Vivenda ve peligrar 3.000 empleos si se frenan los planes de rehabilitación

Juan María Capeáns Garrido
juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

ALBERTO LÓPEZ

Tratará de preservar los programas y acatar la orden de las ayudas al alquiler

16 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

La Consellería de Medio Ambiente está intentando conciliar la convivencia entre el mantenimiento de sus programas de vivienda y el cumplimiento con el decreto del Gobierno de España del 31 de marzo, que obliga a las comunidades autónomas a gestionar y tramitar una serie de ayudas directas al alquiler y a través de créditos para las familias más vulnerables que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria.

El problema, como casi siempre, es de dinero. El Ministerio de Agenda Urbana fijó unos criterios para el acceso a esas subvenciones y dotó el plan con cien millones de euros, de los que 5,7 le corresponden a Galicia. Conscientes de que ese reparto es insuficiente, el departamento que dirige José Luis Ábalos le indicó a las comunidades que debían complementar ese fondo con el dinero que anualmente y de forma periódica entrega el Estado para los planes de vivienda.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), el organismo que gestiona una asignación que ronda los 40 millones de euros, ya ha advertido que solo podrá desviar para ese fin de urgencia 1,2 millones, porque el resto o están ya comprometidos o en fase de adjudicación, con pocas posibilidades de vuelta atrás. «Son, en su gran mayoría, programas para fomentar la rehabilitación, que acaparan un 70 % del total», advierte Heriberto García Porto, director xeral del IGVS. Esa partida no tenía un destino definido, y en condiciones normales se utilizaría para aumentar el alcance de los planes más exitosos que agotan las existencias, en ocasiones en cuestión de horas.

«No queremos interrumpir ninguna línea, porque frenar los planes de rehabilitación de viviendas generaría un problema que iría más allá de un año: se perderían licencias de obras que iban a comenzar y provocaría inseguridad entre propietarios y comunidades que tienen planificadas actuaciones en función de unas ayudas públicas que acaban movilizando mucho dinero privado, hasta un 65 % más», indica el directivo autonómico.

Pero el mayor desatino que aprecia García Porto es la incidencia que tendría en el marco del empleo laboral. La rehabilitación se considera uno de los campos que mayor retorno de empleo genera por cada millón invertido, y el perfil más habitual es el de los autónomos y pequeñas empresas con una plantilla que rara vez supera las diez personas. «Detener los programas de la Xunta afectaría a entre 2.500 y 3.000 empleos», advierte, lo que supondría dejar sin ingresos a los trabajadores. «Se quiere ayudar a las familias más vulnerables y lo que se hace es generar más familias vulnerables», reflexiona.

Otro aspecto para el que han pedido explicaciones al Gobierno central tiene que ver con la prioridad de las ayudas. Por un lado, el Ministerio establece unas líneas de crédito del ICO para que las familias puedan responder por medio año de alquiler y abonar las cantidades aplazadas en una década. Pero a la vez están las ayudas directas, con las que, según la orden del BOE, se puede apoyar directamente con hasta 900 euros a las familias que hayan visto mermados sus ingresos por la crisis sanitaria. El Gobierno no ha activado todavía esos créditos rápidos, y lógicamente los ciudadanos están preguntando ya por las ayudas directas, cuando la Xunta todavía tiene muchas dudas para activarlas. «¿No sería más lógico destinar las ayudas al que no puede asumir esos créditos?», se pregunta el director del IGVS.

20.000 obreros en casa

Las pulgas en el sector de la rehabilitación también han sorprendido a empresarios y empleados este lunes, al conocer que no podrían retomar los trabajos a ejecutar en los inmuebles habitados. La conselleira Ángeles Vázquez mantuvo un encuentro con representantes de la construcción y los contratistas, que calcularon que unos 20.000 personas se habían quedado en casa por esta decisión que se tomó el domingo y que previsiblemente generará otro aluvión de expedientes de regulación temporales.