Los investigadores privados se quedaron sin trabajo en el confinamiento y no saben qué pasará en la desescalada
04 may 2020 . Actualizado a las 16:42 h.«Estaba aseado, limpio, afeitado y sereno, y no me importaba que se notase. Era todo lo que un detective privado debe ser». Esta frase de Philip Marlowe en El sueño eterno pertenece a esa mitología del subconsciente colectivo, donde estos profesionales están dibujados con trazos literarios o cinematográficos difíciles de borrar. Pero su vida real es más prosaica, sin que eso signifique que no sea interesante e incluso morbosa. Tal vez por ese halo mítico una de las clientas de Marlowe le espeta en un momento determinado esta frase: «Así que usted es un detective... No sabía que existiesen realmente». Algo parecido a esto les ha pasado durante el estado de alarma a estos profesionales de la investigación. No existieron.
«El detective de nuestros días está muy alejado de esa imagen cinematográfica», aclara Xavier Jove, presidente del Colegio Oficial de Detectives de Galicia. «Ahora tenemos una actividad reglada, amparada por una legislación. Nuestro día a día es recabar datos para la obtención de pruebas», explica. De esa imagen legendaria, ironiza, solo quedaría que los horarios «no existen». «Pero también que observas desde otro prisma los comportamientos de las personas, las ves más naturales al no sentirse observadas. Y muchas veces te sorprendes con el resultado de una investigación».
Están acostumbrados a trabajar en una cierta penumbra, en un escenario de discreción permanente. Pero durante la crisis del covid-19 se han convertido en invisibles. O más bien el Gobierno los ha instalado en la invisibilidad. Mientras que consideraba como un servicio esencial un amplio sector de la seguridad privada, los detectives se quedaron en un limbo, pese a que sus colegios profesionales están convencidos de que su experiencia es clave en el control de ciertos comportamientos ilícitos durante el estado de alarma. Y para seguir defendiendo su mantra de cabecera: «Los derechos fundamentales de nuestros clientes».
En los colegios profesionales del sector no se entiende bien qué pasó, por qué el Gobierno no los tuvo en cuenta. «No son conscientes de nuestra formación reglada y universitaria, la experiencia y utilidad de nuestro colectivo a la hora de recabar información», dice el presidente de los detectives gallegos, que no entienden por qué el sector de la seguridad privada sí continuó trabajando y ellos no. «Desconocemos el motivo por el que no son taxativos al darnos esa información. Pertenecemos a la seguridad privada tal y como recoge la ley, y dependemos directamente del Ministerio del Interior». Esa misma ley reconoce, en su preámbulo, que los detectives pueden prestar un servicio de apoyo a la seguridad pública. El problema es que en el proceso de desescalada tampoco tienen claro cuándo van a poder trabajar a pleno rendimiento.
Trabajar en la calle
En Galicia hay entre 60 y 70 detectives. En toda España son unos 3.000. Y todos ellos se han quedado inactivos desde que se decretó la alarma sanitaria. Tal vez porque el grueso de su trabajo se desarrolla en la calle, a través de la observación y las relaciones públicas. La vuelta a los paseos con limitaciones podría servir para que pudieran seguir con su trabajo, siempre de forma precaria. Pero podrían volver a seguir el hilo por donde lo habían dejado. Quizás no sean muchos, pero los efectos de que no puedan hacer su trabajo afecta a la vida de la gente, a veces para bien, y otras para no tan bien si se cae del lado del investigado.
Los detectives denucian graves irregularidades en la custodia de menores
Durante este tiempo podrían haberse ocupado de asuntos como las fugas de información confidencial, los alzamientos de bienes, bajas laborales con enfermedades ficticias, solicitudes fraudulentas de ERTE, estafas al seguro o distintas conductas en el ámbito familiar que podrían ser calificadas de irresponsables. De hecho, en un comunicado reciente de los colegios profesionales se aseguraba que los detectives siguieron recibiendo llamadas de sus clientes a pesar del estado de alarma. Aducían que estas personas se veían indefensas pues, al amparo de la crisis del covid-19, se produjo un cierto aumento de la picaresca en un contexto de cierta impunidad.
Los detectives cuentan que tanto padres como abogados de familia les transmitieron estos días su preocupación por la «falta de control» de los regímenes de custodia de hijos de padres separados, «a menudo al cuidado de personas de grupos de riesgo, como los abuelos», explican. Detectar esta mala praxis durante el confinamiento sería una labor que solo los detectives podrían realizar.
Ahora esperan que el Ministerio del Interior les aclare su futuro inmediato. «Tenemos claro que deberíamos trabajar. Queremos que el ministerio nos dé una respuesta clara y fundamentada», pide Xavier Jove, que como sus compañeros quieren salir ya del confinamiento laboral. «Será duro remontar», concluye.