El sector inmobiliario pide al Gobierno que aclare si empadrona okupas en las viviendas asaltadas


vigo / la voz

Una modificación en la normativa que deben de cumplir los ayuntamientos al confeccionar los padrones de habitantes de cada municipio, se ha convertido en objeto de disputa política y está generando incertidumbre entre el sector inmobiliario ante la acción de los okupas.

La norma dictada por el Ministerio de la Presidencia conserva inalterable la obligación de los ayuntamientos de empadronar a las personas con infraviviendas o sin domicilio, y en general a todo el mundo «independientemente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda». Ese extremo lleva a incluir a un okupa en los listados del padrón aunque se haya interpuesto una denuncia contra el asalto de la propiedad que habite o lo sea por dejar de pagar un alquiler o hipoteca. Pero lo que ya se incluía en la norma del padrón en el 2015, con Gobierno de Rajoy, y en 1997, con José María Aznar, se ha convertido en motivo de crítica por parte del PP y Vox en su reedición.

Las empresas inmobiliarias de Galicia le han remitido una carta al delegado del Gobierno en la comunidad, Javier Losada, para que clarifique si los okupas son validados en la confección del padrón municipal por encima del derecho a la propiedad privada de los propietarios de las viviendas asaltadas.

La nueva publicación de la normativa para la elaboración del padrón se produce como consecuencia de una sentencia fallada en favor de Cáritas que establece que los menores de 14 años extranjeros no tienen que presentar para empadronarse una documentación diferente a la de los niños españoles. Con el certificado de nacimiento o el libro de familia será posible empadronar a los menores, sin necesidad de pasaporte o Número de Identidad de Extranjero. El resto de la normativa de empadronamiento se mantiene invariable, pero su reedición ha impulsado la polémica que las empresas inmobiliarias de Galicia creen que necesita ser clarificada.

Contra una renta a okupas

Entiende la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias que la inseguridad jurídica ha ido en aumento en los últimos años para los propietarios de viviendas e inmuebles, al tiempo que no estiman adecuado que el empadronamiento de okupas conlleve después la percepción de una renta vital para los que okupan propiedades y menoscaban el derecho a los bienes privados.

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