Hacienda solo ofrece flexibilizar el déficit para no devolver 2.500 millones del IVA a las comunidades

El Gobierno mantiene su negativa a pagar los 2.500 millones de euros que adeuda a las comunidades autónomas por la liquidación del IVA de diciembre del 2017. A pesar del clamor de los consejeros de Hacienda de todos los territorios de distintos signos políticos, reunidos este viernes en Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha reiterado que no abonará ni un solo euro de los 204,7 millones que le corresponden a Galicia a estos efectos, incluido el interés de demora.

El conflicto del IVA no entraba en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que el objetivo del Gobierno a la hora de reunir a este sanedrín económico pasaba por tratar la senda del déficit y dar así el primer paso en el largo camino de la tramitación de los Presupuestos, de cuya aprobación depende la legislatura. Sin embargo, el asunto del IVA acabó convirtiéndose en el eje central del debate tras las constantes reivindicaciones de los consejeros de Hacienda, que alertando de que sin esos fondos, se verían obligados a sacar la tijera en sanidad, educación o servicios sociales.

Montero argumentó que «la gran mayoría de las comunidades gastaron esa cantidad», y defendió que el pasado año ofreció una salida dentro de un proyecto presupuestario «tumbado por el PP». No obstante, esta tarde puso sobre la mesa dos posibles salidas. En primer lugar, una flexibilización en la senda del déficit para este 2020, concediendo un margen hasta el 0,2 % del PIB, cuando este ejercicio las comunidades debían quedar en el 0%. Es decir, un cierto margen a las comunidades para gastar más. Por otra parte, abrió la puerta también a que puedan descontarse ese dinero del IVA para el cómputo de su propio déficit durante el 2019, lo que permitirá a algunas cumplir los objetivos y esquivar así el control estricto de Hacienda.

Sin embargo, estas medidas no tendrían efecto en Galicia, que el pasado ejercicio también cumplió con los objetivos. «Hasta ahí son las soluciones que puede dar el Gobierno de España», dijo Montero en una comparecencia al finalizar una reunión agitada que se prolongó hasta las 21.00 horas.

Ninguna de estas dos soluciones contentó a la delegación gallega: «Necesitamos ingresos, non queremos nin débeda nin corticoles», denunció Valeriano Martínez a la entrada.

Los otros 170 millones

El conselleiro de Facenda no solo reclamó los 204,7 millones relativos al IVA, sino que aprovechó el apartado de ruegos y preguntas para exigir también el pago de otros 170 millones correspondientes a los incentivos por no haber recurrido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en el 2017 y el 2018. «Hablaremos de forma bilateral», contestó Montero a una pregunta de este periódico, y por primera vez no ha cerrado la puerta a abonar este dinero.

Ha transcurrido año y medio desde que en agosto del 2018 Montero le transmitió a Feijoo en una reunión en Madrid su compromiso para encontrar una solución que sigue sin llegar, por lo que el titular de la Xunta dio orden la semana pasada a los servicios jurídicos para que comenzaran los trámites para presentar una demanda en los tribunales, siguiendo así un camino iniciado en noviembre por Madrid, que el pasado noviembre interpuso un recurso para recuperar 377 millones, o Cataluña, que exige el pago de 433 millones al tiempo que reclama una reforma fiscal que Sánchez se comprometió a estudiar en su entrevista con Torra. Como en el último CPFF, la Generalitat no envió a su consejero, el vicepresidente Pere Aragonés, y en su lugar acudió a la cita la secretaria del ramo, Natàlia Mas.

En los últimos días han mostrado también su intención de acudir a los tribunales para reclamar estos fondos varios presidentes socialistas, como el de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page; el de Aragón, Javier Lambán, o el extremeño Fernández Vara, entre otros, pero también Miguel Ángel Revilla, que gobierna en Cantabria con el apoyo del PSOE.

El Gobierno logró aprobar esa propuesta para la senda del déficit, un 0,2% del PIB para las comunidades, gracias al voto favorable de los representantes de las comunidades en las que gobierna el PSOE, por lo que está previsto que el Consejo de Ministros lo impulse en breve previo a su traslado a Las Cortes, en donde en principio el Ejecutivo no tendrá problemas para sacarlo adelante por mayoría simple.