El PSdeG, en el dilema entre el sí a Galicia o el «sí, bwana»

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, es el nexo de las dos almas del PSdeG, la autónoma y la sucursalista


la Voz

Para tomarle la temperatura interna al PSOE gallego conviene observar un termómetro que se llama José Tomé. El alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo es un dirigente tan lúcido como esquivo, que no suele tener mal olfato para anticipar de qué lado caerá la moneda. Cuando en Ferraz desahuciaron a Pedro Sánchez para extenderle la alfombra roja a Susana Díaz, operó a contracorriente y Monforte se convirtió en la primera localidad gallega que pisó el revivido líder socialista, hoy presidente del Gobierno. Cierto que después no supo ver la llegada de Gonzalo Caballero y se lo jugó todo a la baza de Villoslada, pero fue ágil corrigiendo el tiro y poniéndose a disposición del líder del PSdeG.

Y ahí está ahora el presidente de la Diputación de Lugo, sigiloso como siempre y actuando de albacea de la herencia política de su amigo Besteiro, quien mantiene su esfera de influencia en la provincia, pese a que dimitió hace cuatro años como líder del PSdeG. Esa doble conexión con Besteiro y Caballero, pasado reciente y presente del partido, es lo que convierte a José Tomé en una de las claves de bóveda del socialismo galaico, en el nexo entre las dos almas del PSdeG, la autónoma y la sucursalista, la que tiene la G de Galicia como guía y la que actúa ceñida al argumentario de Ferraz.

Las dos visiones del PSdeG afloraron con fuerza esta semana con la rebelión del IVA que protagonizaron los socialistas de las provincias de A Coruña y Lugo contra el Gobierno central para reclamar el pago de los 200 millones que se adeudan a Galicia. Y aunque Tomé, clave de bóveda del PSdeG, evita tomar partido en público, no es difícil observar en las mociones sobre el IVA impulsadas por los socialistas una enmienda parcial a la línea política de Gonzalo Caballero. 

Algo ha cambiado

Porque es evidente que algo ha cambiado en el PSdeG entre el mes de julio pasado, cuando se desmarcó en el Parlamento de un pacto político para reclamar al Estado el pago de la deuda pendiente con Galicia, y lo ocurrido esta semana, cuando desde ciudades como Lugo, Ferrol o Santiago, o incluso desde el pleno de la Diputación de A Coruña, cuestionaron con su voto la posición oficial que venía defendiendo Gonzalo Caballero, siempre condicionada por los intereses del Gobierno de Sánchez.

Algunos alcaldes del PSdeG ya dejaron claro que no están dispuestos a entonar el «sí, bwana» con todo lo que dependa de Madrid. En Santiago, Sánchez Bugallo quiere compromisos tangibles con el enlace orbital y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se plantó ante el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para hacerle entender que la ciudad no aceptará más retrasos o incumplimientos con la estación intermodal.

La batalla por la deuda del IVA le dio pie a algunos dirigentes locales del PSdeG para dar un golpe en la mesa y rebelarse contra la valoración realizada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no solo consideró prescrito el plazo para resolver el problema, sino que llegó a decir que ese dinero que pagaron los gallegos cada vez que consumieron algo y generaron una factura, ya no existía.

El enfurecimiento de Núñez Feijoo con la ministra fue compartido por otros presidentes autonómicos, algunos de ellos también del PSOE, que en absoluto son menos socialistas por defender los intereses de sus respectivos territorios frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este es un dato que seguramente no pasa por alto José Tomé, atento como siempre a todo lo que se mueve en el partido. Y es algo que tampoco debería soslayar Gonzalo Caballero si realmente aspira a ser presidente de la Xunta, un puesto para el que puntúa mucho más actuar en clave gallega que entonando el «sí, bwana» a quien dicte instrucciones desde Madrid.

La rebelión contra el Gobierno por el IVA se extiende ya a siete comunidades

Otras tres, Asturias, Murcia y Baleares, estudian todavía si reclaman judicialmente la deuda y esperan una solución política

La rebelión declarada contra el Ministerio de Hacienda por los impagos de la recaudación del IVA se extiende ya a siete comunidades autónomas de diferente signo político, que esta semana entrarán en una fase crucial para determinar si abren o no una batalla judicial contra la Administración del Estado, algo que anunció hace meses la Generalitat de Cataluña y que la Comunidad de Madrid ejercitó en noviembre interponiendo un recurso ante la Audiencia Nacional.

La Xunta también anunció que acudiría a los tribunales en los próximos días si el Gobierno central no habilita el mecanismo para liquidar los 200 millones de euros que adeuda a Galicia, y Andalucía también tomó la decisión de activar la vía judicial.

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