Casi el 60 % de los concellos se resisten a poner el agua en manos privadas

Pese al debate de la remunicipalización, el abastecimiento es mayoritariamente público y elude las concesiones


redacción / la voz

La gestión del agua, tanto en su vertiente del abastecimiento como en el saneamiento -ambos servicios van a veces unidos en los contratos municipales- será la gran asignatura pendiente en Galicia después de que la comunidad apostara por un modelo de gestión de los residuos sólidos materializado en la idea de Sogama. En la actualidad, unos treinta municipios gallegos se disponen a renovar sus contratos de abastecimiento en un ámbito económico en el que apenas hay competencia real y donde además es importante hacer más eficiente la gestión del agua, evitando las grandes pérdidas que se dan en la red de abastecimiento de las ciudades y mejorando el sistema de saneamiento para devolver al medio ambiente unas aguas residuales lo más limpias posibles. La mitad de las depuradoras municipales tienen un comportamiento deficiente, según una auditoría reciente de Augas de Galicia.

Pese a que la crisis y ciertos casos de corrupción en el ámbito municipal trajeron el debate de la remunicipalización de los servicios básicos -ahí está la iniciativa de concello de Teo con su vuelta al abastecimiento sin concesión-, lo cierto es que el 58 % de los concellos se resisten a poner en manos privadas la gestión del agua, a través de los modelos concesionales vigentes. Con todo, esta proporción -son datos que maneja Augas de Galicia- puede relativizarse si se tiene en cuenta que las ciudades apuestan más que los concellos medios y pequeños por la gestión concesionada. Aunque, a la inversa, también hay grandes empresas municipales con solera dedicadas a la gestión completa del ciclo del agua, como es el caso de Emalcsa, en A Coruña.

En el otro lado están los municipios que apuestan la concesión a una empresa especializada, que en muchos casos también se ha demostrado como un modelo eficiente. Suponen el 40 % de los concellos. Finalmente, hay un 2 % de ayuntamientos que carecen de red pública de abastecimiento.

 El desafío de la depuración

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de la que depende Augas de Galicia, es consciente del desafío de los próximos años, de ahí que intente exportar el modelo más o menos mancomunado de Sogama a la gestión del agua y, sobre todo del saneamiento, para que las depuradoras en los concellos que no tienen medios alcancen su máximo rendimiento y no funcionen a medio gas como están ahora en muchos casos, devolviendo al ciclo del agua residuos insuficientemente depurados. La consellería ya ha comenzado con la tramitación administrativa de este ente de gestión supramunicipal al que los concellos se adherirían voluntariamente. Pero el calendario electoral ha interrumpido este proceso y habrá que ver si esta idea se retoma en la próxima legislatura, pues en algunos ámbitos de la oposición no fue vista con buenos ojos.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elaboró un documento pensado para que pueda servir de guía de cara a este desafío global, en un contexto de cambio climático y en un sector donde lo que suele ser más común es lo que se denomina el «monopolio natural». El hecho de que la competencia sea nula o muy limitada «no implica que el sector público no tenga capacidad para establecer mecanismos económicos para incentivar una prestación más eficiente de estos servicios», como por ejemplo aquellos que cuantifican el gasto de los hogares en los contadores.

Un 22 % de pérdidas

La CNMC también llama la atención sobre la ineficiencia que supone las continuas pérdidas de agua en la red urbana por un mantenimiento deficiente. Galicia tiene una mala nota en este aspecto: se sitúa en torno al 22 % de pérdida real de agua, muy por encima de la media nacional, situada en el 16 %, según datos de Competencia. La comunidad que mejor amortigua las pérdidas en la red es Madrid, con solo un 2,7 %.

El agua, un bien escaso sin precio

Aunque a la mayoría de los hogares llega el recibo del agua, en realidad, desde un punto de vista jurídico, carece de precio, pues se considera que forma parte del dominio público. En realidad, lo que se paga en esos recibos son los servicios que permiten que el agua sea apta para el consumo, mediante los procesos de potabilización y vigilancia de la calidad, su transporte y mantenimiento de la red de abastecimiento, así como la depuración y devolución al medio natural con unos parámetros de calidad aceptables que no siempre se dan y que la Xunta pretende mejorar en los próximos años.

Galicia es una de las tres comunidades, junto con Cataluña y Andalucía, que cobra un canon del agua finalista, destinado a financiar actuaciones en abastecimiento, depuración y gestión de la cuenca fluvial Galicia-Costa, competencia exclusiva de la Xunta. El Gobierno autónomo también gestiona otra tasa que es el coeficiente de vertido, un canon que solo pagan aquellos consumidores que están en un municipio donde la depuración de las aguas residuales corre a cargo de Augas de Galicia. Un 6 % de los municipios no cobran por el agua, aunque hay que descontar el 2 % que carece de servicio de abastecimiento.

La mitad de las depuradoras municipales tienen un funcionamiento deficiente

pablo gonzález
Vista aérea de la depuradora de Bens, que da servicio a cinco municipios del área coruñesa
Vista aérea de la depuradora de Bens, que da servicio a cinco municipios del área coruñesa

Una auditoría de Augas de Galicia solo salva a 50 de 119 instalaciones supervisadas

¿Están los concellos gallegos preparados para, por sí solos, gestionar un asunto tan complejo como la depuración de aguas residuales? Esta es la pregunta que se hicieron en Augas de Galicia cuando se plantearon encargar una auditoría técnica sobre la situación de 119 depuradoras gestionadas por municipios gallegos de más de 2.000 habitantes, pues el resto, 28 centros de tratamiento, son gestionados directamente por la Xunta a petición de los propios concellos, ya que se trata de una competencia exclusiva municipal. Los resultados del informe, encargado a la empresa Adantia, no son muy halagüeños y reflejan la incapacidad o falta de medios de muchos concellos para mantener en buen estado de funcionamiento unas infraestructuras que suponen amplias inyecciones de dinero público de la Xunta, el Gobierno central y la Unión Europea.

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