Transportes teme que se ponga en cuestión la concesión de la AP-9 y el ministerio público recurre la personación del Ejecutivo al aducir que solo se juzga la relación Audasa con sus usuarios
09 feb 2020 . Actualizado a las 00:01 h.La AP-9 y las obras de Rande ha acabado por generar un desencuentro absoluto entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) y la Fiscalía. El Gobierno central teme que el juicio que la semana que viene dictaminará si Audasa cobró o no indebidamente los peajes durante el tiempo que duraron las obras de ampliación del puente de Rande pueda alterar la concesión que la empresa tiene garantizada hasta agosto del año 2048. La vista, que se celebrará entre los días 11 y 13 en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, contará con la presencia hasta ahora inesperada del departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos, representado a través de la Abogacía del Estado. El interés por tomar parte en el juicio de la Administración del Estado, titular de la AP-9, se solicitó aún el día 28 de enero, al alegar el ministerio que la causa en realidad cuestiona la concesión de la autopista.
Pero la presencia de Transportes en el juzgado a través del abogado del Estado no ha arredrado a la Fiscalía de su demanda, y según ha sabido La Voz de Galicia, el ministerio público ha presentado un recurso de reposición ante el juzgado pontevedrés contra la resolución que acuerda dar por personada a la Abogacía estatal. El Ministerio Fiscal entiende que la causa y las demandas auspiciadas por el fiscal provincial se ciñen estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura. Es decir, niega que se ponga en cuestión la concesión de la autopista con la denuncia, como en cambio mantiene el Gobierno, y considera que los casos de automovilistas perjudicados deben dilucidarse en la vía civil y privada de los usuarios de la AP-9 frente a la concesionaria.
No está de acuerdo la Abogacía del Estado con esta última consideración de la Fiscalía, al entender que esa relación contractual, que marca el pago de los peajes, se circunscribe solo a un ámbito puramente administrativo, como es el contencioso.
«De repente Fomento quiere ayudar a Audasa después de tener todo un año para posicionarse y personarse en la causa. Toma parte el ministerio frente a los derechos de los usuarios, el sentido común y la correcta prestación de servicios», tercia Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, organización que reclama los peajes pagados durante las obras (entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio del 2018), por unos 200 conductores que vieron limitadas las características de la autopista y que como el resto tuvieron que abonar íntegros los peajes por circular por el vial. Reclaman la devolución de las tarifas pagadas y los intereses generados de las mismas, que cifran en 200.000 euros. «Puede sentar un precedente que establezca a qué tienen derecho los usuarios de las autopistas cuando no se le garantiza el nivel de calidad por el que pagan», añade Maraña, que insta a los usuarios que sigan adhiriéndose a la demanda a través de su organización.
En la vista será clave las valoraciones de la DGT y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que asistieron a los atascos y retenciones que registró el puente durante las obras de ampliación, que obligaron a limitar el uso de algunos de sus carriles o reducir la velocidad máxima de circulación. La denuncia que se dirimirá la semana que viene alude a más de 200 atascos y retenciones, si bien la empresa alegará que no reconoce más que 14 incidencias relacionadas con la orden de marcha impuesta por los trabajos en el paso sobre la ría.
Audasa y el Ministerio de Fomento obtuvieron el año pasado el galardón de segunda mejor construcción del mundo concedida por la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural (IABSE), entre otras circunstancias precisamente por haber logrado hacer la primera ampliación de un puente atirantado sin cortar el tráfico en el mismo.
En-Colectivo ha abierto otro frente jurídico contra Audasa al acudir a la Comisión Europea a que revise si fueron legales las ampliaciones de la concesión de la AP-9 hasta 75 años, al no haberse producido estas con publicidad y libre concurrencia para que otras empresas optasen a dicho estiramiento del tiempo de explotación.
