Los órganos judiciales trabajan en mínimos para garantizar el orden del estado de alarma y proteger a mujeres maltratadas y otras víctimas vulnerables
10 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Una Justicia de mínimos en medio de la crisis sanitaria, preparada para garantizar los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva, pero también el orden del estado de alarma y la atención a los sectores más vulnerables, espera en este estado de guardia permanente el tsunami de casos que se prevén que ingresarán en los juzgados cuando se levanten las medidas restrictivas. Los últimos juicios en Galicia se celebraron el pasado día 13 de marzo, así que habrá que realizar una importante labor de reprogramación mientras se prepara el plan de choque para enfrentarse a un relevante aumento de la litigiosidad en el ámbito social, mercantil y de familia.
El aplazamiento de actos judiciales comenzó ese mismo 13 de marzo, pero solo en aquellos territorios en los que la situación sanitaria por el COVID-19 era más grave, por lo que se acordó la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, Comunidad de Madrid y partidos judiciales de Haro e Igualada. Esta situación se generalizaría a partir del día 14, con la promulgación del estado de alarma, por lo que la suspensión de actuaciones judiciales y plazos procesales se amplía a todo el país, garantizando los denominados servicios esenciales. Se suspendieron todos los plazos procesales excepto los de los procedimientos penales urgentes
«España mantiene intacto el Estado de derecho y el sistema de garantías de los ciudadanos», recordó recientemente a la Comisión Europea el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. «No se ha establecido ningún régimen de excepción», añadió para describir la situación jurídica del país en pleno estado de alarma.
En principio, en ese andamiaje de servicios esenciales están activos todos los órganos judiciales de guardia, especialmente en lo que respecta a detenciones e incidentes, con una cierta prioridad -que viene por la propia situación que vive el país, con una cierta calma en el resto de la criminalidad- para los casos de violación del confinamiento o de violencia machista. Así, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recuerda que las oficinas de atención a las víctimas están operativas en las siete principales ciudades gallegas, pues sus servicios son considerados fundamentales. En este sentido, se mantienen los trámites para ejecutar órdenes de protección o cualquier medida cautelar urgente o relacionada con la violencia sobre la mujer.
También están en funcionamiento los internamientos urgentes -en realidad cualquier caso donde haya presos o detenidos-, así como todo tipo de actuación judicial que, de no practicarse, «pudiera causar perjuicios irreparables». Entre los servicios esenciales también están algunos de los que presta habitualmente el Registro Civil (defunciones y nacimientos), así como las actuaciones urgentes en vigilancia penitenciaria.
En relación con la crisis provocada por la epidemia, se da prioridad a aquellas autorizaciones o ratificaciones que reclame la autoridad sanitaria y que se consideren urgentes o necesarias por el bien de la salud pública.
