Las denuncias por okupación de hogares se multiplican por dos en Galicia

Los juzgados reciben una denuncia cada cuatro días y es la cuarta comunidad donde más crecen

Estado en el que unos okupas dejaron un piso en el casco urbano de Ourense
Estado en el que unos okupas dejaron un piso en el casco urbano de Ourense

Vigo / La Voz

Galicia está aún lejos de sufrir la okupación de viviendas como uno de los más acuciantes problemas de su parque inmobiliario, pero también cada vez está más lejos de ver dicho delito como una circunstancia ajena a la comunidad. De hecho, la gallega se ha convertido en la cuarta autonomía en la que más se incrementaron los delitos de usurpación de viviendas en el 2019, como constató ayer el Consejo General del Poder Judicial.

De 39 denuncias presentadas por ocupación de propiedades en la segunda mitad del 2018 en Galicia se pasó a 80 en el segundo semestre del 2019, un 122 % más, y 145 en todo el año 2019. Se han duplicado por tanto los casos, al menos sus denuncias, pues ya se registra una cada cuatro días, evolución solo superada en Castilla y León (+136 %), si bien sus nueve provincias solo suman 45 denuncias presentadas ante la Justicia de junio a diciembre del pasado ejercicio, País Vasco (137 %), con 16 denuncias menos que en Galicia, y Murcia, con un crecimiento de un 180 %, y 118 casos consignados en la segunda mitad del 2019.

Ese aumento en el número de asaltos es común a toda España, pues solo se registran descensos en Navarra, Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha. También se sigue esa línea ascendente se da prácticamente en las cuatro provincias gallegas, en las que Pontevedra ha pasado a colocarse en cabeza en número de ocupaciones al evolucionar de 9 a 40 en el segundo semestre del año. En A Coruña también ha crecido de 20 a 32; tan solo de una usurpación de hogares a dos en el caso de Ourense para la segunda mitas del 2019, mientars que en Lugo en ambos períodos solo se notificaron seis denuncias ante sus juzgados. A tenor de los registros de denuncias presentadas, las okupaciones sufrieron un notable repunte en Galicia durante la segunda mitad del año pasado al evolucionar, en toda la comunidad, de las 36 tramitadas entre julio y septiembre del 2018 a las 80 del mismo período del año pasado.

Cataluña en cabeza

Cataluña, con 1.004 okupaciones planteadas judicialmente durante todo el año pasado, sigue siendo el territorio más castigado por dicha práctica en España, aunque en el período sobre el que se hace la compración, los dos últimos semestres de los dos últimos años solo creciesen un 4,75 %, pese a aque sean frecuentes allí casos de asaltos a edificios y urbanizaciones completas, especialmente en el cinturón de Barcelona. Le sigue Andalucía con 771 denuncias de okupación durante todo el 2019; la Comunidad Valenciana (512), y Madrid (440). El número de usurpaciones de propiedades inmobiliarias en España pasó de 1.740 entre enero y diciembre del 2018 a 2.163 en el mismo plaso del año pasado. ejercicio que completo sumó 4.017 denuncias.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada en junio del 2018 ha simplificado los trámites judiciales, si bien colectivos como el de las empresas inmobiliarias no ven aún resultados prácticos. «No está funcionando la ley porque no es ágil, tropieza con la congestión de los juzgados y somete a los condenados solo al desalojo, como mucho. Solo la vía penal tiene sentido», considera Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias. «La sensación de impunidad es absoluta» añade, apuntando que lo que conlleva es un retraimiento del mercado de alquiler por miedo a no recuperar la propiedad en buenas condiciones.

Desalojo exprés

La reforma del año 2018 obliga a los okupas a presentar algún título que acredite que habitan la vivienda de forma legal. El plazo para presentar el contrato es de cinco días desde que los habitantes de la vivienda son notificados por el juzgado. El problema radica precisamente en conseguir llevar a cabo esa notificación. Si se logra y el okupa no aporta el citado título, el juez puede ordenar el desalojo, una media que no es recurrible ante instancia alguna. Pero todo sigue dependiendo de la carga de trabajo que tenga cada juzgado.

Los particulares evitan poner carteles de alquiler o venta

Galicia suma 300.000 viviendas vacías, según las estimaciones del sector inmobiliario. Pero sus datos actualizados a finales de febrero apuntan a que solo 3.200 de ellas se ofrecen en el mercado de alquiler en toda la comunidad. Y son menos todavía las que se anuncian con carteles colgados de sus ventanas y balcones. «Se prefiere no llamar la atención por miedo a que ocupen sus propiedades . Los dueños prefieren no poner en evidencia que el piso está vacío», constata Jesús Pazos, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios del Noroeste. El entorno de los barrios de la Sagrada Familia y del parque de Vioño son las zonas donde señala que el miedo a la okupación es mayor en A Coruña.

«No pongas cartel que se puede meter alguien dentro, es la frase que oímos todos los días», señala el presidente de la patronal inmobiliaria gallega, Benito Iglesias. «Lo hacemos para informar al viandante de que esa propiedad está en venta o en alquiler y porque también publicita la marca de la agencia, pero son muchos los propietarios que ya no quieren», recalca.

La experiencia del sector es que el cartel se suele colgar cuando la vivienda no está en las mejores condiciones o sus propietarios no viven en la localidad. En las casas unifamiliares es en las que se ha eliminado con mayor intensidad todo tipo de reclamo, «porque la desconfianza no ha hecho más que crecer», lamenta Iglesias, que reclama un plan de alquiler social en lugar de medidas sobre la vivienda que, dice, incrementan la inseguridad para sus propietarios.

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