Las indemnizaciones sanitarias disparan un 33 % la póliza de la Xunta

Los médicos llevan años pidiendo un baremo propio; desde que se aplica el de tráfico se multiplican las cuantías


Santiago / La Voz

El pasado mes de enero se conoció la mayor cuantía fijada por un juez en materia de negligencias médicas en España. El Sescam, el servicio de salud de Castilla la Mancha, fue condenado junto a dos compañías aseguradoras a pagar un total de 5,5 millones de euros a los padres de una niña que se quedó tetrapléjica tras sufrir secuelas en el parto. Unos meses antes, en julio del 2019, se conocía la que hasta entonces era la mayor indemnización sanitaria, 4,2 millones. En este caso los condenados fueron el servicio andaluz de salud y una aseguradora.

Desde que entró en vigor el baremo de tráfico para evaluar las indemnizaciones sanitarias, las cuantías a las que deben hacer frente los sistemas de salud cuando se produce un error médico se han multiplicado. Tanto, que cuando la Xunta quiso negociar su última póliza de responsabilidad civil, se encontró con dificultades para que alguna aseguradora se hiciese cargo.

No es que la Administración tenga una póliza específica del Sergas, pero sí cuenta con un seguro que da cobertura al conjunto de la administración y abarca también al Servizo Galego de Saúde. La actual, prorrogada en octubre del 2019 y que puede ser renovada hasta octubre del 2022, tiene una prima anual de 7,8 millones de euros. La anterior, que se firmó en el 2014, tenía un coste de 5,85 millones de euros, lo que supone un incremento del 33 %.

¿Y por qué esta subida en los seguros de las administraciones? Primero porque cada vez hay menos compañías que den cobertura a este riesgo, pero la razón fundamental es por el incremento de la cuantía de las indemnizaciones en el ámbito sanitario tras la entrada en vigor del nuevo baremo de tráfico en el 2015. Cuando trató de negociarse esta póliza, otras comunidades habían tenido ya importantes dificultades para contratar una aseguradora, y de hecho aunque en Galicia se incrementó en un 33 %, en otras autonomías el porcentaje de subida fue muy superior.

Los casos más llamativos, destaca la Consellería de Facenda, son el de Murcia, que tuvo que duplicar el precio de su póliza, el del sistema vasco de salud, con un incremento de un 52 %, o el de Asturias, cuyo coste subió un 81 %.

Desde este departamento autonómico destacan que se trata de una cobertura voluntaria, por lo que hay administraciones que no tienen contratada la póliza de responsabilidad civil. En este caso esta responsabilidad debería ser asumida directamente por la Administración implicada en caso de siniestro.

¿Y qué cubre?

En el caso de la gallega, la cobertura incluye cualquier responsabilidad civil derivada de daños físicos y materiales hasta un límite de un millón de euros por víctima, con una franquicia de 60.000 euros si se trata de un siniestro del Sergas -como es una indemnización por un acto sanitario- y de seis mil en el resto de la administración de la Xunta.

La Organización Médica Colegial lleva años reclamando un baremo sanitario propio para calcular las indemnizaciones, al que puedan recurrir los jueces para fijar las cuantías. De hecho, hay un borrador que sigue sin tramitarse. La excesiva judicialización de la sanidad no solo lleva a que los servicios de salud no encuentren aseguradoras que les den cobertura, sino que acarrea un crecimiento exponencial de la medicina defensiva, es decir, pruebas clínicas sin valor para la salud, que se hacen para evitar problemas legales y que además suponen un importante coste a la sanidad.

En el sistema público, salvo que la reclamación sea por vía penal, la Administración cubre en la mayoría de los casos las indemnizaciones. Aún así, los médicos cuentan con seguro propio.

Las condenas del Sergas: Ginecología, el área más demandada con multas de hasta un millón de euros

Ginecología fundamentalmente, y cirugía plástica y reparadora, son las especialidades con más reclamaciones. En Galicia ya ha habido indemnizaciones importantes como la que se conoció en el 2016, cuando el TSXG condenó al Sergas a pagar 700.000 euros a un niño que nació con consecuencias neurológicas graves tras un parto en el Xeral de Vigo, y 150.000 euros a cada uno de sus padres, lo que supone un millón de euros en total. En el 2019 se conoció otra indemnización de 180.00 euros por un parto —también en el Xeral— ocurrido en el año 2012, en el que acabó muriendo el bebé. A los medios han saltado otras sentencias menos cuantiosas contra el Servizo Galego de Saúde, como 40.000 euros por no advertir a una mujer de que su hija heredaría su dolencia; o por detectar tarde un cáncer de pulmón, en este caso también de 40.000 euros.

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