La excesiva burocracia y la falta de medios siguen lastrando la atención de los concellos
GALICIA
La falta de efectivos ralentiza las áreas sociales y las licencias de obra dan síntomas de mejoría
03 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Tras superar el medio año de mandato, las nuevas corporaciones municipales apenas han resuelto los cuellos de botella que ciudadanos y empresarios se encuentran a la hora de plantear trámites ante la Administración local.
La Voz ha pedido a representantes de trabajadores sociales, asociaciones de constructores, agentes inmobiliarios, especialistas legales en contenciosos administrativos, portavoces de organizaciones de interventores municipales, de plataformas de autónomos, asociaciones de defensa de discapacitados y expertos en patrimonio que valoren desde sus perspectivas si mejora o no la atención al ciudadano en los ayuntamientos gallegos. La conclusión general desde dentro de los consistorios es que los procesos administrativos internos comen gran parte del tiempo y los esfuerzos, agravados además por la falta de manos. Desde fuera, la burocracia y los métodos de organización se perciben como auténticas barreras que complican y ralentizan las resoluciones.
«Para pedir una ayuda para unas gafas, tenemos que meter los mismos datos en cuatro sistemas diferentes»
trabajadores sociales
Atasco total. La normativa gallega establece que cada concello tiene que contar con un técnico en asuntos sociales por cada 8.000 vecinos, y el Consejo General de Trabajo Social en España determina que ese baremo baje a un trabajador especializado por cada 1.800 residentes. La realidad de Ourense es que hay tres para cada 25.000 vecinos. «Es una barbaridad que hace que la lista de espera para tener una cita sea de un mes, o más en el caso de Vigo», explica Antía Sobrino, vicepresidenta del Colexio Oficial de Traballadores Sociais de Galicia. «No se le puede decir a una persona a la que se le va a cortar la luz por falta de medios, o a alguien que van a desahuciar que espere un mes a que la recibamos. Lo resolvemos a cuenta de más carga de trabajo», añade. Y pone un ejemplo de la excesiva burocratización de las gestiones de los departamentos sociales: «Para pedir una ayuda para unas gafas, un alquiler o la Risga tenemos que cubrir informes de 30 páginas y meter los mismos datos en cuatro o cinco sistemas diferentes». Sobrino apunta que en los concellos rurales los técnicos sociales ven incrementado su trabajo con múltiples gestiones ajenas a su cometido y sin cobrar, incluso pagan de su bolsillo el desplazamiento a casas de particulares.
cogami
Un año para un estacionamiento. Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, Cogami, certifica el mes de espera en asuntos sociales en Vigo y A Coruña, y añade que los calendarios se pulverizan en casos como la petición de creación de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, que estima rondan el año de espera. Sobre la gestión de las tarjetas de aparcamiento la considera en general «ágil», pero aprovecha para pedir cordura a los familiares de las personas que las necesitan para no hacer mal uso de ellas, como a los conductores en general para no ocuparlas «ni solo un momentito».
Los promotores piden que los criterios urbanísticos sean conocidos por todos
promotores
Buena voluntad, por ahora. Ángel Jove, presidente de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, advierte «voluntad de desatascar la tramitación de licencias urbanísticas» en concellos donde en el anterior mandato se registraron auténticos colapsos como A Coruña, Ferrol y Santiago. «El Ayuntamiento coruñés ha creado una mesa de diálogo con el sector, pero otras cosa es que se atiendan nuestras demandas», señala. Jove pide a los concellos mayor transparencia en los criterios urbanísticos, que sean «conocidos por todos y no interpretados con posterioridad». Los promotores inmobiliarios demandan poder contactar con la administración local con más agilidad, y en especial aspira a más facilidades para contar con permisos para acometer rehabilitaciones en los cascos históricos. «A los empresarios y a particulares no les queda más remedio que pensárselo mucho, porque no hay garantías de que las inversiones tengan fácil desarrollo», lamenta.
