La Justicia de urgencia espera el tsunami del día después

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Juicio en la Audiencia Provincial de Lugo al violador de Aguas Férreas, una de las últimas vistas celebradas en Galicia
Juicio en la Audiencia Provincial de Lugo al violador de Aguas Férreas, una de las últimas vistas celebradas en Galicia Óscar Cela

Los órganos judiciales trabajan en mínimos para garantizar el orden del estado de alarma y proteger a mujeres maltratadas y otras víctimas vulnerables

10 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Una Justicia de mínimos en medio de la crisis sanitaria, preparada para garantizar los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva, pero también el orden del estado de alarma y la atención a los sectores más vulnerables, espera en este estado de guardia permanente el tsunami de casos que se prevén que ingresarán en los juzgados cuando se levanten las medidas restrictivas. Los últimos juicios en Galicia se celebraron el pasado día 13 de marzo, así que habrá que realizar una importante labor de reprogramación mientras se prepara el plan de choque para enfrentarse a un relevante aumento de la litigiosidad en el ámbito social, mercantil y de familia.

El aplazamiento de actos judiciales comenzó ese mismo 13 de marzo, pero solo en aquellos territorios en los que la situación sanitaria por el COVID-19 era más grave, por lo que se acordó la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, Comunidad de Madrid y partidos judiciales de Haro e Igualada. Esta situación se generalizaría a partir del día 14, con la promulgación del estado de alarma, por lo que la suspensión de actuaciones judiciales y plazos procesales se amplía a todo el país, garantizando los denominados servicios esenciales. Se suspendieron todos los plazos procesales excepto los de los procedimientos penales urgentes

«España mantiene intacto el Estado de derecho y el sistema de garantías de los ciudadanos», recordó recientemente a la Comisión Europea el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. «No se ha establecido ningún régimen de excepción», añadió para describir la situación jurídica del país en pleno estado de alarma.