Besteiro pide que se ejecute «cuanto antes» la sanción de De Lara y su salida de los juzgados de Lugo
GALICIA
Ha sido sancionada a siete meses y un día de suspensión por dilaciones indebidas en los casos que instruye
29 ene 2020 . Actualizado a las 22:43 h.El auto del Tribunal Supremo que desestimó las alegaciones de la jueza Pilar de Lara a la sanción de siete meses y un día que le impuso el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) por una falta muy grave de «desatención o retrasos injustificados en la instrucción» y por tomar decisiones que, con «manifiesto abuso procesal», causaban ficticios incrementos del volumen de trabajo puede tener consecuencias en las decenas de personas investigadas en los diversos procesos abiertos por la magistrada y que aún no ha cerrado.
El que fuera secretario xeral del PSdeG-PSOE y presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, reclama al CGPJ que «ejecute cuanto antes» la sanción, que implica para la magistrada la pérdida de destino del juzgado número uno de Lugo. El abogado del exdirigente socialista, Cándido Conde-Pumpido, indicó ayer que acaba de enviar un escrito al máximo órgano del poder judicial para solicitar que se haga efectiva cuanto antes esta sanción que, en su opinión, «ya debería haberse ejecutado».
El CGPJ está pendiente en la actualidad de una nueva resolución de Tribunal Supremo sobre la suspensión del castigo, ya que la jueza lucense tiene intención de presentar un recurso de reposición, como última carta que le queda para poder seguir unos días más en el puesto. Precisamente, ese tiempo de espera del fallo del último recurso antes de la casi inevitable marcha de Pilar de Lara de Lugo es lo que temen algunos de los investigados.
Y es que como ya manifestó el abogado de De Lara, Agustín Azparren, el pasado noviembre, la intención de la jueza era acabar en enero de este año las instrucciones de casos como la Carioca y la Pokémon. Si a la magistrada no le diese tiempo a finalizar estas macrocausas antes de su pérdida de destino, estas pasarían al sustituto que cubra su plaza de Lugo.
Los investigados por De Lara más mediáticos, Gómez Besteiro y el exalcalde José López Orozco, han hecho ver en reiteradas ocasiones que la jueza actuó de manera imparcial contra ellos, por lo que llegaron a presentar escritos de recusación contra ella, que están pendientes de ser resueltos.
Un ejemplo de su argumentario se vivió el pasado octubre cuando el día anterior a que el CGPJ emitiese el fallo de sanción contra la jueza, esta cerró el caso Garañón, las torres construidas a los pies del parque Rosalía de Castro (paralizadas por la justicia), cuando Besteiro era concejal de Urbanismo, y Orozco su alcalde. Con aquel auto judicial de octubre tanto Besteiro, que lo calificó «de represalia», como Orozco se encontrarían a un paso de ir a juicio oral. Ambos consideraron que había motivos suficientes para apartar a la jueza.
Por este motivo, las defensas de ambos expolíticos confían en que la llegada de otro juez suponga la posibilidad de una nueva valoración de los hechos y de las pruebas que se presentaron durante la instrucción del caso Garañón o de las diferentes piezas de la Pokémon. El letrado de Gómez Besteiro, Conde-Pumpido, afirmaba ayer que la sanción a Pilar de Lara «debe ser ejecutada de forma inmediata» y que la magistrada «debe perder su destino» y «dejar de instruir las causas contra aquellos que además vienen denunciando las irregularidades que han dado lugar a su sanción».
El exalcalde Orozco apuntó estos días en las redes sociales —tras conocerse otro varapalo a la jueza lucense cuando se supo la petición de la Fiscalía de enviar las piezas del caso Vendex a diferentes juzgados— que su silencio «va a ser mejor que cualquier otro comentario. Pero aquellos que hemos sufrido tal instrucción, siendo inocentes, necesitamos la reparación de la propia justicia».
Precisamente, la jueza rechazó la petición de Fiscalía de dividir la parte gallega de la Pokémon, aunque accedió a inhibirse en las piezas que atienden hechos registrados en Cataluña y Baleares. De Lara, en su auto, afea el cambio de criterio del fiscal.
