Hacienda se enroca, descarta el pago del IVA y obliga a los presidentes a denunciar

El Gobierno de España convocó para este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera como el primer paso para iniciar la tramitación de los Presupuestos, de cuya aprobación depende la legislatura. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá con los consejeros de cada comunidad para informarles de la nueva senda de déficit que posteriormente trasladará a Bruselas.

Eso, los Presupuestos, será el argumento de esa cita con las comunidades, que lleva año y medio sin convocarse. La reunión llegará en plena tormenta de críticas de varias comunidades autónomas de distinto signo político que reclaman a la Administración central la devolución del IVA de diciembre del 2017. El de Galicia asciende a 200 millones de euros. Sin embargo, Montero no atenderá a estas reclamaciones al considerar que se trata de un tema cerrado, y enfocará el encuentro exclusivamente en el proyecto presupuestario que pretenderá aprobar el Ejecutivo de coalición y que dependerá básicamente de la posición de ERC.

No obstante, la portavoz del Gobierno sí pareció abrir la puerta este martes tras el consejo de ministros cuando mencionó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera será el marco para tratar «todas las cuestiones que han sido de actualidad» y para «atender a las peticiones y formulaciones» de las distintas comunidades. Todas salvo el IVA, ya que a una preguntas de La Voz volvió a dar un portazo: «Vengo contestando de forma reiterada a la cuestión que plantea, y la posición sigue siendo la misma: no hay ninguna novedad».

Montero repitió que la única opción de haber «revertido esta situación» fue a través del proyecto presupuestario que su Gobierno no logró sacar adelante el pasado año y que derivó en un adelanto electoral. Alberto Núñez Feijoo anunció recientemente que la Xunta acudirá a los tribunales para exigir el pago de este dinero, que, considera, corresponde a todos los gallegos. En los últimos días se ha sumado a esta reclamación el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que también pleiteará por estos fondos. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria por el PRC, y socio en esa comunidad del PSOE, se lo está planteando, igual que el presidente aragonés, también socialista.

Montero fue preguntada por estos movimientos. «Me va a permitir no hacer ninguna consideración», zanjó, obligando a todos ellos a reconsiderar sus tiempos de reacción y abriendo la posibilidad de que acudan a la vía de los tribunales. La semana pasada, cuando se le preguntó por la posición de Feijoo, sí cargó contra las comunidades, a las que acusó de asumir el argumentario independentista del «España nos roba».

En la Consellería de Facenda siguieron con atención la intervención de la ministra, y con cierta perplejidad por el hecho de haber aprovechado la rueda de prensa posterior al consejo de ministros para anunciar una reunión para el viernes, lo que dejaba un margen de solo horas para que llegase la convocatoria por escrito. Y también molestó que Montero no haya querido adelantar las propuestas de la senda de déficit y deuda que llevará, imprescindibles para confeccionar las cuentas del Estado desde el 2012. Por lo tanto, el conselleiro Valeriano Martínez, que será el que se siente en la reunión, acudirá a ciegas a un consejo cuyo contenido concreto desconoce, pero que se votará y aprobará porque el Gobierno tiene bien amarrado este órgano por el peso de los presidentes socialistas.

Decepción «doble»

Para la Xunta, la decepción es «doble», porque no entiende que un Gobierno inicie el mandato promulgando la paz territorial y que a las primeras de cambio soliviante a todas las comunidades negándoles el pago de 2.500 millones que gastaron anticipadamente por la promesa de la ministra. Pero tampoco se va a abordar otra petición clave para Galicia, que es el pago de los 170 millones de euros de incentivos por el cumplimiento de los objetivos fiscales durante dos ejercicios. Este es un capítulo que Feijoo maneja con otros tiempos porque la urgencia es menor, ya que se trata de una cantidad que nunca se consignó en los presupuestos autonómicos, pero será otra de las luchas que se intensifiquen en adelante. Facenda confía en que ambos capítulos se puedan abordar en el turno de ruegos y preguntas, aunque cunde el convencimiento de que Montero hubiera evitado la reunión de no ser obligatoria.