Choque entre el Gobierno y la Fiscalía ante el juicio por las retenciones de Rande

GALICIA

M.Moralejo

Transportes teme que se ponga en cuestión la concesión de la AP-9 y el ministerio público recurre la personación del Ejecutivo al aducir que solo se juzga la relación Audasa con sus usuarios

09 feb 2020 . Actualizado a las 00:01 h.

La AP-9 y las obras de Rande ha acabado por generar un desencuentro absoluto entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) y la Fiscalía. El Gobierno central teme que el juicio que la semana que viene dictaminará si Audasa cobró o no indebidamente los peajes durante el tiempo que duraron las obras de ampliación del puente de Rande pueda alterar la concesión que la empresa tiene garantizada hasta agosto del año 2048. La vista, que se celebrará entre los días 11 y 13 en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, contará con la presencia hasta ahora inesperada del departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos, representado a través de la Abogacía del Estado. El interés por tomar parte en el juicio de la Administración del Estado, titular de la AP-9, se solicitó aún el día 28 de enero, al alegar el ministerio que la causa en realidad cuestiona la concesión de la autopista. 

Pero la presencia de Transportes en el juzgado a través del abogado del Estado no ha arredrado a la Fiscalía de su demanda, y según ha sabido La Voz de Galicia, el ministerio público ha presentado un recurso de reposición ante el juzgado pontevedrés contra la resolución que acuerda dar por personada a la Abogacía estatal. El Ministerio Fiscal entiende que la causa y las demandas auspiciadas por el fiscal provincial se ciñen estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura. Es decir, niega que se ponga en cuestión la concesión de la autopista con la denuncia, como en cambio mantiene el Gobierno, y considera que los casos de automovilistas perjudicados deben dilucidarse en la vía civil y privada de los usuarios de la AP-9 frente a la concesionaria. 

No está de acuerdo la Abogacía del Estado con esta última consideración de la Fiscalía, al entender que esa relación contractual, que marca el pago de los peajes, se circunscribe solo a un ámbito puramente administrativo, como es el contencioso.