Barones socialistas también amagan con llevar al Gobierno a los tribunales
25 ene 2020 . Actualizado a las 16:31 h.El Gobierno de España tendrá que pagar a las comunidades los 2.500 millones de euros que no les ha transferido por un mes de IVA del 2017 o no tendrá la paz territorial que busca Pedro Sánchez. Galicia, con un Ejecutivo del PP, y Canarias, cuando estaba gobernada por Clavijo (Coalición Canaria) fueron las primeras en dar la voz de alarma por este roto presupuestario. Y Madrid, ya con Díaz Ayuso (PP), y Cataluña, dirigida por los independentistas, pusieron las primeras picas judiciales. Pero ahora se suman nuevos actores a la rebelión, entre ellos los líderes socialistas, que con mayor o menor intensidad también le han puesto la proa al Ministerio de Hacienda.
El primero en salir del largo letargo socialista fue el manchego Emiliano García-Page, el único que cuenta con una mayoría absoluta y que no tiene dependencias aritméticas en su Parlamento. Sus palabras, poniendo el límite del 4 de febrero a la ministra Montero, han servido para que otros barones del partido reacciones y destapen su incomodidad por un asunto con el que no quisieron distraer al Gobierno en funciones.
Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Javier Lambán (Aragón), ambos socialistas y críticos a tiempo parcial con el proyecto de Sánchez, le han puesto una vela al diálogo y otra a los tribunales, y sin indicar fechas límite ni elevar la carga semántica han expresado su intención de llegar «hasta donde haga falta», mientras que Francina Armengol (Baleares) y Concha Andreu (La Rioja) son algo más escépticas sobre la resolución.
La Comunidad Valenciana se mantiene, de momento, alejada de la vía judicial. El socialista Ximo Puig es uno de los líderes autonómicos que más está presionando para alterar el actual ecosistema financiero por considerarse una administración infrafinanciada, y según la portavoz del Gobierno, la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), va a reclamar sus 281 millones «por tierra, mar y aire». Pero se muestra comprensiva con un Gobierno que «lleva dos semanas» y que, a su juicio, heredó un problema del ministro Montoro.
Andalucía y Castilla y León
En Andalucía y Castilla y León tienen pocas dudas. El presidente Juanma Moreno (PP) ya anunció que acudirá a los tribunales si el Gobierno central no paga los 537 millones que les corresponden a los «hospitales y colegios andaluces», pero tampoco presiona con fechas límite. Y en la misma línea se mueve Alfonso Fernández Mañueco (PP), que también ha recurrido a la fórmula de no descartar «ninguna vía» para exigir el pago de 142 millones correspondiente al IVA de 2017.
«Es un dinero que no es mío, ni de la Junta, es de las personas y sirve para pagar servicios como la sanidad, la educación y la dependencia en todo el territorio», afirmó el dirigente castellanoleonés, utilizando otros argumentos sobre la lealtad institucional y el deber que también ha manejado Feijoo en Galicia.
Mientras, el Ministerio de Hacienda no se baja del argumento que utilizó el martes la también portavoz del Ejecutivo, que apeló a la imposibilidad de acometer en el 2020 un pago del 2017, para el que había un margen de acción de dos años.
