El Estado sostiene que el Concello de Ferrol pagaba el IBI del pazo de Meirás
GALICIA
El próximo 6 de julio se iniciará el juicio contra los Franco para recuperar la propiedad para el patrimonio público
01 feb 2020 . Actualizado a las 17:56 h.¿Es una simulación fraudulenta la escritura de compraventa del pazo de Meirás firmada en el año 1941 entre la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán y la Junta pro Pazo? ¿El Estado y otras Administraciones públicas sufragaban los gastos de mantenimiento del pazo? ¿Fueron coaccionados los ciudadanos que aportaron dinero en una suscripción popular para la compra del pazo? ¿Pagaba el Ayuntamiento de Ferrol el impuesto de contribución urbana del pazo, como sostiene la Abogacía del Estado?
Son las preguntas que tendrán que ser resueltas en el juicio que comenzará el próximo 6 de julio en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, donde ayer se celebró la audiencia previa entre las partes bajo la presidencia de la magistrada Marta Canales. El juicio surge de la demanda presentada por el Estado contra los herederos de Francisco Franco para recuperar la propiedad del pazo de Meirás para el patrimonio público.
Durante más de tres horas, las partes expusieron sus argumentos. Los abogados del Estado, encabezados por Javier Suárez, intentaron demostrar que la compraventa del pazo de Meirás es nula porque hay dos escrituras, una de 1938 entre la heredera de Pardo Bazán y la Junta pro Pazo, y otra de 1941, entre la misma vendedora y el propio Francisco Franco como comprador. Argumenta el Estado que la segunda venta se hizo para permitir que Franco pudiese inscribir el pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad. La defensa de los Franco alega que solo hay una escritura válida, la de 1941, ya que para ellos la venta de 1938 no se podía realizar porque la vendedora aún no había sido declarada legalmente heredera de Pardo Bazán.
El mantenimiento de la propiedad es otro motivo de discordia. Los demandantes consideran que era el Estado, por medio de la Casa Civil, el que se encargaba de la gestión del pazo como residencia oficial del jefe del Estado. Se basan en que allí había oficinas, vigilancia oficial y que los gastos eran sufragados por el Estado y por varios ayuntamientos. El de A Coruña, como indicó ayer su abogada, enviaba todos los años a Meirás jardineros, electricistas y otros equipos de mantenimiento, y el de Ferrol, como afirman los letrados del Estado, pagó el impuesto de contribución urbana del pazo hasta mediados de los años setenta.
Una explotación agropecuaria
La parte demandada niega ese hecho alegando que era el propio Francisco Franco quien pagaba los impuestos del pazo e incluso gestionaba una explotación agropecuaria existente en la finca. También asegura que tras la muerte de Franco, el Estado se desentendió del pazo y que desde entonces fueron los herederos los que poseyeron la finca y se encargaron de su mantenimiento. Esa posesión se hizo de mala fe, según los servicios jurídicos del Estado.
¿Cómo se pagó el pazo? El Estado sostiene que en el proceso se podrá demostrar que los ciudadanos se vieron obligados a participar en una suscripción popular que se sufragó con aportaciones «que no eran voluntarias, sino que tenían un carácter coaccionador».
«Es difícil saber eso, señoría», respondió el abogado de la defensa. «Suponemos que hubo gente que pagó de forma voluntaria y otra que se vio compelida a realizar esa aportación». El abogado de los herederos de Franco aseguró que ese dato era «irrelevante a efectos del presente litigio, porque lo importante es que el dinero no salió del erario público». No piensa lo mismo el letrado del Estado, que sí considera relevante ese hecho, «porque la compra se realizó mediante un proceso coactivo».
Rodríguez Ares será uno de los testigos, «como amigo de la familia que conoce bien el pazo»
En el juicio las partes presentarán siete testigos. Entre los tres que presentará la representación de la familia Franco estará Ramón Rodríguez Ares, que fue alcalde de Sada entre 1979 el 2007 como candidato del PP y después al frente de un partido independiente. Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, indicó al final de la audiencia previa que el exalcalde de Sada «tiene conocimiento de todo el mantenimiento y la situación posesoria del pazo desde 1975 hasta 1990. Es por eso, porque él era amigo de la familia y conoce bien el pazo».
Los otros dos testigos de la defensa serán Esteban Medina, que fue secretario particular de Carmen Polo y de su hija, Carmen, y Luis Fernando Quiroga, suegro de Arancha Martínez-Bordiú, nieta de Franco. Los testigos de la parte demandante serán vecinos de Meirás y los historiadores Emilio Grandío, Carlos Babío y Manuel Pérez
Benito Portela, actual alcalde de Sada (Sadamaioría), mostró su confianza en que el juicio «permita recuperar a dignidade a todo o Estado». El secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, cree que el pazo volverá al patrimonio público, «de onde nunca debeu marchar, e poderá ser disfrutado polo seu lexítimo propietario, que é o pobo galego».
El BNG de Sada también mostró su satisfacción por el inicio del proceso para recuperar el pazo y presentó una moción para que se retiren todas las distinciones que ostentan los herederos de Franco.