técnicos de patrimonio
Mejora en los permisos. En la provincia de Pontevedra se ha pasado de más de un año de espera para obtener permisos para hacer obras en conjuntos protegidos a poco más de dos meses, según atestigua el arquitecto Carlos Hernández Coto. Valora como muy positivo que los particulares ya puedan presentar por su cuenta ante Patrimonio de la Xunta peticiones de permisos de obra mientras tramita al mismo tiempo la licencia en su concello, lo que ha recortado en mes y medio los plazos. Apunta como un hándicap para los ayuntamientos pequeños la imposibilidad de gastar 4.000 o 5.000 euros en licencias de programas informáticos básicos para la gestión de administrativa urbanística, lo que redunda en retrasos y largos trámites burocráticos.
Los concellos pequeños carecen de banda ancha para pasar planos por Internet
agentes inmobiliarios
Excesos burocráticos. El exceso de papeleo y la complicación de los procesos administrativos juega en contra de la respuesta ágil a la ciudadanía, según Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. «Mientras, hay concellos rurales que no pueden pasar dosieres o planos por Internet al carecer de banda ancha u ordenadores capaces de gestionarlos». Iglesias llama a la administración local a reordenar sus recursos humanos y mejorar la cualificación de los técnicos. Evitar la discrecionalidad de alcaldes y técnicos es otra de las asignaturas pendientes, en especial en materia de la concesión de permisos urbanísticos. La proliferación de gerencias de urbanismo es para el representante de los inmobiliarios la mejor garantía de transparencia y antídoto para vetos arbitrarios.
«Seguimos esperando por una licencia definitiva para abrir un negocio lo mismo que hace diez años»
autónomos
Morosidad trasladada. Eduardo Abad, secretario general de la organización de autónomos UPTA, es de los que cree que la informatización de la gestión de los ayuntamientos no ha agilizado la respuesta a la ciudadanía. «Seguimos esperando por una licencia definitiva para abrir un negocio lo mismo que hace diez años. Hay una auténtica ineficacia en la ruptura de la brecha burocrática», estima. Las ventanillas únicas pensadas para simplificar trámites a la hora de lanzar negocios son una quimera para el representante de una de las plataformas de autónomos estatales.
Apunta a Abad a otro lastre para las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia como es el cobro de facturas a los concellos. «Pagan la mayoría dentro del plazo legal y se ha mejorado mucho, pero ahora los que no pagan a terceros son las grandes empresas, los nuevos comisionistas que se llevan los concursos. Cobran de la Administración pero luego no pagan a los que realmente hacen los trabajos antes de 90 días», clama.
intervención municipal
Escaso remplazo. José Antonio Rueda, presidente del Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de A Coruña, estima que «el arranque en muchos ayuntamientos de la administración electrónica conjugada con una dotación de medios humanos no siempre adecuada, fundamentalmente por jubilaciones no repuestas por limitaciones presupuestarias, han ralentizado muchos trámites». En su experiencia las quejas que reciben los concellos se centran en la tramitación de asuntos urbanísticos y el pago de servicios que no computan en morosidad, como subvenciones, sometidas a tramitaciones engorrosas.
abogado de lo contencioso
A favor de los concellos. «En los concellos pequeños los ciudadanos van con miedo a tramitar sus asuntos, en especial en materia urbanística», mantiene el abogado coruñés Sebastián Lorenzo, especializado en contencioso administrativo. Asegura que la discrecionalidad en algunos consistorios aún es alta con gran margen de maniobra de políticos y técnicos. «La gente utiliza en ese ámbito poco el recurso, prefiere adaptar su proyecto y evitar más retrasos o enfrentamientos», aduce. También observa una excesiva interpretación de la norma, siendo también mayoritaria la lectura en los pleitos a favor de la administración local, en la mayoría de los casos por una falta de motivación correcta por parte de los demandantes.
