La instrucción del Alvia, afectada por la crisis sanitaria, se acerca a los 7 años
GALICIA
La causa se reabrió en noviembre para investigar a Talgo, pero no avanzó desde entonces
30 mar 2020 . Actualizado a las 20:43 h.«Considera esta sala que resulta ineludible investigar los hechos expuestos por la referida acusación [la plataforma de víctimas], tanto por lo que se refiere a la supuesta destrucción de pruebas como a la situación en que se hallaba el tren y su posible relación con el accidente, que ha sido uno de los objetos principales de la investigación». Con este argumento, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenaba, en noviembre del año pasado, la reapertura de la investigación judicial del caso Alvia al presentar la plataforma de víctimas la declaración jurada de un exempleado de Talgo en la que revelaba que directivos de la empresa que fabricó el tren accidentado le ordenaron borrar datos sobre las averías del tren apenas media hora después del accidente. Talgo negó tajantemente estos hechos, hasta el punto que anunció acciones legales contra su antiguo trabajador. No obstante, los magistrados de la Audiencia coincidieron en que no había otra salida que investigar esta revelación, que volvía a poner en el punto de mira judicial el material rodante accidentado.
Inmediatamente después, el juez instructor del caso, Andrés Lago Louro, ordenaba la declaración en calidad de testigos de cuatro empleados de Talgo -entre ellos el denunciante- para dos días de mediados de diciembre. Sin embargo, esas declaraciones, cruciales para empezar a investigar esta vertiente del accidente, todavía no se han producido a día de hoy. Hubo un primer aplazamiento -para el 23 de enero-, después de que varios abogados de fuera de Galicia pidieran concentrar en un solo día las comparecencias. Por la imposibilidad de asistir de algunos letrados -hay víctimas del Alvia en casi todas las esquinas de España- volvieron a retrasarse los testimonios hasta el pasado 13 de marzo, pero también esa cita se desbarató por el inicio de las medidas gubernamentales para combatir el COVID-19.
La última fecha para las comparecencias, que se desarrollarán el 29 de mayo por videoconferencia, viene marcada por la crisis sanitaria que vive el país, que afecta notablemente a la justicia, pero de forma especial a macrocausas como la del Alvia, que va camino de los siete años de instrucción judicial, pues se inició en paralelo al trágico accidente de Angrois del 24 de julio del 2013, en el que murieron 80 personas y hubo 144 heridos.
El pasado 7 de noviembre estaba fijada la jornada en la que los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña deberían deliberar sobre los recursos presentados tras el segundo cierre de la instrucción judicial que se dicta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Es decir, estaba a punto de dictaminar si la causa se cerraba con el maquinista y al entonces director de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, como imputados.
El primer cierre
Es importante recordar que el primer cierre de la instrucción se decidió en octubre del 2015 con el conductor de tren como imputado único, pero la Audiencia coruñesa devolvió el sumario al juzgado para que se investigara si se habían analizado convenientemente los riesgos en la curva de Angrois. De esas instrucciones para dirigir las diligencias hacia otras eventuales culpabilidades en el accidente surgió la imputación de Cortabitarte.
La instrucción judicial no pudo cerrarse al llegar la revelación del ex trabajador de Talgo. De no haberse producido este giro crucial en la causa es posible que a estas alturas ya se estuviera pensando en una fecha para la apertura del juicio oral, si finalmente los magistrados de la Audiencia hubieran aceptado el cierre de la causa en las condiciones que había propuesto el juez instructor.
Pero la fecha del juicio sigue siendo una incógnita, máxime si se tiene en cuenta que esta nueva veta en el ya de por sí complejo caso Alvia aún no ha sido explorada judicialmente. Las declaraciones de los testigos siguen pendientes. Se desconoce si podrán llevarse a cabo el 29 de mayo por la situación de crisis sanitaria -aunque sean por videoconferencia- y después aún habrá que practicar diligencias relacionadas con estos testimonios, pues parece claro que pueden aportar pistas que habrá que seguir, e incluso forzar la declaración como investigados de otros protagonistas del supuesto borrado de datos sobre las averías del Alvia.
El primer cierre
Todo indica que la instrucción deberá ser prorrogada de nuevo. El juez Andrés Lago Louro prolongó la declaración de complejidad de la causa por otros 18 meses más, contados desde diciembre del 2018, cuando terminó el anterior plazo. Así, el período de tiempo legal para instruir este nuevo ámbito de investigación termina el próximo mes de junio, cuando parece claro que aún estarán en ciernes las pesquisas sobre la denuncia del ex empleado de Talgo.
Una cosa son los retrasos injustificados y otra las demoras para investigar más
Las víctimas del accidente ferroviario de Santiago quieren que se haga justicia cuanto antes, pero no a cualquier precio. Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de afectados, asume que es necesario investigar a fondo el accidente, y que en este sentido las demoras son justificables, pero recuerda que en este caso hubo retrasos inexplicables que lastran la apertura del juicio oral. «Evidentemente queremos saber toda la verdad y que se haga justicia, pero estamos muy cansados de los retrasos. Para nosotros, como para cualquiera, una justicia lenta no es justicia», explica. También recuerda que las principales demoras no se deben a las iniciativas judiciales de la plataforma, sino «al cambio de juez, retrasos en los peritajes, colapso del juzgado, errores, ocultaciones de Renfe y del ADIF...». Respecto a la denuncia sobre Talgo, explica que no tuvieron otra salida «que ponerlo en conocimiento del juez incluso sabiendo de antemano las consecuencias».