Abogados gallegos reclaman a la Comisión Europea que anule la concesión de la AP-9

GALICIA

CÉSAR TOIMIL

Esgrimen una sentencia del Tribunal de Justicia comunitario que deja sin valor las prórrogas de una autopista italiana por no someterse a concurso

25 feb 2021 . Actualizado a las 15:55 h.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en noviembre la ampliación del período de concesión de la autopista italiana A-12, en Livorno, por no haberse sometido dicha prórroga a concurso público para garantizar así la igualdad de condiciones entre las empresas que pudieran optar a explotar el vial en los años añadidos al contrato original. Dicho antecedente ha sido esgrimido por los abogados de la asociación En-Colectivo para solicitar a la Comisión Europea que dictamine la misma resolución para la autopista gallega AP-9 al haber sido objeto de las prórrogas aprobadas en 1994 y en el 2000 por los ejecutivos de Felipe González y José María Aznar y que han ampliado el cobro de peajes al 2023 primero y al 2048 como se mantiene en la actualidad.

«Los dos reales decretos de ampliación de la concesión en la AP-9 incumplen la normativa comunitaria que afecta a la prórroga de concesiones, pues ambas suponen una modificación sustancial del contrato, por lo que deberían haber sido objeto de un nuevo concurso, como ya ha estimado en el caso italiano el Tribunal de Justicia de la UE», argumenta el abogado y presidente de la asociación, Diego Maraña, apoyado por los letrados Carlos Cenalmor, del bufete Gándara Moure, y Antonio Heredero, de Balms Abogados. 

Los letrados requirieron a la Comisión Europea a que estudie la legalidad de los dos reales decretos, instando al Gobierno de España a que anule sendas prórrogas y suprima por tanto los peajes en la AP-9, cuya fecha original de fin de la concesión era el año 2012, aunque el Gobierno de UCD lo prolongó algo más de un año hasta octubre del 2013 a causa del retraso en la realización de las obras y la entrada en servicio del vial. La denuncia, presentada en julio pasado, ya superó por tanto los dos meses de plazo en los que la Comisión puede rechazarla.