Somete de entrada a los transportistas al pago en el vial que conecta con Francia, aunque cuenta con una autopista paralela
15 mar 2020 . Actualizado a las 09:41 h.Mientras el País Vasco está a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre la legalidad de la implantación de peajes solo para camiones en una autovía de su competencia, el Gobierno de Navarra se ha decidido a iniciar ya el cobro en vías de alta capacidad de su comunidad hasta ahora gratuitas. Tras solicitar la patronal española de las grandes constructoras implantar el cobro de peajes en todas las autovías, el Ejecutivo foral navarro ultima la activación de tarifas en la carretera N-121-A, que une Pamplona con Francia. El caso navarro afectará de entrada solo a los transportes pesados, en una estrategia que combina tanto la recaudación que se pueda obtener de los camiones que salen y entran de la Península en el eje viario con Francia como también disuadir a los vehículos que mayor desgaste generan en el firme por utilizar la carretera, que fue transformada en vía rápida y que se ha convertido en el principal eje de comunicación de Navarra, así como una alternativa a los recorridos entre Madrid y Europa.
Cuando entre en vigor el peaje en la N-121-A los transportistas solo tendrán la alternativa de la AP-15, una autopista que igualmente es de peaje y también de titularidad autonómica.
La única experiencia similar existente en España es la puesta en marcha hace dos años por la Diputación Foral de Guipúzcoa, que fue recurrida por las asociaciones de transportistas, a las que la Justicia les ha dado la razón inicialmente, aunque un recurso de la Diputación tiene ahora el caso a la espera de hacerse pública su sentencia en el Supremo. Las organizaciones de transportistas estiman que no se puede discriminar para el cobro a los vehículos pesados mientras se permite el paso gratuito para el resto, de la misma manera que se oponen a la extensión de los peajes a todas las vías de alta capacidad, tal como proponen las grandes constructoras españolas y las sociedades concesionarias de autopistas.
Constructoras y concesionarias han propuesto tanto al actual Gobierno como a los anteriores de PSOE y PP la implantación de una tarifa por kilómetro en todas las autovías de 9 céntimos para los vehículos ligeros, y de 19 para los transportes pesados. Con esa tarifa, la patronal estima que el Estado recaudaría 104.000 millones de euros en 25 años, montante que estiman sería suficiente para atender a la conservación de la red viaria.
El Gobierno gallego se ha manifestado dispuesto a analizar la posibilidad de implantar peajes para camiones en vías de alta capacidad, pero siempre que dicho sistema fuese negociado y pactado con el sector del transporte. Dicho colectivo se ha posicionado siempre en contra de pagar a mayores por el uso de infraestructuras, al entender que ya lo hacen tanto a través de los impuestos especiales de los combustibles como los directos a su actividad, o con las tarifas más altas de las que tienen las autopistas de peaje.
