Recibirá apenas un 1 % más de fondos, cuando en tras comunidades sube hasta el 11 %
07 may 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La conselleira de Política Social, Fabiola García, advirtió ayer que el reparto propuesto por el Gobierno central de los fondos correspondientes al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) discrimina a Galicia. Concretamente, dijo, es «once veces peor para Galicia que para as demais comunidades autónomas». Según denuncia, la mayor parte de las ayudas sociales que se distribuyen con cargo a la casilla social del IRPF son gestionadas por las autonomías, pero en el reparto que propone el Gobierno central, «a todas as comunidades autónomas se lles incrementa a asignación por encima dun 11 %, menos a Galicia, Madrid, Cataluña e Castela e León, que perciben só un 0,9 % de crecemento». En el caso gallego, pasaría de 13.906.747,46 euros en el 2019 a 14.031.908,19 este 2020. Fabiola García mostró la disconformidad de Galicia con esta distribución en una reunión por videoconferencia mantenida ayer con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez. Consultado por esta denuncia, el Gobierno evitó contestar.
La titular de Política Social adelanta que la Xunta «fará o que sexa necesario» para que el reparto de estos fondos sea justo con Galicia y advierte al Gobierno que no se debe aprovechar esta crisis para castigar a unas comunidades y premiar a otras, porque los perjudicados -añade- son las entidades sociales y los ciudadanos. Frente al 0,9 % de incremento para Galicia, la media estatal de subida de estas ayudas es del 8,6 %.
La consellería asegura que se trata de la segunda vez que el Gobierno central reduce la asignación a Galicia de una ayuda social durante esta pandemia. La primera, explicó, se produjo a la hora de asignar fondos extraordinarios para el Plan Social de Continxencia de la Xunta. Entonces, subraya la Xunta, se redujo la aportación a Galicia de 25 millones a 17 millones, un 32 %.
Durante la videoconferencia mantenida ayer, el secretario de Estado también trasladó a los representantes de las comunidades, según traslada la Xunta, que las nuevas ayudas sociales con cargo al Impuesto de Sociedades (establecidas en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018) no serán gestionadas este año por las autonomías, sino directamente por la Vicepresidencia de Derechos Sociales a cargo de Pablo Iglesias. Un anuncio que tampoco gustó en Santiago.
A este respecto, la conselleira recordó que el Tribunal Constitucional avala que estas ayudas sociales directas (como las correspondientes al 0,7 % del IRPF) son competencia de las comunidades autónomas, por lo que ve «incomprensible» que el Gobierno central aproveche la situación actual para asumir la gestión de las mismas.
Fabiola García también aprovechó la reunión para solicitar a la Vicepresidencia de Derechos Sociales «un calendario claro e pactado co Ministerio de Sanidade» para la aplicación de la desescalada tanto en los centros de servicios sociales como los centros de día, los centros de discapacidad y los campamentos de verano.
De 25 a 17 millones en los fondos extraordinarios habilitados por el coronavirus
No es la primera vez que surgen discrepancias entre la Consellería de Política Social y el Gobierno a raíz de las videoconferencias que, a raíz de la crisis del coronavirus, mantienen ambas partes. Ni es la primera vez tampoco que esas diferencias tienen origen en la distribución de fondos entre comunidades y la parte que corresponde a Galicia en ese reparto. A finales de marzo, en una reunión de este tipo, Fabiola García también mostró su disconformidad con el trato dispensado a la comunidad.
En aquella ocasión, que aprovechó para recordar, la conselleira lamentó que el Gobierno central redujese en ocho millones la aportación que le correspondía a Galicia dentro del Fondo social extraordinario habilitado para el coronavirus. La Xunta indicaba entonces que, según el criterio de reparto que se había anunciado inicialmente, a Galicia le corresponderían en torno a 25 millones de euros, pero en la distribución definitiva esa asignación se redujo hasta los 17 millones.
En aquel momento, Fabiola García reprochaba a Iglesias el «escaso peso» que se le había dado a factores que Galicia considera fundamentales para definir el coste de los servicios sociales, como son el envejecimiento o la dispersión poblacional.