La Xunta y el sector de la vivienda rechazan derivar fondos al Estado

Juan María Capeáns Garrido
juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

OSCAR CELA

Advierten que están en juego 3.000 empleos y planes que ya ayudan a las familias

14 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta y los principales agentes del sector inmobiliario en Galicia creen que el Gobierno de España está haciendo un pan con unas tortas al reorientar los fondos del Plan de Vivenda que reciben las comunidades para insuflar dinero en un programa propio para complementar las ayudas a las familias que pudieran atravesar situaciones más delicadas, tal como quedó reflejado por decreto el pasado 31 de marzo.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está informando a los distintos colectivos sobre la dimensión de esta decisión, que a su juicio no alcanzará su objetivo por un doble motivo, según compartió con la decana del Colexio de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia. Para Ángeles Vázquez, la reasignación se produce sobre unas partidas que en buena medida ya estaban adjudicadas o en proceso, por lo que la cantidad que podría aportar la comunidad gallega al fondo estatal rondaría los 1,2 millones de euros, un 5 % del total. El 95 % restante ya está consignado en convocatorias publicadas o en plena tramitación, «e hai uns dereitos adquiridos» que la Xunta va a cumplir por un importe que ronda los 42 millones de euros.

La preocupación del sector vinculado a la construcción, la rehabilitación y los oficios propios de las reformas de inmuebles es el impacto que el desvío de estos fondos podría provocar en el empleo. La consellería calcula que los planes ordinarios que se han ido diseñando en los últimos años permiten movilizar millones de euros complementarios de aportación privada que generan hasta tres mil empleos.

Además del contacto con los arquitectos, la Xunta ha sondeado en los últimos días la opinión de los administradores de fincas y los agentes inmobiliarios, con los que ha coincidido en los riesgos de la decisión «unilateral» del Gobierno.

«Non é serio»

Al margen de los efectos económicos directos, la Administración gallega también cuestiona la efectividad que pueda tener la medida, ya que la nueva orden desvía dinero para apoyar a colectivos vulnerables, «os mesmos que xa se benefician das axudas previstas no devandito plan». Para Vázquez, «non é serio» que la confiscación suponga una simple alteración del gestor de los fondos y que además se haga un anuncio para apoyar económicamente a familias gallegas sin tener un respaldo financiero estable. De hecho, cree que esta baja efectividad de las medidas no se compensa con la percepción de 5,7 millones de euros procedentes del fondo de contingencias que el Ministerio de Transporte va a repartir con las comunidades. Según los cálculos del IGVS, esta aportación permitiría subvencionar la renta de unos 2.300 hogares por un período de seis meses. La Xunta entiende que con la llegada de esa cantidad extraordinaria, sumada a los ajustes en algunos de los planes autonómicos, podría apoyar a 4.300.

Desde el 27 de marzo, el Gobierno gallego ha asumido las rentas mensuales de los Bonos de Alugueiro Social, garantizando la cobertura para las beneficiarias que son víctimas de violencia de género. También se han aplazado los pagos de las 3.500 viviendas que gestiona el IGVS.