Audasa cobró 90 millones en peajes durante los tres años de atascos por las obras de Rande

Arranca el juicio en el que la Fiscalía ve abusivo que la concesionaria de la AP-9 exigiese la tarifa íntegra ya que hubo retenciones diarias

La Fiscalía dice que durante las obras en Rande hubo «embotellamientos y retenciones de forma constante y cotidiana»
La Fiscalía dice que durante las obras en Rande hubo «embotellamientos y retenciones de forma constante y cotidiana»

Redacción / la voz

El presunto cobro abusivo de peajes de la AP-9 durante las obras del puente de Rande llega este martes al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, dos años después de que la Fiscalía presentase una demanda contra Audasa por el cobro íntegro de peajes a los usuarios que atravesaban el puente de Rande pese a que la autopista se encontraba en obras en ese tramo, entre los puntos kilométricos 145,180 y 151,080, lo que «afectó de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico en la autopista».

La demanda de la Fiscalía recuerda que aquellas obras provocaron que la fluidez de la circulación disminuyera y que fuese preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer ese tramo de seis kilómetros. Añade que además de la permanente afección expuesta, las mismas circunstancias «favorecieron la aparición de embotellamientos y retenciones, que se sucedieron de forma constante y cotidiana».

Inauguración seguida de más obras

Pese a estas circunstancias, la Fiscalía recuerda que no solo se mantuvo el cobro íntegro del peaje, sino que se incrementó a partir del día 1 de enero del 2018, tras una inauguración de obras el 30 de diciembre del 2017, «aun cuando se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha».

77 millones de tránsitos

La Fiscalía dice que en ese período, según datos de la propia Audasa, se registraron 77 millones de tránsitos y la concesionaria recaudó 90 millones de euros por el paso de vehículos ligeros.

El Estado se persona en la causa

La pasada semana se generó una polémica al conocerse que la Abogacía del Estado se había personado en la causa. La Fiscalía recurrió esa personación al entender que el caso se ciñe al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios. Eso determina que el Estado no puede tener «interés directo y legítimo en el pleito, más allá de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, posición que ya asume la Fiscalía».

Transportes dice que no defiende a Audasa

El Ministerio de Transportes aclaró que el personamiento del Estado en la causa judicial por el cobro de peajes no responde «a una posible defensa de la concesionaria Audasa». Fuentes del ministerio indicaron que están de acuerdo en exigir responsabilidades a Audasa «en caso de que hubiera obrado incumpliendo la normativa o de sus obligaciones». Y añadieron que los informes de Carreteras «responden estrictamente a juicios técnicos, no encuadrándose en ninguna actitud política, impensable en un procedimiento judicial».

El peaje se paga a cambio de circular con «fluidez, velocidad y seguridad»

La Fiscalía explica que el pago del peaje es una contraprestación porque se entrega a cambio de «un uso en perfectas condiciones de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad». Por eso ve abusivo que durante las obras se cobrase íntegro el mismo peaje que cuando la autopista funciona de modo normal. La Fiscalía solicitará que se anule esa práctica cuando no se preste el servicio con fluidez y seguridad. Y pide que Audasa devuelva a los usuarios el dinero abonado en el entorno de Rande y que pague una indemnización por el doble del importe del peaje.

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