El gobierno local intenta legalizar el complejo sin licencia con informes externos, pero la secretaria dice que no es posible
25 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Una orden de derribo pesa sobre el hotel Talaso de Oia desde el año 2012 y la secretaria municipal considera que es «obligatorio» ejecutar esta medida, pese a que el Concello intenta legalizar el complejo.
El TSXG anuló las licencias que otorgó el ayuntamiento en el año 2000. El complejo hotelero con un balneario de agua salada, el primero que se construyó en Galicia de estas características, levantado en suelo rústico de protección ordinaria, se encuentra en una situación de desamparo legal desde entonces. Fue edificado conforme a una ordenanza inexistente porque nunca fue publicada y, además, sin amparo del permiso inicial porque superó la altura permitida.
Tras la aprobación de la nueva Lei de Solo, el Concello intenta legalizarlo mediante la aprobación de un plan especial de infraestructuras que le aporte cobertura legal. Para convencerse de esta posibilidad, el gobierno municipal ha tenido que contratar a asesores jurídicos externos, ya que los técnicos de su propia casa no le dan la razón.
Las arcas municipales han desembolsado más de diez mil euros para contratar a un conocido despacho de abogados de Vigo para redactar el plan que legalice este negocio. Se trata de un documento que ha estado en exposición pública y que ha recibido alegaciones, entre otras, del denunciante Eulogio Abeleira, que ha pedido la paralización del procedimiento por considerar irrealizable dicho plan especial según la legislación actual.
Quienes no suscriben la vía de la legalización mediante un plan especial son los propios técnicos del ayuntamiento. Un informe de la secretaria municipal de Oia concluye que «a Alcaldía está obrigada a derribar o edificio do Talaso Atlántico, actualmente sen licenza que o ampare, e a evitar a continuidade da actividade comercial ou mercantil que estea desenvolvendo».
A este se suma otro informe técnico municipal, donde consta que no procede la redacción de un plan especial porque el edificio está afectado por el Plan de Ordenación del Litoral. El Talaso se encuentra en un área de mejora ambiental, paisajística y de interés, que resulta incompatible con este tipo de usos.
El gobierno municipal trata de legalizarlo para evitar la ruina del Concello. Demoler las instalaciones costaría alrededor de 500.000 euros, a los que habría que añadir las indemnizaciones millonarias que reclamaría la sociedad Balneario del Atlántico, algo inasumible para un municipio de 3.000 habitantes.