El Gobierno tiene un mes para evitar los tribunales por el impago del IVA

La Xunta es pesimista y estudia otra denuncia por los 170 millones de los incentivos


Santiago

La polémica por los 200 millones de euros que el Gobierno de España no transfirió a la Xunta en concepto de un mes de IVA del 2017 —2.300 millones más sumando a todas las comunidades— seguirá viva en el ámbito político mientras adquiere su propia dinámica judicial. El recurso contencioso-administrativo anunciado el miércoles en el Parlamento por el presidente gallego incluye necesariamente un requerimiento previo que concede al Ministerio de Hacienda un mes para responder. De no obtener una reacción satisfactoria, y Feijoo admitió este jueves su pesimismo al respecto, la iniciativa autonómica seguirá la senda marcada por Madrid y Cataluña, que resolvieron este desencuentro con muchos menos miramientos que Galicia.

«O lamento profundamente», transmitió el titular de la Xunta, una institución que en cuarenta años de historia siempre ha solventado sus diferencias financieras con Madrid por las buenas. Para sostener esta decisión, Feijoo realizó al término de la reunión semanal de su equipo una «crónica do aquelarre orzamentario» de la ministra Montero que le llevó a denunciar un año y medio de «mentiras e incumprimentos», incluyendo la no convocatoria del Consejo de Política Fiscal, el foro autonómico que considera adecuado para tratar un problema «sen relevancia» y de carácter técnico en sus inicios que se fue complicando en la medida en que el Gobierno no fue capaz de sacar adelante sus presupuestos y acabó lanzando dos convocatorias electorales.

El pesimismo de Feijoo sobre la receptividad a una vía extrajudicial tiene que ver precisamente con un Gobierno «que depende dos seus socios», por lo que no descartó que partidos como Esquerra Republicana acaben exigiendo esa partida para Cataluña sin contar con el resto de las comunidades cuando se negocien los presupuestos estatales. A esa vía de resolución, que ahora defienden los socialistas gallegos, tampoco le ve grandes posibilidades. «O PSOE meteuse nunha situación difícil de explicar. Digan o que digan, o que non sexa facer a transferencia será marear a perdiz», concluyó.

Un tratamiento «distinto»

De momento, la Xunta solo va a reclamar por vía judicial los 200 millones del IVA, que se consignaron en los presupuestos del 2019 y que dejaron un agujero en las cuentas autonómicas. «Sería unha broma que ademais teñamos unha penalización por non cumprir o déficit público, sería inadmisible», dijo Feijoo, al tiempo que anunció un «tratamento distinto» para reclamar los 170 millones que el Ejecutivo autonómico exige dentro del marco de incentivos impulsados por el Ministerio Hacienda para premiar precisamente a las comunidades que cumplieran con los parámetros financieros, cuestión que Galicia logró en el 2017 y 2018. El dirigente gallego explicó que «son dous conceptos de débeda diferentes. Un, o do IVE, é automático, e o outro ten outro procedemento», explicó. No renunciaran a ninguna de las partidas y, de hecho, los asesores jurídicos de la Xunta también están trabajando en una respuesta que podría suponer la segunda vía judicial.

El PSdeG sugiere ahora resolver el impago del IVA en la tramitación de los presupuestos

Domingos Sampedro

El BNG aplaude abiertamente el recurso judicial de la Xunta, una vía que también tomará el Gobierno de Andalucía

El frente judicial que se dispone a abrir la Xunta con el Gobierno central para poder cobrar la recaudación del IVA que le adeuda el Estado, unos 200 millones de euros, no solo es observado con interés por otras comunidades autónomas con el mismo problema, sino que recibió el apoyo de algunas fuerzas de la oposición, con el BNG a la cabeza, que llevaba meses reclamando ese recurso. Y a la par, también está obligando a los socialistas gallegos a modular un poco su posición, pues si el martes respaldaban abiertamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando dijo que la liquidación del IVA pendiente ya no se podría resolver porque el plazo había prescrito, ahora piden «artellar mecanismos» que permitan resolver el conflicto en el marco de la tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

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