Prepara un plan para evitar el colapso que incluye dictar sentencias de forma oral
09 abr 2020 . Actualizado a las 16:51 h.La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó ayer un documento sobre las medidas organizativas y procesales para ir preparando un plan de choque «con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma», admite el propio consejo en el documento en el que se explican estas medidas. El gobierno de los jueces, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia temen una avalancha de casos en cuanto se recupere la normalidad, especialmente en el ámbito de lo social, mercantil y la jurisdicción civil, en este último caso en el ámbito del derecho de familia. Y que se suma a la situación de cierta saturación que antes de esta crisis ya vivían muchos órganos judiciales gallegos.
Los objetivos pasan por facilitar la labor de los jueces «ante el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente» y priorizar la acción judicial en aquellos ámbitos que tienen que ver con la recuperación económica o con los colectivos más vulnerables. El CGPJ remitirá este centenar de medidas al Ministerio de Justicia, que es el que debe aprobarlas dependiendo del momento normativo en el que se encuentre el país, bien con un estado de alarma más permisivo, bien en una situación más próxima a la que se vivía antes de la epidemia.
El documento, que será remitido al Gobierno, trabaja con la hipótesis de un ingreso «masivo y en poco tiempo de un número elevado de asuntos», por lo que considera necesario anticiparse para evitar un colapso que se una a la reprogramación de los juicios y diligencias que quedaron aplazados una vez aprobado el estado de alarma. Y quizás sea el ámbito penal -ya muy saturado- el que menos se resienta de la situación creada por la pandemia.
El modelo a seguir pasa por la puesta en marcha de unidades especializadas como las que se habilitaron para tratar las cláusulas abusivas de la banca, uniformando la respuesta judicial ante los conflictos laborales o de familia que se esperan, y evitando que esta litigiosidad afecte a toda la jurisdicción social o civil.
En estos ámbitos se plantean incluso reformas legislativas para «desincentivar las litigaciones sin fundamento», mediante la condena al pago de las costas o incluso la posibilidad de imponer una multa.
También se apuesta por los juicios orales en el ámbito de los contenciosos inmobiliarios -especial+mente por los alquileres- que se aguardan, al tiempo que se propone recurrir a la posibilidad de dictar sentencias orales «debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual». En el ámbito penal, esta posibilidad se limitaría al enjuiciamiento de los delitos leves y a los casos en los que, por haber conformidad de las partes, ya no habrá un posterior recurso.
En el ámbito del derecho de familia se espera que la situación económica surgida de la epidemia haga aumentar las peticiones para revisar los acuerdos económicos entre excónyuges, así como las compensaciones por la imposibilidad de convivir o visitar a los hijos comunes durante el estado de alarma.
También en el campo mercantil se prevén muchos procedimientos concursales y de insolvencia, para lo que se considera necesaria la reforma de la Ley Concursal. Y en lo contencioso-administrativo, un incremento de casos por las sanciones por romper el confinamiento o las suspensiones de contrataciones públicas. Se plantea elevar a 6.000 euros el requisito económico para recurrir. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuya comisión de seguimiento del COVID-19 también se reunió ayer, considera que la implementación de buena parte de estas medidas dependerá del Ministerio de Justicia.
La situación actual: prioridad para asuntos de violencia machista o por el confinamiento
El aplazamiento de actos judiciales comenzó el pasado 13 de marzo, pero solo en aquellos territorios en los que la situación sanitaria por el COVD-19 era más grave, por lo que se acordó la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, Comunidad de Madrid y partidos judiciales de Haro e Igualada. Esta situación se generalizaría a partir del día 14, con la promulgación del estado de alarma, por lo que la suspensión de actuaciones judiciales y plazos procesales se amplía a todo el país, garantizando los denominados servicios esenciales.
En principio están activos todos los órganos judiciales de guardia, especialmente en lo que respecta a detenciones e incidentes, con una cierta prioridad -que viene por la propia situación que vive el país- para los casos de violación del confinamiento, o de violencia de género. Así, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recuerda que las oficinas de atención a las víctimas están operativas en las siete principales ciudades gallegas, pues sus servicios son considerados fundamentales. En este sentido, se mantienen los trámites para ejecutar órdenes de protección o cualquier medida cautelar relacionada con la violencia sobre la mujer.
También están en funcionamiento los internamientos urgentes -en realidad cualquier caso donde haya presos o detenidos-, así como todo tipo de actuación judicial que, de no practicarse, «pudiera causar perjuicios irreparables».
Entre los servicios esenciales también están algunos de los que presta habitualmente el Registro Civil (defunciones y nacimientos), así como las actuaciones urgentes en vigilancia penitenciaria.
En relación con la crisis provocada por la epidemia, se da prioridad a aquellas autorizaciones o ratificaciones que reclame la autoridad sanitaria y que se consideren urgentes o necesarias por el bien de la salud pública.
Los letrados mutualistas se sienten excluidos
Los abogados y procuradores mutualistas que están adscritos a la Mutualidad de la Abogacía y no a la Seguridad Social se quejan de que no han sido incluidos en las ayudas a los autónomos para paliar el efecto económico del estado de alarma. «Es un trato completamente discriminatorio, hemos visto totalmente paralizada nuestra actividad, seguimos pagando gastos y no estamos generando ingresos. El Gobierno dijo que nadie iba a quedar atrás, pero a los abogados mutualistas ni se nos menciona. Es vergonzoso», explica la letrada Cristina Martínez Fernández.
