El veto a Amigos de Galicia se extiende a todo tipo de alimentos

La Fiscalía constata que la fundación recibía muchos más productos de los que distribuía realmente

La nave de Amigos de Galicia en Vilagarcía, en una imagen de archivo
La nave de Amigos de Galicia en Vilagarcía, en una imagen de archivo

VILAGARCÍA / LA VOZ

Las explicaciones que el director general de Amigos de Galicia ofreció el lunes acerca de la prohibición taxativa que la Consellería de Sanidade ha prescrito sobre sus actividades no acaban de aclarar todos los resquicios abiertos por la investigación que dirige la Fiscalía de A Coruña. A lo largo de su intervención, Jesús Busto insistió en que el veto de Sanidade afecta a la manipulación de alimentos frescos con destino a familias en riesgo de exclusión social. Sin embargo, las conclusiones de las inspecciones llevadas a cabo el viernes por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, tanto en Vilagarcía de Arousa como en Ourense, no se agotan en los productos perecederos. Por contra, extienden esa prohibición al trabajo con todo tipo de alimentos y productos alimenticios.

Esta es la orden que han recibido los responsables de la oenegé, que por lo tanto no podrán distribuir lotes de comida de ninguna clase entre sus usuarios. Amigos de Galicia reconoció, desde el primer momento, que sus instalaciones de almacenamiento en la capital arousana estaban lejos de reunir las condiciones higiénicas imprescindibles para garantizar la correcta conservación de los alimentos. Algo que la investigación no solo confirma, sino también amplifica.

 

Mala conservación

Los agentes del Seprona y los técnicos de la consellería aprecian la existencia de voluminosas cantidades de alimentos en diferentes grados de mala conservación. La ley se incumplía con claridad. Solo en Vilagarcía, fueron precintadas dos cámaras frigoríficas. La nave arousana, la principal de las instalaciones que gestiona Amigos de Galicia, contenía productos cuya fecha de caducidad o consumo preferente se había sobrepasado. En ella también se almacenaban alimentos sin trazabilidad. Es decir, sin ningún tipo de registro legal sobre su origen. La oenegé explica que procedían de donaciones a granel de frutas, hortalizas y pescado, y que la ignorancia y los buenos propósitos llevaron a sus responsables a intentar etiquetarlos por su cuenta.

A tenor de las inspecciones, la situación en la sede de San Cibrao das Viñas (Ourense) era incluso peor. Los agentes no solo descubrieron grandes cantidades de comida en mal estado, en algunos casos caducada años atrás; se percataron, además, de la existencia de una segunda nave, anexa a la principal, de la que no tenían constancia. Llama la atención que no se haya precisado el volumen de productos que la fundación mantenía entre Vilagarcía y Ourense. Pero hay una razón para ello. Fuentes de la investigación advierten de que su variedad, cantidad y diferentes estados de conservación requerirán un estudio bastante más profundo del que técnicos y agentes pudieron desarrollar el viernes.

En este punto surge otra de las líneas que siguen las pesquisas: tratar de averiguar por qué Amigos de Galicia recibía muchos más alimentos de los que en realidad acababa distribuyendo.

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Bea Costa
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«Mucha gente va a quedar descolgada». Son las palabras empleadas por el director general de Amigos de Galicia, Jesús Busto, para referirse al hecho de que serán muchas las familias que dejarán de recibir las partidas de alimentos que venía distribuyendo la fundación. La Consellería de Sanidade acaba de prohibirle la manipulación de productos frescos, lo cual obliga a la organización a reformular su «modus operandi».

Amigos de Galicia seguirá con su labor solidaria de reparto de alimentos, pero solo lo hará con productos no perecederos, cada tres meses, y, en el caso de los perecederos, recurrirá a terceros. Dejará de recoger los donativos de empresas y particulares y se limitará a comprar la carne, los huevos o las legumbres a sus actuales proveedores, Gadis y Froiz. La fórmula que está estudiando pasa por implantar una especie de tarjetas de crédito válidas en establecimientos de alimentación para que los beneficiarios de las ayudas compren directamente allí la comida.

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