Pilar de Lara deja el juzgado de Lugo en ejecución de la sanción impuesta por el Poder Judicial

La magistrada del caso Pokémon ha sido castigada por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales

Pilar de Lara, en una foto de archivo
Pilar de Lara, en una foto de archivo

lugo / la voz

De manera inesperada y sorpresiva, el jueves a media mañana se produjo la salida de la jueza Pilar de Lara de su juzgado de Lugo, el de Instrucción número 1. Ella había acudido a trabajar y de hecho estaba tomando declaración a una persona cuando le llegó la comunicación de que abandonase su juzgado. Así que tuvo que poner fin a esta diligencia y suspender las demás previstas para el resto de la mañana. En poco tiempo recogió sus cosas y abandonó el juzgado. En el título de una de sus redes sociales aparecía, según dijeron algunos allegados suyos, un mensaje relativo a los beneficios que lleva aparejado el traslado.

Un cambio de aires que para ella va a ser inevitable porque los siete meses y un día de sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) implican la pérdida de destino. Es decir, en cuanto pase esos siete meses sin empleo ni sueldo, volverá a entrar en las listas para ocupar juzgados vacantes como los jóvenes que entra por primera vez en la carrera judicial. A pesar de sus años de trabajo, la sanción también lleva aparejada la pérdida de la puntuación. Por tanto, va a ser difícil o casi imposible que pueda retornar por ahora a Lugo, ya que tendrá que aspirar a alguna de las plazas vacantes que hayan ido dejando quienes tienen más puntuación. Por tanto, las plazas de Canarias o de Cataluña son las que cuentan con más posibilidades para ella, porque son ahora mismo las menos demandadas.

Pilar de Lara había sido sancionada por las dilaciones indebidas por el CGPJ, pero había presentado un último recurso, el de reposición, ante el mismo Tribunal Supremo, que no le había alargado su estancia a la espera de un posible pleito que ella va a emprender. Por tanto, aún disponía de cinco días durante esta misma semana para presentar ese recurso de reposición y esperar algunos días o semanas a que el Supremo lo fallase. Pero eso no ocurrió, porque ayer mismo le llegó la notificación por parte del Poder Judicial, que precisamente se reunía en Pontevedra.

Por tanto, De Lara abandonó el juzgado de forma inesperada y mientras todavía seguía instruyendo casos. De hecho, en días pasados se opuso a dividir la operación Pokemon en una decena de piezas, por todos los juzgados gallegos afectados, tal como proponía la Fiscalía. El Ministerio Público entiende que en cada juzgado se debe sustanciar la investigación que corresponda a esa ciudad, pero la jueza De Lara se opuso a dicha propuesta incluso cuando estaba a punto de tener que abandonar el juzgado. Ella argumentó que no se debía dividir el caso porque en la mayoría de los asuntos el principal implicado era José María Tutor (el representante de Vendex en Galicia) y que eso acabaría con el delito de asociación para delinquir que ella proponía.

Causas diferentes

Entendía además que la división llevaría a los juzgados a investigar asuntos que desconocen y a que los imputados se verían juzgados en varias ciudades a la vez por motivos parecidos.

Sin embargo, un argumento de la Fiscalía para dividir la causa es que, si se mantiene tal y como la proponía Pilar de Lara, habría unos 250 imputados, lo cual se convertirían en un macroproceso casi sin precedentes, inabordable judicialmente.

En cualquier caso, ahora ya no va a ser Pilar de Lara quien tenga que aceptar o rechazar las propuestas de la Fiscalía porque ella empezó ayer mismo a cumplir su sanción de siete meses apartada de su puesto de trabajo.

El que hasta ahora era su juzgado en Lugo se queda vacante a la espera de la llegada de un nuevo juez, aunque por el momento sigue teniendo uno de apoyo que fue nombrado para aliviar el colapso de las macrocausas.

El abogado de Pilar de Lara, el asturiano Agustín Azparren, dijo en las últimas semanas que tenía previsto recurrir el castigo del CGPG por la vía de la justicia ordinaria y que, por tanto, el castigo podría acabar siendo injusto si finalmente una sentencia le diese la razón a la jueza sancionada. Sin embargo, esta posibilidad fue desestimada por el Supremo, que ordenó cumplir el castigo independientemente de lo que determine una sentencia futura.

Pilar de Lara, la jueza que acumuló nueve macrocausas a la vez y solo resolvió una

t. taboada
La jueza Pilar de Lara, durante un registro en el 2015
La jueza Pilar de Lara, durante un registro en el 2015

La magistrada deberá dejar su puesto tras un final caótico y desbordado en el que llegó a investigar a más de 200 personas a la vez

Nacida en el año 1971 en Cartagena (Murcia), Pilar De Lara Cifuentes llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en el 2007, procedente de Mieres. Al poco tiempo de llegar a la ciudad de las murallas empezó a abrir macrocausas de todo tipo, relacionadas con instituciones como la Guardia Civil y la Policía Nacional, políticos y empresarios. Al principio tuvo el respaldo de sectores sociales de una tranquila ciudad como Lugo, pero con el paso de los años fue ganando enemistades. Muchos la acusaron de que sus investigaciones iban dirigidas contra el PSOE, pero con la operación Pokémon entró también en las filas del PP. De Lara, cuyos afines destacaban de ella ser una mujer que no se arrugaba y que tenía mano firme, además de gran capacidad de trabajo, comenzó a dilatar las numerosas causas que fue abriendo con el paso de los años: la operación Carioca (2009), la Pokémon (2012), la Pulpo (2013), la Cóndor (2015) o la Garañón (2015), entre otras.

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Por su parte, el abogado de De Lara denunció una irregularidad más en la comunicación de la aplicación, que supone siete meses y un día sin empleo y sueldo y pérdida de destino. «Una vez que comprobamos el documento que le habían requerido para que cesara no viene ninguna orden de cese. Simplemente lo que dice es que se declara la firmeza de la sanción, ya es extraño porque el auto de medidas cautelares no es firme, y dice que se iniciará la ejecución del acuerdo. Con esa diligencia que se nos notificó fue con la que se nos dijo que tenía que cesar», manifestó Azparren, que insistió en que no hay ninguna orden, no ha salido publicado en el BOE el cese, que es una cosa que dice el reglamento de la carrera judicial y, por lo tanto, no es más que otra irregularidad más. 

Pese a la comunicación del cese, la magistrada aún está pendiente del recurso de reposición ante el Tribunal Supremo, para que no se ejecute la sanción en tanto no resuelva el alto tribunal. El letrado reconoce que es difícil que prospere, aunque avanzó que hay novedades importantes que se pueden tener en cuenta. «Puede darse que el Tribunal Supremo resuelva sobre el fondo del recurso (al castigo impuesto por el Consejo General del Poder Judicial) y si lo rebajara a menos de seis meses no perdería el destino», recalcó.

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