Abre una consulta para realizar un informe, aunque en Galicia apenas hay líneas rentables para que haya competidores
23 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto su ojo sobre el servicio de transporte de viajeros que prestan los autobuses interurbanos, que mueven cada año a más de 690 millones de viajeros en España, especialmente aquellos que tienen rentas más bajas y no disponen de vehículo privado. Cuando el ferrocarril de alta velocidad está preparándose para la liberalización y una competición entre empresas que redundará en una bajada de precios, la CNMC abre el melón para revisar el actual sistema concesional, consistente en que las empresas solo compiten entre ellas en la fase administrativa de concurso para obtener el permiso que les permite actuar sin competencia, en régimen monopolista, durante los diez años en los que ahora están limitadas las concesiones.
En principio, serían las empresas que ofrecen un mejor servicio a los usuarios las que finalmente exploten la ruta, dentro de una serie de parámetros que van desde la tarifa más barata al mayor número de frecuencias. De esta manera una sola empresa explota la línea en un régimen monopolista, sin competidores, a cambio de que mantenga las condiciones que ofertó en el concurso público. La competencia es por tanto previa, y no durante la prestación del servicio.
Además, las administraciones suelen ofertar distintas rutas en lotes, para que las menos rentables se compensen con las que cuentan con más demanda, una estrategia que adopta la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade en el nuevo Plan de Transporte que está implantando estos días. De hecho, están a punto de salir a concurso los contratos de la segunda fase del plan.
Este modelo, sin embargo, tiene «deficiencias», según Competencia, que ha abierto una consulta pública para recabar opiniones del sector, usuarios y expertos para ver si es posible mejorarlo en base a las experiencias de liberalización en otros países europeos, «desde una perspectiva de la competencia». «Algunos expertos y autoridades que han estudiado el sector han detectado deficiencias en el funcionamiento de este sistema y han visto que las empresas no pueden competir libremente para obtener concesiones de autobús interurbano», señala la CNMC en un informe previo para explicar la consulta pública que sustentará su estudio.
Escasa demanda
En Galicia, la posibilidad de introducir competencia está muy relacionada con la demanda, por lo que las líneas que podrían admitirla serían muy pocas. Apenas la del eje atlántico que une las principales ciudades en la ruta de la AP-9 y algunos servicios en las áreas metropolitanas de A Coruña, Vigo y Santiago.
En el resto, es la propia Administración autonómica gallega la que equilibra los desfases por falta de demanda con dinero público, de forma que la mayor parte de las líneas tienen un margen de rentabilidad que se alimenta de las arcas públicas y de los impuestos de los gallegos. Lógicamente, en estos contextos no es posible la libre competencia. Tan solo se prevé garantizar por parte de la Xunta las obligaciones de servicio público para garantizar los derechos de movilidad de los usuarios, vivan donde vivan. El Gobierno gallego se gastará en esto 450 millones en los próximos diez años.
