La Junta Electoral deja en manos de los políticos la suspensión de las elecciones gallegas

Dice que el Estado de derecho y «el consenso de las candidaturas» son los que han de orientar las decisiones en función de la crisis sanitaria

Sede del TSXG en A Coruña
Sede del TSXG en A Coruña

Redacción / La Voz

La Junta Electoral de Galicia ha tomado la decisión de dejar en manos de los políticos si se suspenden o no las elecciones autonómicas previstas para el próximo 5 de abril. La Junta Electoral, al frente de la cual está el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde, explica que «son los mecanismos propios del Estado de derecho y el consenso de las candidaturas concurrentes los que han de orientar las decisiones que vengan impuestas, de ser el caso, por el devenir de la crisis sanitaria».

El acuerdo de la Junta Electoral de Galicia señala que «las decisiones que se deben adoptar en esta situación han de respetar los principios constitucionales y estatutarios de seguridad jurídica, responsabilidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, por lo que han de cuidar la necesaria audiencia y participación de todos los sujetos afectados».

Y añade que el proceso electoral autonómico debe desarrollarse en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Galicia, por lo que «las medidas de protección de la salud del cuerpo electoral condicionan el normal funcionamiento del sistema y son presupuestos para su efectividad».

La Junta Electoral de Galicia advierte que las consecuencias que pueda tener la crisis sanitaria sobre la celebración de las elecciones «deben valorarse por los órganos que tienen atribuidas las competencias sobre el normal desarrollo del proceso electoral y su control, con la perspectiva última de garantizar la voluntad del pueblo gallego manifestada a través de las elecciones». Y señala que las decisiones que se deben adoptar en esta situación han de respetar los principios constitucionales y estatutarios de seguridad jurídica, responsabilidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, «por lo que han de cuidar la necesaria audiencia y participación de todos los sujetos afectados». 

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