer con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez. Consultado por esta denuncia, el Gobierno evitó contestar.

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