La concesionaria afronta solo la devolución de 270.000 euros en peajes indebidos
01 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El 27 de febrero del 2015 se puso en marcha en la ría de Vigo un hito constructivo mundial: la primera ampliación de un puente atirantado. Arrancaban entonces los primeros trabajos para dotar al puente de Rande de dos nuevos carriles por el exterior del tablero original culminado en 1979.
En los días previos a la colocación de la primera piedra, los obreros llegaron al paso que une Redondela con Moaña para llevar a cabo trabajos preliminares y con ellos se produjeron ya las primeras retenciones de tráfico. La sentencia que condena a Audasa a devolver peajes cobrados indebidamente durante las obras —como lo estima el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra— da cuenta de retenciones ya desde el 4 de febrero del 2015, al igual que el 2 de marzo; el 1 de abril; el 6... y así hasta en veinte ocasiones en aquel año y 81 en los 40 meses que requirió la construcción.
Sin embargo, la gestora de la AP-9 cobró los peajes íntegros entre ambas orillas de la ría, como en cualquier otro tramo que no tuviese condicionado su tráfico a los trabajos que se llevaban a cabo en Rande.
Desde finales de febrero del 2015 a junio del 2018 —período en el que el juez considera probado la existencia de incidencias en el tráfico a causa de las obras— Audasa recaudó en peajes en toda la AP-9 un total de 460,8 millones de euros. De ellos el 31,09 % se convirtieron en beneficio neto para la concesionaria. Unos 143,3 millones de euros para la empresa cuyo accionariado se reparte entre fondos de inversión y pensiones de medio mundo, aunque ya sin representación gallega alguna.
Altos beneficios cada día
En el 2015 Audasa ganó cada día 122.380 euros, libres de impuestos. Al año siguiente, y primero de obras en su totalidad, la gestora de la AP-9 pasó a tener de beneficio cada jornada 123.100 euros. En el 2017 fueron 120.583 los que cada día engrosaron la columna de sus beneficios netos, y en el 2018 se cifraron en 111.616 euros al día. De media 119.419 euros al día a lo largo de los cuatro años en los que se prolongaron los trabajos de ampliación.
La concesionaria tiene ahora ante sí una sentencia que le supondrá tener que devolver peajes por valor de 270.000 euros, según las primeras estimaciones, lo que representa un 0,18 % de los beneficios obtenidos entre el 2015 y el 2018.
Petición de compensación
La sentencia semeja que lleva camino de ser recurrida, por lo que el desembolso a los afectados que reclamen la devolución de los peajes aún no se podrá llevar a cabo. Pero entra dentro de lo probable que Audasa reclame al titular de la autopista, el Ministerio de Transportes, que se haga cargo de dicha cuantía, dado que la empresa concesionaria siempre ha argumentado que cualquier desembolso que se le obligue a realizar y no esté previamente contemplado en el contrato de explotación, le tendrá que ser compensado.
Temiendo dicha situación, y la que pudiera venir a partir de ahora con nuevas demandas de profesionales del transporte, no incluidos en el juicio que se celebró en Pontevedra, el ministerio se personó en la vista a través de la Abogacía del Estado para alinearse a favor de las tesis de la empresa y contra la Fiscalía, que impulsó la demanda colectiva.
Audasa mantiene que durante las obras de ampliación del puente de Rande nunca fue advertida o sancionada por la Administración por condicionar el tráfico, su velocidad u ocupación de la vía. Añadiendo además que el real decreto que respaldó la construcción de los nuevos carriles y la manera de recuperar la inversión para la empresa (a base de subidas extraordinarias y acumulativas de un 1 % en los peajes durante 20 años) no contempló en ningún caso que tuviera que levantar las barreras de los peajes y sí, en cambio, mantener abierto el tráfico.
«Podría haber sido conveniente que la concesionaria redujese voluntariamente, y como detalle hacia sus clientes, el importe del peaje en cierta medida», argumentó el juez Manuel Marquina. El magistrado advierte en su sentencia que la Ley de Contratos del Sector Público actual, el texto refundido de la anterior o incluso la normativa que regula las concesiones de autopistas desde 1973, hubieran permitido a Audasa bajar unilateralmente el precio de los peajes en momentos de atascos o incluso levantar las barreras de sus cabinas. La ley se lo permite, según el juez, y sus beneficios diarios también, sin que se resintiese excesivamente que casi uno de cada tres euros que los usuarios de la AP-9 pagan se conviertan en beneficio neto para una empresa que vio en el año 2000 como se le otorgaban 23 años más de negocio hasta el 2048.
La Administración central sería la que más dinero recibiría
El Ministerio de Transportes es el primer cliente de Audasa en el tramo de Rande. Todos los desplazamientos entre Vigo y O Morrazo son pagados por la Administración, por lo que es quien más fondos recibiría de la concesionaria si reclamase la devolución de los peajes que en las 81 incidencias de tráfico la Justicia ha considerado que se cobraron de forma «abusiva». El ministerio analiza la sentencia, una semana después.