Adrián Barbón: «Asturias quiere ampliar la colaboración con Galicia en la gestión compartida de la sanidad o educación»

El presidente asturiano defiende extender la alianza del noroeste a Cantabria y Aragón y no descarta denunciar al Estado por el IVA

El presidente del Principado, Adrián Barbón
El presidente del Principado, Adrián Barbón

oviedo

Fue alcalde minero y sigue residiendo en Laviana, un municipio de 13.000 habitantes en el que nació hace 41 años. Vive en la casa de sus abuelos, que compró hace unos años, para dar ejemplo ante la Asturias vaciada. Siete meses después de acceder a la presidencia del Principado, Adrián Barbón ha activado una mirada política periscópica y encara la transformación energética y económica de la región con múltiples frentes. Ha alegado contra el estatuto electrointensivo del Gobierno Sánchez y ha reclamado también la deuda del IVA siendo un sanchista confeso. Aboga abiertamente por ampliar los acuerdos de colaboración entre Asturias y Galicia, pero también abriendo el espectro a otros territorios.

—Pero parece que ese frente del Noroeste, con Asturias, Galicia y Castilla y León, está algo paralizado…

—Hay elecciones en Galicia. Quizá tiene algo que ver.

—¿Se podrían añadir también a esa alianza Cantabria o Aragón, por ejemplo?

—Tengo una muy buena relación con el Gobierno cántabro. Conozco particularmente bien al presidente Revilla y al vicepresidente Pablo Zuloaga, que es secretario general del PSOE. Cantabria tiene una situación muy similar a la nuestra y se puede incorporar. Y seguramente Aragón, sobre todo cuando se aborde la negociación de la financiación autonómica. En mi discurso de investidura hice referencia a que las comunidades autónomas, con independencia de quien las presida, cuando tengan elementos comunes, pueden alcanzar acuerdos. No es una opción frentista, porque el frente suena a declaración de guerra.

—¿Pero está parado?

—Venimos de procesos electorales, autonómicas y generales y ahora las gallegas, pero estoy seguro de que va a haber espacio para el acuerdo. Voy a buscar acuerdos siempre pensando en los intereses de Asturias. Sin ninguna renuncia. Lo acabamos de demostrar con las alegaciones al estatuto de las empresas electrointensivas. Es natural y plenamente constitucional, ahora que muchos se envuelven en la bandera y en la Constitución.

—Junto a ese estatuto, hay otro tema de colisión con el Gobierno central: los 75 millones de IVA que Hacienda adeuda a Asturias, 200 en el caso de Galicia. En Galicia se ha optado por el camino judicial. ¿Es el modelo?

—Galicia ha presentado el recurso previo, aún no hay reclamación judicial.

—El Ministerio de Hacienda les hizo una contraoferta, una especie de crédito de interés cero con el FLA. ¿Al Gobierno de Asturias le parece interesante o valorará la posibilidad de acudir a los tribunales?

--No hubo propuesta escrita. Es una reflexión que se plantea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí es verdad que hubo un anuncio más importante que pasó desapercibido: los objetivos de déficit se relajaron, no tanto ligado al IVA sino a la situación general del país, porque un 0 % como se marcaba hacía que los presupuestos fuesen extremadamente ajustados en las comunidades autónomas. Este año se plantea un 0, 1 % y, para el que viene, un 0,2 %. Nosotros hemos dicho, sin postureos ni aspavientos, que estos 75 millones nos pertenecen, son de los asturianos y asturianas. ¿Quién los birló? Fue una decisión política de un ministro que se llamaba Montoro, y no Montero [la actual responsable de Hacienda], del PP. Y el señor Montoro fue el que hizo un cambio en el sistema de recaudación que ha perjudicado a las comunidades. Nosotros vamos a utilizar todas las vías para conseguir un acuerdo que estemos satisfechos, bien con la vía del diálogo, la reclamación administrativa o la judicial. No descartamos nada.

—La alianza con Galicia se ha expresado en materia de infraestructuras o financiación, pero, ¿se puede abrir el abanico a otro tipo de acuerdos de colaboración?

—Por supuesto. Yo oí el otro día a Gonzalo Caballero, el candidato socialista, que quería profundizar en ese diálogo con el Gobierno de Asturias. Nosotros estamos encantados de hablar con las comunidades limítrofes porque puede haber elementos hasta de gestión compartida. En materia sanitaria, tenemos pueblos en los que el centro de salud queda más cerca en la otra comunidad. Pero también en centros educativos o en materia de diseño de las propias infraestructuras. Hay elementos que nos unen a Galicia, Castilla y León y Cantabria. Si me apuran, se podría prolongar más hacia el Norte. Es plenamente constitucional y nos permiten alcanzar respuestas comunes.

—Tras el Prestige se planteó el AVE del Cantábrico. ¿Cree que es viable retomarlo?

—Suena muy bien como proyecto. Como fue la Autovía del Cantábrico, que en su día parecía una utopía, que costó mucho, pero ha servido para comunicar mejor todo el eje cantábrico, y como generador de recursos económicos para el comercio y el turismo. No lo descartamos dentro del debate de las infraestructuras del país, pero nuestra prioridad es que finalice la variante de Pajares y arranque el AVE hacia Madrid.

