La crisis económica trajo la inestabilidad política, y también una evidente desidia administrativa. Durante el largo período de gobierno en funciones hasta 17 contratos estuvieron paralizados, con retrasos que en muchos casos superaban los dos años, como denunció el Tribunal de Cuentas. De nuevo hubo que despertar al tren de los gallegos de su largo viaje hibernado. Y el último ministro del PP, Íñigo de la Serna, solo se atrevió a dar el penúltimo plazo (diciembre del 2020) cuando vio que la actual presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, estaba en vías de desbloquear media línea.
Ya en el último esprint de las obras, el debate sobre los nuevos retrasos volvió intermitentemente a la política, a rebufo del clima preelectoral. En esa situación de presión el ADIF fijó el nuevo plazo (junio del 2021) para poner al fin en servicio el AVE gallego. No pasó ni un mes del anuncio y la crisis del COVID-19 devuelve todo a una incertidumbre reincidente. La lista de infortunios es larga y va en aumento. Casi veinte años dan para mucho.