—¿Hay un riesgo de una España de dos velocidades, asimétrica? Hay un eje en el Norte, pero hay otro en el Este, el del Mediterráneo, que ha tenido más desarrollo…

—Ha tenido más desarrollo, pero no podemos construir a la contra, no debemos unirnos para ir contra determinadas comunidades. Reivindicamos nuestras inversiones, pero no por ir contra nadie, sino porque las necesitamos. No debemos construir el desarrollo del Noroeste contra nadie, sino a favor de nuestros intereses. A mí me parece bien que todas las comunidades crezcan. En el Noroeste nos faltan comunicaciones y elementos de cohesión, crecimiento… Somos un territorio más envejecido, con dispersión de población, más complejo. Me alegra escuchar a Gonzalo Caballero decir que va a profundizar en el diálogo.

—Ya que cita a Caballero, ¿va a hacer campaña con él en Galicia?

—Eso depende de los compañeros socialistas de Galicia. Los asturianos siempre hemos colaborado cuando nos lo piden.

«El PP gallego tiene el tema lingüístico completamente interiorizado»

En la Junta General del Principado, la oficialidad del asturiano no ha podido salir adelante por un solo voto. Es un asunto recurrente en la comunidad.

—¿Será cooficial en esta legislatura?

—Si por nosotros depende y hay mayoría, por supuesto que sí. Nos gusta cumplir con nuestro programa de gobierno. Es verdad que nos falta un diputado. Si eso no se soluciona, y ningún partido cambia su actitud, la reforma del Estatuto va a estar bloqueada. Pero no renunciamos a avances. La especialidad docente en asturiano es un ejemplo. El hecho de que la consejera de política llingüística sea una mujer como Berta Piñán, conocida por su labor de compromiso con la llingua y también por su obra literaria como poeta, indica que lo tenemos claro. Con el tema de la llingua hay una especie de poco amor a lo nuestro.

—En Galicia no pasa lo mismo….

—Cuando escucho algún líder del PP de Asturias que dice que su modelo es el PP gallego me pregunto: y en la parte lingüística, ¿han hablado en alguna ocasión con Feijoo? El PP gallego tiene el tema lingüístico completamente interiorizado, como el resto de los partidos. ¿Por qué en Asturias tenemos una derecha incapaz de entender que reivindicar lo tuyo, tu propia cultura, no es ser menos español? La llingua es una lengua española, como el gallego, el catalán o el euskera. Uno de los temas principales en los que trabaja mi Gobierno es el de la recuperación de la autoestima, el orgullo de ser asturianos porque creo que es una de los elementos que más nos debilita. No tener bien claro ese orgullo de pertenencia.

El presidente del Principado, Adrián Barbón
El presidente del Principado, Adrián Barbón

 «El estatuto para grandes empresas mejorará con nuestra propuesta, la de la Xunta y la de Cantabria»

Asturias, Galicia y Cantabria han hecho un frente común para rectificar el estatuto para las industrias electrointensivas que presentó el Ministerio de Industria como herramienta para paliar la crisis industrial.

—¿Le ha decepcionado ese texto?

—Ese estatuto supuso un paso adelante porque por lo menos tenemos un documento jurídico, técnico, sobre el que poder dialogar. Pero nosotros consideramos que se puede mejorar con nuestras alegaciones. Y son propuestas que hemos construido compartiendo información y trabajo con la Xunta y también con el Gobierno cántabro. Es una cuestión razonable el acuerdo con comunidades que tienen cuestiones similares. Nuestras alegaciones inciden por ejemplo en que hay que hacer una discriminación en dos niveles: uno de grandes consumidores, donde entrarían empresas como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alu Ibérica [la antigua Alcoa, con plantas en A Coruña y Avilés]. Creemos que es importante discriminar porque hay empresas para las que el coste de energía supone el 20 %, 30 % o 40 % del coste de funcionamiento. Y otras no. Y evidentemente también establecemos alguna aportación, como que se lleven al máximo posible las bonificaciones, que esas exenciones del 85 % se eleven, o la compensación por derechos de emisión de CO2.

—Para el PP es un estatuto injusto.

—Cuando lo escucho me gusta recordar que el PP pagaba 7 millones de euros de compensación de derechos de emisión, y el Gobierno de España actual los ha elevado a 172. Aun así, creemos que puede alcanzarse la cifra de los 280 o 290 millones, con un porcentaje que tenemos que aplicar de acuerdo con la UE. Pero también quiero poner la guinda del pastel: el PP estuvo siete años al frente de Gobierno sin política industrial, con un sistema de subastas que la UE ha advertido que es ilegal. Si se declaran ayudas de Estado, supondría un drama aún mayor a las empresas, que tendrían que devolver todo lo recibido más la correspondiente sanción.

—¿Se plantea la posibilidad que no se tengan en cuesta esas alegaciones?

—Ahora empieza un período de diplomacia discreta. No voy adelantar acontecimientos. Espero y deseo que se incorporen elementos de nuestras propuestas.

—Parece optimista...

—Creo que el resultante mejoraría mucho con nuestras propuestas.

—Los compradores de Alu Ibérica aducen que para adquirir la compañía se les había dado el compromiso de una tarifa eléctrica que ahora ha variado.

—Vamos a esperar. Ni unos ni otros debemos contaminar más el debate. Sería positivo que el Gobierno y las comunidades se puedan sentar en los plazos razonables y acordar cómo queda finalmente el estatuto. Más que opinar sobre posiciones de esa empresa, que no me corresponde a mí juzgar, lo razonable es ver cómo evoluciona el estatuto.

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